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Editorial:

Sondeos y elecciones

AL IGUAL que en otras vísperas electorales, EL PAIS ha encargado a SOFEMASA, empresa privada cuya solvencia e independencia se hallan fuera de discusión en los medios profesionales dedicados a las investigaciones sociológicas, una encuesta -realizada entre el 23 y el 26 de abril- sobre la intención del voto ciudadano respecto a los próximos comicios del 8 de mayo, que renovarán los ayuntamientos en todo el país y designarán, por vez primera, a los representantes de los parlamentos de 13 comunidades autónomas. La obsesión de algunos políticos y portavoces de partidos por desprestigiar las conclusiones de los sondeos, siempre que no coincidan con sus deseos o sus cálculos, obliga, una vez más, a exponer algunas obviedades acerca de la naturaleza, las limitaciones y los propósitos de una encuesta de este tipo.Recordemos que la fiabilidad de un sondeo, esto es, su capacidad para representar verazmente al universo de electores potenciales escogido, depende de la buena construcción de la muestra aleatoria estratificada, la acertada elaboración de los cuestionarios, la correcta realización de las entrevistas, la idónea ordenación de los datos y el acierto del trabajo de análisis, interpretación y extrapolación. Las conclusiones derivadas de esa serie de operaciones no constituyen, en cualquier caso, una profecía de caracter mágico sobre el resultado que arrojen las urnas el próximo domingo, sino que suministran tan sólo una instantánea, por así decirlo fotográfica, del estado de opinión en el momento -en este caso, del 23 al 26 de abril- en que fueron realizadas las entrevistas con los componentes de la muestra. Por supuesto, la experiencia enseña que las manifestaciones hechas por los ciudadanos en los sondeos pre-electorales no suelen divergir sensiblemente de su conducta efectiva ante las urnas. Sin embargo, las dificultades para conjeturar la decisión final de los indecisos, el conjunto de circunstancias azarosas -hasta climatológicas- que influyen sobre la magnitud real de la abstención y las eventuales rectificaciones a última hora de aparentes convencidos impiden que las conclusiones de las encuestas pre-electorales, incluso aunque fueran técnicamente perfectas, coincidan exactamente con el veredicto de las urnas.

De añadidura, la publicación de las encuestas puede contribuir involuntariamente a corrimientos de opinión, ya que el conocimiento por los políticos y por los ciudadanos de los resultados de los sondeos, cuando faltan todavía ocho días para que hablen las urnas, es un nuevo factor en el juego de estrategia. Los sociólogos suelen distinguir entre el efecto de rechazo (underdog) producido por la publicidad de los sondeos, que mueve a ciertos electores a rectificar la dirección de sus votos para ayudar al presunto derrotado, y el efecto de adhesión (bandwagon), que causa un desplazamiento de simpatías en provecho del partido favorito. Ahora bien, resulta imposible, en la práctica, adivinar de antemano cómo van a operar esos efectos en cada convocatoria electoral y cuáles serán las opciones perjudicadas o beneficiadas por el saldo final de los desplazamientos de rechazo y de apoyo. Dejando a un lado que la publicidad de las encuestas produce efectos incontrolables y que nadie está en condiciones de predecir a ciencia cierta a qué candidaturas favorece ese conocimiento, cada ciudadano de una sociedad democrática tiene tanto derecho como las planas mayores de los partidos, enfermizas consumidoras de encuestas secretas, a recibir plena información sobre las actitudes pre-electorales para decidir el sentido de su sufragio personal con esos datos en su mano.

De otra parte, la semana final de una campaña electoral puede resultar decisiva para encauzar los votos de los sectores vacilantes, tanto en lo que se refiere a su participación efectiva en las urnas como en lo que concierne al color de su papeleta. Por ejemplo, los socialistas han confiado hasta ahora el peso entero de la campaña a los candidatos autonómicos y municipales, a los alcaldes en ejercicio y a los dirigentes locales, mientras que Alianza Popular ha presentado a su máximo líder, Manuel Fraga, como aspirante a la alcaldía de más de 6.000 municipios y el PCE ha iniciado el rodaje a escala nacional de Gerardo Iglesias como nuevo prototipo de dirigente comunista. La eventual intervención de Felipe González en el último tramo de la campaña electoral, abandonando momentáneamente su papel de Presidente del Gobierno para asumir su condición de secretario general del PSOE, tendría, presumiblemente, un efecto multiplicador de los votos socialistas, sobre todo si intentara movilizar al sector no militante que se mueve entre el castigo o la pereza abstencionista y el apoyo a la opción que le resulta menos antipática entre las que ofrece el mercado político.

Señalemos, finalmente, la enorme complejidad de una encuesta cuyo objeto está diversificado en municipios, provincias y comunidades autónomas y en torno a unas elecciones en las que la personalidad de los candidatos a las alcaldías y a la presidencia de los parlamentos territoriales desempeñarán probablemente un papel nada despreciable en los resultados. Las diferencias entre los sistemas electorales de las comunidades autónomas aumentan todavía mas las dificultades del sondeo. Sin duda, la filiación ideológica de los candidatos, presentados en listas cerradas y bloqueadas por los partidos, permitirá realizar una cierta extrapolación a escala nacional de las elecciones locales y detectar algunas tendencias significativas de los cambios producidos desde el 28 de octubre hasta la fecha. Ahora bien, unos comicios municipales no son, en un sistema plenamente democrático como es el español, ni la segunda vuelta ni las primarias de unas elecciones generales, ya que la intervención de factores específicamente locales y la ausencia de la tensiones inherentes a la renovación de las Cortes Generales harían inauténtica esa trasposición. Así, la abstención, presumiblemente mayor el 8 de mayo que hace seis meses, carecerá del decisivo sentido político que revistió el 28 de octubre la masiva participación ciudadana en las urnas, confirmación del compromiso de los españoles con las libertades y las instituciones pluralistas de la Monarquía parlamentaria. Un domingo de primavera, el cansancio de los recientes comicios, la mediocre campaña electoral de los partidos, la impresión de que los resultados están decididos de antemano y la incapacidad para establecer las mediaciones necesarias entre interés privado, administración local y régimen democrático pueden incrementar sensiblemente el abstencionismo. Ahora bien, aunque ese eventual descenso de la participación no resulte significativo para la política global, corresponde a los partidos la obligación de recordar a los españoles que el ejercicio del sufragio, sea cual sea su ámbito, es un derecho constitucional pero también un deber cívico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de mayo de 1983