Los magistrados del Tribunal Constitucional serán renovados cuando emitan sentencia sobre la LOAPA

Los magistrados afectados por la próxima renovación parcial del Tribunal Constitucional se mantendrán de forma interina en sus cargos, hasta tanto no emitan la sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados hace un año contra la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). El pleno del Tribunal Constitucional, que a partir de mañana estudiará en firme los recursos, cuenta con un plazo máximo de 40 días para emitir sentencia.

Una fuente autorizada del Gobierno manifestó ayer a este periódico que la próxima renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, que en su opinión debe producirse a mediados del mes de junio, no provocará retrasos en la sentencia. "A los magistrados afectados por la renovación que hayan empezado el debate sobre la ley", precisó, "se les mantendrá interinamente mediante la denominada prórroga de jurisdicción hasta que firmen la sentencia".Aunque el pleno del mencionado Tribunal ha estudiado de manera informal el texto de la ley recurrida, no había entrado, sin embargo, a debatirlo. Por lo que ha trascendido, parece que en su seno se mantiene la división de criterios sobre los aspectos recurridos: la posibilidad o no de que la norma tenga rango de ley orgánica y, fundamentalmente, el espíritu de los artículos 1 y 4. Los nacionalistas catalanes y vascos, avalados con informes de expertos constitucionalistas, han mantenido que en el artículo 81 de la Constitución no está previsto el rango de ley orgánica para una ley de este tipo, por lo que la aprobación de la misma significaría en su opinión una reforma encubierta de aquélla.

Idéntica consideración tienen sobre el artículo 4, que viene a establecer la prevalencia del derecho del Estado sobre el de las comunidades autónomas, pese a que en la Constitución y en los estatutos de las comunidades históricas se concreten áreas de competencias y funciones exclusivas de aquéllas.

Una fórmula de compromiso

El debate de la LOAPA se inició el 21 de junio del año, pasado en el Congreso, tras un período de fuerte polémica entre los partidos nacionalistas CiU y PNV -que promovió manifestaciones de rechazo a la ley en el País Vasco- y UCD, entonces en el Gobierno, y el PSOE, firmantes ambos de los pactos autonómicos, origen de la norma, en julio de 1981.Los pasillos del Congreso sirvieron en aquellas fechas para cerrar apresuradas negociaciones de última hora entre los partidos nacionalistas y los dos mayoritarios a fin de acercar posturas. Sin embargo, el marcaje a que UCID y PSOE se sometieron entre sí para que no se produjeran pactos unilaterales y las propias divisiones en el seno de ambos partidos sobre el, grado de aceptación de las tesis nacionalistas, redujeron el éxito de los acuerdos a varios artículos, pero no a lo fundamental: carácter de ley orgánica y artículos 1, 4 y 10, en los que sustancialmente se mantuvo la redacción inicial. Como solución última de compromiso, Felipe González, entonces jefe de la oposición, propuso la inclusión en el texto de una disposición adicional en la que se precisa que "la ley entrará en vigor a los cinco meses de su publicacion en el BOE".

La fórmula significaba una caución ante el anunciado propósito de los diputados nacionalistas catalanes y vascos y del PCE de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, como finalmente hicieron.