Siete mujeres de Carabanchel se niegan a cumplir un arresto de un día

Siete vecinas de Carabanchel Bajo se negaron ayer a comparecer ante la autoridad judicial para cumplir un día de arresto en sustitución del pago de una multa de 1.500 pesetas que les había sido impuesta por su actitud durante un encierro celebrado el 5 de mayo de 1982, en las dependencias del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). Las siete mujeres habitan chabolas que serán erradicadas en el marco del plan de rehabilitación de viviendas de Madrid.El origen del conflicto radica en la publicación en el Boletín Oficial del Estado (B OE) del 29 de abril de 1982, del anuncio de la subasta de obras para construir 190 nuevas viviendas en la calle de Roger de Flor, del mencionado barrio madrileño, en las que albergar a familias chabolistas de la zona. El anuncio establecía un plazo de 30 meses para la ejecución de las obras, cuando el tiempo pactado entre los vecinos y la Administración era de 16 meses, hecho que motivó la protesta y el encierro.

Días después, el BOE publicaba una rectificación y fijaba el plazo de ejecución de las obras en 16 meses.

Al cabo de algunos meses, a las detenidas les llegó la notificación de que la autoridad judicial les había sancionado con multas de 1.500 pesetas, que se negaron a pagar. Esta semana, la policía fue a buscarlas a sus chabolas para informarles que, ayer, tenían que cumplir un día de arresto sustitutorio. Las vecinas han manifestado su negativa a cumplir el arresto, por entender que tenían razón en su actitud de protesta, como la misma rectificación del BOE admitió, y que su actitud durante el encierro fue correcta.