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Reportaje:

La 'batalla de la policía', un reto para Barrionuevo

Hay policías que investigan a otros policías, comisarios que no se dirigen la palabra e inspectores que están en prisión o expedientados

La policía española atraviesa una de sus peores crisis, motivada principalmente por un ministerio que ya nació dividido. El Cuerpo Superior de Policía está crujiendo por varios frentes. El ministro del Interior y los sindicatos han sido protagonistas de un escándalo en el que salieron a relucir frases insultantes. Hay policías que investigan a otros policías, comisarios que no se dirigen la palabra e inspectores que están en prisión, como es el caso de Juan José Medina. Son frecuentes las luchas por el poder, los expedientes y las aperturas de información, y recientemente ha salido a relucir el robo de casi 2.000 documentos, con dos funcionarios, de momento, presuntamente implicados.

En la policía está pasando casi todo, e incluso ha habido funcionarios que han vigilado a un alto cargo del ministerio que estaba reunido en un restaurante madrileño con un industrial vasco. La falta de control es latente. Mientras tanto, el ministro Barrionuevo se vuelca con la Guardia Civil, el único cuerpo de seguridad dedicado a la investigación que, al menos, mantiene la disciplina.La historia ya es vieja y se remonta a la llegada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Gobierno. Los observadores políticos apostaban en aquellas fechas por un hombre al frente del ministerio, Carlos Sanjuán, uno de los pocos socialistas que conocían a la policía en la oposición. Sin embargo, Sanjuán se quedó en subsecretario y le pasó por delante José Barrionuevo, un hombre duro para un ministerio duro, con la experiencia que le daba el haber sido el máximo responsable de Policía Municipal de Madrid durante cuatro años, aunque se limitaba fundamentalmente a los mandos policialei de la capital.

Entre los responsables de la seguridad pública son muchos los que afirman que la política de nombramientos que se siguió, ya con Barrionuevo al frente del ministerio, no resultó acertada. La idea de que no existe una política policial ni un equipo que la pueda poner en práctica está hoy bastante extendida. Sectores de policías culpan de la situación a algunos sindicatos policiales, que supieron imponerse en su día y lograron colocar a varios de sus hombres en puestos de responsabilidad. Otros acusan al director general de la Policía, Rafael del Río, un hombre que entró apoyándose en el sector de Carlos Sanjuán y que hoy mantiene estrechas relaciones con Rafael Vera, director general de la Seguridad del Estado, colaborador de Barrionuevo en el ayuntamiento madrileño.

El nombramiento de Rafael Del Río se efectuó casi al mismo tiempo que el de los principales cargos del ministerio, pero ya había personas que tenían asegurados otros puestos. Eran, los policías que colaboraron con el PSOE durante la oposición. Mariano Baniandrés, llamado por sus propios compañeros el comisario político, dadas sus afinidades con algunos de los nuevos gobernantes, fue quien comunicó de forma oficiosa a Del Río que éste había sido nombrado director general de la Policía.

Baniandrés, con categoría de subcomisario, fue nombrado jefe de tres brigadas (Interior, Antigolpe y Relaciones Informativas, esta última enclavada en el CESID), y se puso rápidamente a trabajar, consiguiendo algunos logros (descubrimiento de la desaparición de 2.000 expedientes y de numerosos documentos del caso Rumasa), aunque pronto comenzó a incrementar su número de enemigos. Además de llevar servicios extremadamente delicados, era de los pocos policías que podían moverse con libertad por los despachos ministeriales, lo que creaba importantes recelos, sobre todo entre aquellos otros altos cargos que no tenían nada que ver con los nombramientos políticos.

Otros dos policías que también tenían más o menos asegurados puestos dentro del esquema policial eran el ex dirigente de la Unión Sindical de Policías (USP) Jesús Merino de la Hoz, hoy secretario general de la Policía y en aquellas fechas nombrado comisario general de Seguridad Ciudadana, y el comisario Francisco Mata, jefe de la División de Personal.

Las primeras rencillas

La mayor parte del esquema policial la reconstruyó el propio Del Río, que mantuvo a algunos jefes policiales nombrados por su antecesor y amigo José Luis Fernández Dopico (ambos son de la misma promoción) y destituyó al resto, lo que originó las primeras rencillas y brotes de enfrentamiento.Éste fue el caso de Manuel Ballesteros, comisario general de Información con Juan José Rosón, que fue sustituido por Jesús Martínez Torres, un hombre al que precisamente Ballesteros había destituido meses antes como comisario jefe de San Sebastián.

Del Río mandó a una comisaría de distrito, como segundo jefe, a Joaquín de Domingo Martorell, anterior jefe de la Brigada Central de Información y hombre de máxima confianza de Ballesteros. El comisario Domingo Martorell fue sustituido por José María Escudero, antiguo miembro del equipo del comisario, Roberto Conesa y subordinado de Del Río cuando éste se encontraba al frente de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. La limpieza en las unidades antiterroristas fue total, de ahí que los principales jefes de grupos operativos se marcharan a otros destinos o pidieran excedencia.

Éste pudo ser el caso del inspector Juan Carretero, que en los últimos 10 días ha recibido, aun estando excedente, dos importantes condecoraciones, una de la policía y otra de la Guardia Civil. Carretero fue requerido para los servicios de seguridad de la Casa Real, dada su experiencia en la lucha antiterrorista, pero sus nuevos superiores desaconsejaron este posible destino, dada su procedencia. Entonces fue enviado a una comisaría de distrito, donde duró poco tiempo, ya que pidió la excedencia y se integró como jefe de seguridad en unos grandes almacenes.

Una caja vacía

Martínez Torres se quejaba de que Ballesteros, a quien no parece perdonar que le destituyera, no le hubiese dejado ni una fuente, y repetía sin cesar a todo aquel que le visitaba que lo único que se había encontrado en la Comisaría General de Información era una caja de caudales vacía. Ballesteros, mientras tanto, figuraba como asesor del equipo ministerial (luego sería desplazado a un puesto burocrático dentro la Comisaría General de Documentación) y se le encomendaban algunos servicios esporádicos, caso del informe sobre la presencia de miembros de ETA Militar en América Latina.Pero el mayor punto de crispación surge con la operación del barrio del Pilar de Madrid, en la que un fallo, hecho reconocido por todos los sectores policiales, impide detener al comando que ETA Militar tiene destacado en Madrid y liberar a Diego de Prado Colón de Carvajal. El error consistió en que la policía se precipitó en la detención de los ocupantes de un piso franco de Madrid. Allí fueron arrestadas tres personas, pero otras dos, las más destacadas del comando, lograron huir. Según informaciones policiales, precisamente a ese piso iba a ser trasladado el entonces secuestrado. La precipitación impidió detener a todos los etarras y quizás también liberar a Diego Prado.

La guerra entre los antiguos y los nuevos responsables de la lucha antiterrorista es feroz, ya que el servicio parece que fue heredado por el equipo de Martínez Torres de los anteriores responsables de la Comisaría General de Información. Domingo Martorell y Escudero sostuvieron días después un incidente verbal.

Del Río, al margen de estos nombramientos, había completado ya su esquema, situando a dos ex secretarios suyos, los comisarios Jesús Prol y Juan José Lesmes, al frente de la División de Enseñanza y de la Jefatura Superior de Policía de Granada. Asimismo, mantuvo a dos hombres de su confianza, o a los que les debía reconocimiento en otros puestos, en dos importantes comisarías. Es el caso de Carlos Gómez de Ramón (que perteneció a su misma promoción), en Valencia; y de Raimundo Maestro, en Sevilla. Este último sería sustituido al cabo de unos meses por un hombre al que Del Río quería a toda costa recuperar: el ex director general de la Policía, José Manuel Blanco, destituido tras el caso Arregui, el etarra muerto tras sufrir malos tratos.

Baniandrés, que no tiene la categoría de comisario, seguía siendo un hombre fuerte dentro del ministerio, y sus servicios no gustaban al resto de los altos cargos policiales, ya que encargaba operaciones sumamente delicadas y comprometedoras. Por ello se le persiguió desde dentro de la policía hasta conseguir que Barrionuevo le retirara la confianza, lo que se produjo y provocó su destitución. Con su salida llegó la del inspector Juan José Medina, el policía que descubrió la desaparición de los 2.000 expedientes y que hoy está detenido acusado de infidelidad en la custodia de documentos, ya que en un registro le encontraron varios informes policiales en su casa. Medina había investigado a sus propios compañeros.

Nuevos escándalos

Paralelamente a esta destitución, ocurrida a principios de julio, surgen nuevos escándalos policiales; el primero, relativo a la posible detección de escuchas ilegales; el segundo, relacionado con las filtraciones, lo que provoca amenazas del mando policial a los funcionarios. Barrionuevo le quita a la policía el control de la petición de intervenciones telefónicas y se la adjudica al teniente coronel de la Guardia Civil Guillermo Ostos.Al poco tiempo, tras unas descalificaciones públicas al policía Medina por parte del secretario general de la Unión Sindical de Policía (USP), Modesto García, surge el conflicto entre Barrionuevo y los sindicatos policiales, hasta ese momento no muy beligerantes. Los dos principales sindicatos, más unidos ahora que nunca tras un acuerdo entre los dirigentes Modesto García y Manuel Novás, están principalmente preocupados por dos asuntos: que se haga efectivo el concepto retributivo del grado, aprobado por el Gobierno el 13 de junio, lo que supone 1.200 millones de pesetas a repartir entre los funcionarios; y la redacción definitiva del proyecto de unificación de los cuerpos policiales.

En ese estado de cosas, Barrionuevo, en unas declaraciones, llama "indeseable" a un sector de la policía, y Novás le responde que carece de lucidez. La guerra es abierta y obliga a que el presidente del Gobierno, Felipe González, tenga que intervenir de forma conciliadora. Sin embargo, Barrionuevo, que recitificó públicamente, se propone expedientar a Novás, lo que crea una nueva beligerancia.

El último episodio se completa con dos nuevas incidencias: la destitución, seguida de expediente, del comisario Juan de la Carrera por el intento de negociar la entrega del ultra Ricardo Sáenz de Ynestrillas, y la devo!ución, por parte de dos policías, de los 2.000 expedientes cuya desaparición de, nunciaron'Baniandrés y Medina.1 Medina está en prisión y estos dos policías continúan en sus destinos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de octubre de 1983