El Congreso reelige a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional

El pleno del Congreso de los Diputados renovó ayer el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, sobre cuya continuidad correspondía decidir, desde finales del pasado año, según la ley orgánica del alto tribunal. Asimismo, el pleno rechazó las dos enmiendas del Grupo Popular a la totalidad del proyecto de ley de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las formuladas con igual carácter por el mismo grupo y por los diputados centristas y comunistas contra la el proyecto de ley de medidas urgentes de saneamiento de las haciendas locales. La oposición criticó especialmente el recargo municipal que dicha ley permitirá en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.Los magistrados del Tribunal Constitucional cuya elección se sometió al pleno de la Cámara fueron Antonio Truyol, Manuel Díez de Velasco, Francisco Tomás y Valiente y Francisco Rubio Llorente. La mayoría necesaria era de 208 votos, que quedó superada holgadamente, gracias al acuerdo entre los grupos socialista y popular. Los dos primeros magistrados citados obtuvieron 255 votos, y un voto menos los otros dos. Con este resultado se cancela uno de los problemas parlamentarios más enojosos de la actual legislatura, debido a la posición socialista inicialmente favorable a confirmar solamente a dos de estos magistrados y a sustituir a los otros dos: Rubio Llorente y Truyol.

El Tribunal Constitucional se compone de doce magistrados, cuatro de ellos elegidos por el Congreso.Otros cuatro por el Senado y los cuatro restantes, dos designados por el Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. A finales de 1982 se decidió por sorteo el grupo que debía de iniciar la renovación, prevista por terceras partes cada tres años. La próxima renovación corresponderá a finales de 1985.

La posición socialista favorable a prorrogar el mandato de sólo dos de los cuatro magistrados elegidos por el Congreso chocó con la actitud del Grupo Popular, que prefería la renovación o la confirmación de los cuatro en bloque. La. sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, desfavorable para el Gobierno y la mayoría socialista, hizo cambiar de criterio al PSOE, que entendió que de mantener sus propósitos de renovación parcial podría interpretarse como una forma de castigo a unos magistrados respecto a otros. Al menos, este es el argumento oficiosamente esgrimido sobre el cambio de actitud socialista, aunque la votación de los doce magistrados del Tribunal Constitucional fue unánime en lo que se refiere a la LOAPA.

Debate de totalidad

El pleno rechazó las dos enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil formuladas por el Grupo Popular y defendidas por José María -Ruíz Gallardón. En el debate, muy técnico-jurídico, Ruíz Gallardón propuso la devolución al Gobierno del proyecto de ley y defendió, alternativamente, un texto sustitutorio. Entre otros argumentos estimó que la falta de leyes como la Orgánica del Poder Judicial y la de Bases de la Administración de Justicia hacían inutil el texto a debate. El socialista Antonio Sotillo se opuso a ambas enmiendas y sugirió que las enmiendas al proyecto gubernamental se introdujeran durante los debates en ponencia y comisión.

El otro gran debate de totalidad se refirió al proyecto de ley de medidas urgentes de saneamiento de las haciendas locales. Desde distintas perspectivas, la oposición criticó una de las innovaciones del proyecto, consistente en la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan un recargo en el impuesto sobre la renta.

El centrista José Miguel Bravo de Laguna y el diputado del Grupo Popular José María Aznar pidieron la devolución del proyecto al Gobierno, mientras que el comunista Fernando Pérez Royo, propuso un texto alternativo y justificó, en términos generales, el intento gubernamental de sanear las haciendas locales, si bien discrepó sobre el procedimiento.

Bravo de Laguna aseguró que el recargo municipal sobre el impuesto de la renta es injusto, ya que queda al arbitrio de los ayuntamientos decidir para sus residentes un, recargo sin límite alguno y que afectará por igual. a pobres y a ricos y a personas cuya renta proceda del trabajo o del capital. En igual sentido, Aznar aseguró que "todos los españoles van a tener que rascarse el bolsillo para pagar los errores de unos pocos".

El socialista Francisco Fernández Marugán se opuso a las tres enmiendas y criticó a los grupos de la derecha por intentar negarse a un saneamiento de las corporaciones locales, que arrastran un déficit acumulado desde hace muchos años, precisamente ahora, cuando "han dejado de ser burgos enmohecidos del franquismo". Frente a esta actitud, defendió la voluntad socialista de superar definitivamente el ciclo del déficit municipal.