"La esperada reforma de la Administración de justicia está prácticamente inédita"

Gonzalo Casado, de 45 años, abogado penalista de profesión, es vocal consejero delegado para las relaciones con los medios de comunicación y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde su creación. Accedió al cargo por elección mayoritaria del Congreso de los Diputados, y se impuso como meta el conseguir la transparencia informativa en la justicia, que en ese momento era prácticamente inexistente. Casado fue una de las piezas claves para que, en la noche del 23-F, inmediatamente de producirse la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados, el CGPJ fuera, el primer organismo oficial que emitiera un comunicado respaldando, sin vacilaciones, la monarquía parlamentaria y el ordenamiento constitucional.Pregunta. ¿Cuál ha sido el papel del CGPJ durante estos tres años?

Respuesta. El Consejo es el gobierno de un poder del Estado, según la Constitución. Por tanto, no se podía limitar simplemente a la ineludible labor de resolver concursos, producir nombramientos, informar proyectos de ley, ejercer la facultad de disciplina y elaborar una memoria anual. Gobernar es hacer política. Una política judicial que sea política de Estado, independiente de los partidos y a salvo de sus contingencias.

El Consejo no se ha limitado al cumplimiento estricto de los cometidos que le asigna su ley orgánica, sino que los ha trascendido. Ha fomentado las relaciones institucionales y los contactos internacionales; ha elaborado convenios con universidades españolas, con los entes autonómicos, con la abogacía y la procura y con los sindicatos de los cuerpos auxiliares de justicia; ha organizado jornadas de estudio de los temas más diversos; ha realizado un plan de financiación; ha atendido a la selección y perfeccionamiento de los distintos funcionarios judiciales, y ha trazado una política de transparencia informativa para acercar la justicia a la sociedad.

P. Sin embargo, a pesar de la transparencia, los Ciudadanos desconocen la justicia y hasta se puede hablar de una permanente situación de crisis.

R. Si, a pesar de lo apuntado anteriormente, la situación de crisis continúa, habrá que pensar que no es fallo de la institución del Consejo, claro acierto constitucional, sino que es el soporte humano el que falla. El problema estará en los errores que podamos cometer las personas que lo formamos o, tal vez, en los sucesivos gobiernos, que deberán asumir su cuota de responsabilidad de tal situación.

El insistente y secular lamento de la falta de medios en la justicia no puedo compararlo con ningún otro servicio básico del Estado. Pues todos ellos, aun soportando las consecuencias de una economía en crisis, han visto, durante decenios, un notable crecimiento presupuestario en sus respectivas áreas, aunque pueda resultar insuficiente. Éste es el caso, por citar sólo algunos ejemplos, de las áreas de defensa, de la seguridad del Estado y de la educación.

A veces me pregunto si es que no se acierta en la forma de pedir, si es que no se sabe lo que queremos exactamente, o si no es quizá sistemáticamente cicatero el planteamiento retributivo de medios para la justicia. En suma, creo que no nos hemos planteado la reforma con un criterio de empresa, de la gran empresa de la justicia.

La reforma por hacer

P.¿Comparte la opinión de quienes aseguran que 1984 va a ser el año de la justicia?R. Comparto tal afirmación, cargada de esperanza, pero, para mí, debería tener su soporte en dos presupuestos fundamentales: en que en 1984 vea la luz el anunciado proyecto de ley orgánica del Poder Judicial y en que se elabore un plan de inversiones o de financiación de la justicia a corto, medio o largo plazo. La ley orgánica es pieza angular en la estructura de la Administración de justicia dentro del Estado de derecho, y el plan de inversiones es imprescindible, porque, de lo contrario, me temo que seguiremos moviéndonos en el ámbito de las buenas intenciones y buenos propósitos, capítulo harto conocido para la justicia.

Yo reconozco el loable esfuerzo que se está haciendo desde el Ejecutivo, en menos de un año de gobierno, por producir un. desarrollo legislativo, que en ocasiones es inaplazable por imperativos de adecuación a exigencias constitucionales. Creo que, en este sentido, la labor del actual Ministerio de Justicia ha sido muy positiva; pero me preocupa profundamente y pienso que aquí puede estar la raíz del problema, que tal desarrollo no vaya precedido, o al menos simultaneado, de un análisis económico en profundidad de las necesidades de la justicia. De no hacerlo así, nos veremos una vez más abocados a reconocer la bondad de las leyes, pero su imposible aplicación práctica por seculares defectos de infraestructura. No obstante, tengo entendido que para este capítulo existen previsiones de un importante incremento presupuestario.

Pienso, con toda crudeza, que la esperada reforma de la Administración de justicia está prácticamente inédita. Y baso esta grave afirmación en que quienes viven su realidad cotidiana nos hablan de una situación invariable, de un estado de crisis y un deterioro mayor incluso que el de hace años.

El origen de la corrupción

P. Los procesos escandalosos, los retrasos de años en celebrar determinados juicios y las actuaciones autoritarias de algunos magistrados, entre, otras cosas, han proporcionado la imagen de una justicia frecuentemente corrupta, al menos en las grandes ciudades. ¿La justicia es tal como parece desde fuera?R. El tema es complejo. El juez español tiene ante sí dos alternativas: aislarse de la sociedad en la que vive o sintonizar, abriéndose a la misma. Lo que en ningún caso puede hacer, como aplicador de la ley, es ser un incumplidor de ella. De lo que no puede aislarse, por exigencia legal, es de un conocimiento en profundidad de todo el entramado humano que subyace en el proceso. El juez tiene que conocer a las partes, a los procesados, a los testigos a los peritos, y , aún más, si cabe, a los colaboradores esenciales del proceso: abogados y procuradores. Esto sólo ocurre en aquellos lugares de escaso índice de litigiosidad. En los supuestos contrarios, desbordado el juez en su esfuerzo por querer abarcar el proceso y, en definitiva, cumplir la ley, cae en la dinámica inevitable de la delegación de fúnciones. Con ello se genera, a veces, la disfunción, la tan aireada corrupción, y un clima de frustración en los destinatarios de la justicia, con una fuerte disminución de la credibilidad de ésta. Sin embargo, me consta el sufrimiento que el propio juez padece cuando los principios de inmediación y oralidad son conculcados.

También, debo decir con firmeza que, tanto desde el punto de vista retributivo como desde el de las condiciones de trabajo, es insostenible por más tiempo la actual situación de cuantos el distintos niveles sirven a la justicia. Especialmente en el caso de los oficiales, auxiliares y agentes, que reciben un generalizado e injusto reproche de disfunción.

No cabe duda que a los riesgos inherentes a todo proceso no se les puede añadir la actividad heroica producida por mecanismos de verdadera frustración, que son originados por una falta de infraestructura. El profesional el que auxilia a la justicia y el que la imparte, no pueden, soportar esos riesgos adicionales. Y esto, lamentablemente, ocurre con harta frecuencia en los puntos de elevada litigiosidad.

Triplicar el número de jueces

P. ¿Una de las causas que favorecen la existencia de prácticas de corrupción no es, precisamente, la escasez de jueces?R. Creo, y es una pura impresión personal, que el nudo gordiano de la reforma de la Administración de justicia pasa inexorablemente por el aumento sustancial de la actual plantilla judicial. El número de jueces es similar al de hace 50 años, y están soportando unos niveles de litigiosidad cinco veces superiores y más complejos que entonces. Esto nos llevaría a la necesidad de triplicar la actual plantilla judicial.

P. ¿Qué resistencias existen que impiden el aumento del número de jueces?

R. Todos los colectivos numéricamente pequeños tienden, inconscientemente, a un crecimiento lento. El reconocido prestigio del colectivo judicial y el inequívoco reconocimiento de su honestidad podrían, con el tiempo, conducir a una, a mi juicio, peligrosa autocomplacencia y al aislamiento.

P. El mensaje de apoyo a la democracia y a la Corona emitido por el Consejo en la noche del 23-F, que fue la primera reacción de, un organismo oficial a la entrada. de Tejero en el Parlamento, ¿puede interpretarse como reflejo del sentir general de la judicatura?

R. Creo que el Consejo ha demostrado reiteradamente su inequívoca identificación con el orden constitucional y la promoción y defensa de los derechos humanos, y fue, como usted dice, la primera institución que se pronunció, sin vacilación alguna, inmediatamente de producirse la ocupación del Congreso de los diputados, a favor de la Corona y el orden constitucional. Supongo que el Consejo, por su composición mayoritariamente de procedencia judicial, fue, y lo es hoy, reflejo del sentir general de la judicatura.