La Banca March toma el control del 66% del capital del Banco de Gerona en acuerdo verbal

El pasado viernes, los dirigentes de la Banca March y del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades Bancarias formalizaron un acuerdo verbal por el cual la primera se compromete a adquirir el 66% de las acciones del Banco de Gerona, perteneciente el grupo de Banco Catalana, a la par y sin contrapartidas aparentes. Por otro lado, el Fondo de Garantía estudia hoy el informe presentado por su máximo responsable, Juan Antonio Ruiz de Alda, sobre la conveniencia o no de que La Caixa se haga cargo de la mayor parte de las instituciones financieras que componen el grupo de Catalana.

La Banca March se ha comprometido, en el acuerdo verbal alcanzado con el FGD, a adquirir la participación que éste tiene en el capital del Banco de Gerona, mientras que por el momento no se sabe cuál será el destino final de la participación que tiene la Unió de Botiguers en dicho banco. Fuentes financieras consultadas han señalado que el acuerdo verbal se alcanzó el viernes pasado y que se espera que el próximo jueves se cierre definitivamente la operación.El Banco de Gerona tiene un capital nominal de 397 millones de pesetas, de los que la Banca March se hace cargo del 66%, aproximadamente 265 millones de pesetas, que pertenece en la actualidad al FGD. Las condiciones en las que se realiza esta operación de compra-venta se concretan en la adquisición de esta parte del capital a la par y sin contrapartidas, quedando aún por dilucidar cuál será el futuro del resto del capital, que se encuentra en la actualidad en manos de la Unió de Botiguers. Esta parte del capital del Banco de Gerona fue adquirido en enero de 1981 por un precio cifrado en el 350% del nominal.

Los depósitos de la entidad se sitúan en la actualidad en 500 millones de pesetas. El activo del Banco de Gerona se caracteriza por un alto grado de saneamiento. La principal de sus inversiones problemáticas, la urbanización Nueva Molina -que cuenta con más de 1.000 hectáreas en la zona turística de invierno del Pirineo catalán-, fue adquirida por Banca Catalana. Esta empresa inmobiliaria, dedicada a la promoción de zonas urbanizadas y de apartamentos para deportes de invierno, venía suponiendo para el Banco de Gerona un alto coste financiero.

Al margen de algunos aspectos jurídicos que aún quedan pendientes, existen algunos problemas políticos sobre la oportunidad del momento en el que se formalice la operación de compra de la mayoría del capital por parte de la Banca March. En la actualidad, el consejo de administración del Banco de Gerona está formado por 14 personas, de las que seis fueron nombradas por el Fondo de Garantía-Banca Catalana; los ocho restantes son de la Unió de Botiguers, que tiene mayoría de representación en el consejo, aunque sean minoritarios en el capital.

El acuerdo al que llegaron en su momento ambas partes preveía que los consejeros de los botiguers presentarían la dimisión en el momento en que les fuera requerida, y se supone que a los nuevos socios mayoritarios no les interesará hacerse cargo del Banco de Gerona con un consejo no controlado mayoritariamente. Por ello, se trata de hacer coincidir la operación de adquisición con el nombramiento de los nuevos consejeros que representen mejor a la nueva composición del capital.

Los problemas de Catalana

Juan Antonio Ruiz de Alda, máximo responsable del FGD, presentará hoy un informe a la comisión ejecutiva del mismo en el que expondrá su posición sobre la oferta realizada en el pasado mes de febrero por La Caixa para la adquisición de la mayor parte de los bancos del grupo de Banca Catalana. En medios de la Administración y de las entidades financieras privadas se mantenía la tesis de que La Caixa podría no contar con la aprobación de la comisión gestora para la compra de Catalana.En fuentes de la Administración se considera muy compleja la decisión que debe tomar hoy la comisión ejecutiva del Fondo de Garantía de Depósitos sobre la eventual venta del paquete mayoritario que ostenta el Fondo en Banca Catalana. La posición del ministro de Economía, Miguel Boyer, ha sido tradicionalmente favorable a esta solución, tanto porque despejaba rápidamente uno de los muchos problemas con que se enfrenta la autoridad monetaria, y le permite concentrarse en otros (como el caso Rumasa), cuanto porque así se resuelve en buena parte el problema político del mantenimiento del grupo Catalana en una órbita catalana.

Esta posición de principio, que contradice el programa electoral del PSOE (y especialmente la tesis de que las cajas no debían entrar en el capital de instituciones bancarias), se ha visto reblandecido en buena parte durante las últimas semanas. Así cabe interpretar las recientes declaraciones de Boyer en Palma de Mallorca, según las cuales existían otras posibles salidas al grupo Catalana, al margen de su venta a La Caixa.

Los principales factores de esta ligera variación en la actitud del ministerio son la dureza de las condiciones solicitadas por la caja de ahorros, de una parte, y el descontento de sectores importantes del partido socialista y de núcleos de la Administración, por otra. La disensión de estos sectores no ha llegado a constituir una oposición frontal a la operación, si bien sus deseos de mantener el carácter público o semipúblico de Catalana -dado que en su reflotación el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos han invertido más de 120.000 millones de pesetas-, a través, por ejemplo, de la participación de otras instituciones (como la Federación de Cajas catalanas o eventualmente de la Generalitat), han influido en la sensibilidad de la Moncloa y del propio Boyer sobre la cuestión.

Todo indica que, por estas razones, el ministro de Economía ha optado porque primen en la decisión final sobre la venta a La Caixa los factores técnicos. Recién desplazado a París, a la conferencia de la OCDE, Miguel Boyer ha fijado su posición en estos términos: si los técnicos del Fondo no encuentran inconvenientes frontales para que se culmine la venta a La Caixa, hay vía libre para la misma. En caso contrario, debe repetirse el concurso-subasta realizado o ampliarse su plazo con un nuevo pliego.

La posibilidad de que el FGD no dé luz verde a la operación de La Caixa no sólo es aceptada por otras instituciones privadas, sino que están preparadas para el caso de que se modifiquen las condiciones iniciales del pliego. Así, el Banco de Vizcaya estudió una posible compra de las entidades comerciales -excluyendo del grupo al Banco Industrial del Mediterráneo (BIM) y el Banco Industrial de Cataluña (BIC)- y presentó una oferta que no se ajustaba al pliego inicial, pero que podría estar dentro de la línea de las nuevas condiciones.

En este mismo, sentido se señalaba en algunos círculos financieros que el Banco Exterior de España no presentó oferta de compra porque el pliego se refería a la totalidad de los bancos. Si se variaran las condiciones iniciales, el Exterior podría presentar también una oferta. Por lo que se ha podido filtrar hasta ahora, la oferta de La Caixa presentaba unas condiciones aceptables para el conjunto del grupo, si no se incorporaba a él el Banco de Gerona, que será adjudicado a la Banca March, y el Banco de Barcelona.

Las ayudas suplementarias que La Caixa pedía por hacerse cargo de estas dos entidades es lo que parece que rompe las expectativas de adjudicación a la primera entidad de ahorro de Cataluña. La posibilidad de variar las condiciones del concurso-subasta, en cuanto a entidades que entraran en juego, modificaría sensiblemente la posición de los grandes bancos nacionales, que no se han mostrado interesados en acudir al abierto por el FGD, pero que podrían encontrar entonces razones suficientes para hacerlo.