Las cajas de ahorro deciden realizar auditorías externas

Las entidades que forman parte de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han decidido que no se concederán créditos a aquellas cajas que no hayan pedido y acordado con alguna firma de reconocido prestigio la realización de una auditoría externa de la entidad y ajena a los controles que las propias cajas y la CECA establecen. Con esta medida se pretende seguir reforzando la solvencia de este sector del sistema financiero.Los actuales responsables de las cajas de ahorro parecen preocuparse en la actualidad más por la seguridad y solvencia de sus instituciones que por mantener una carrera por la obtención de mayores resultados.

En este sentido, se puede interpretar la decisión de realizar auditorías externas por parte de todas las cajas, presionando a través de la negativa de concesión de préstamos a aquellas que no empiecen a negociar su realización.

Del mismo modo, la nueva normativa sobre dotación de reservas, que incrementa sustancialmente las mismas, y la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos específico que no ha tenido que hacer frente a ninguna crisis, son una serie de elementos de consolidación de la solvencia de las entidades.

En la segunda jornada de la asamblea de cajas de ahorro se discutió ayer la posición ante el plan trienal de viviendas de protección oficial, que termina este año, y que tiene planteada su posible renovación para próximos ejercicios, así como las especiales circunstancias por las que pasan las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son los principales clientes de las cajas de ahorro en sus planes de financiación de inversiones.

La potenciación de las sociedades de garantía recíproca, como fórmula de poder acceder a segmentos del crédito en mejores condiciones, sería una de las posibilidades a potenciar.

La asamblea de este año no plantea temas importantes de discusión, como ocurrió en el anterior cuando se habló de la posibilidad de modificar las normas de expansión de las cajas en zonas de influencia distintas a las tradicionales, y cuando se mantiene la tesis de que la modificación de los órganos rectores de las entidades será discutida por la Administración con los máximos responsables de las cajas antes de ponerla en marcha.