Una política cultural para Madrid

Sin ninguna pretensión de jugar con las palabras, es lícito decir que existe una política cultural en Madrid, pero que no existe una política cultural para Madrid. En este caso, como en otros, se cumple la afirmación de Unamuno de que "Madrid es la principal víctima del centralismo".La aprobación reciente por el Congreso de los Diputados y la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Estatuto de autonomía de la comunidad de Madrid, con la extinción simultánea de la Diputación Provincial, plantea con renovado carácter de urgencia (y un cierto dramatismo) la cuestión. Las razones parecen obvias también.

En primer lugar, la perspectiva en que se mueven los equipos responsables del Ministerio de Cultura es crecientemente descentralizadora. El futuro escenario al que tiene que acomodarse la política cultural del Gobierno de la nación revela, en el primer plano de su atención, cuanto atañe a los servicios y medios transferidos a las 17 comunidades autónomas del Estado. Y sólo como telón de fondo y estructura indelegable o no transferible, los servicios que retiene y gestiona el propio ministerio.

Esta perspectiva y su progresiva puesta en vigencia supone un abandono paulatino de las funciones que el Estado ha venido desempeñando en aquellas nacionalidades y regiones que habían accedido al autogobierno.

Y, por fuerza de la homogeneización de las políticas estatales, y del carácter rígido de las estructuras administrativas, ha supuesto en la práctica el mismo o parecido abandono en aquellos territorios que, como Madrid, han carecido de régimen preautonómico y han accedido a su autogobierno al final del proceso, casi a las puertas de las elecciones del próximo día 8 de mayo.

Y, por otra parte, y con caracteres históricos de estreno, tienen los ciudadanos de Madrid, por primera vez, una institución política dotada de competencias, medios y responsabilidades para ser ejercidas y exigidas en el ámbito propio, de la comunidad de Madrid. Las vicisitudes que ha vivido la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial de Madrid no pueden ocultar que se trata de una institución sin competencias sustanciales en materia cultural y sin medios suficientes para inventárselos. El giro que supone la creación de la comunidad de Madrid es copernicano en el plano de la teoría, y debe y puede serlo en la práctica.

Madrid, tierra de nadie

Ambos hechos han condicionado una peculiar situación para la cultura de Madrid, en la que quien legalmente podía actuar (el Estado), no podía hacerlo o lo hacía en niveles mínimos; y quien políticamente quería hacerlo (la Diputación), legalmente carecía de competencias y medios para ello. La política cultural de los 178 ayuntamientos de la provincia, con el de la villa y corte a la cabeza, tenía y tiene las limitaciones propias del ámbito competencial de las entidades locales, por esenciales que éstas sean en la vida ciudadana. Y no podían sustituir los niveles políticos de la comunidad o del Estado.

Este período de interinidad debe ser cerrado definitivamente el próximo 8 de mayo, cuando los ciudadanos de la comunidad votemos los nombres y los hombres que van a ocupar los 96 escaños de la asamblea de Madrid, cuya primera decisión será elegir presidente de la comunidad, quien a su vez nombrará el consejo de gobierno que vamos a tener los madrileños ,durante los próximos cuatro años.

Los problemas de nuestro teatro, de la música, de la política de museos y del patrimonio histórico o artístico, las bibliotecas públicas y los equipamientos culturales, las políticas de participación cultural, requieren perentoriamente planteamientos rigurosos, políticas radicalmente transformadoras y programas realizables. Ha pasado la hora necesaria de la autoafirmación cultural de la izquierda y ha llegado el tiempo de los programas de trabajo para el cambio.

Una situación crítica

La apuesta por el cambio cultural exige para que sea creíble y viable la colaboración y el entusiasmo de los agentes que crean o transmiten la cultura. Si las instituciones democráticas no provocan ese elevado grado de adhesión y participación, el fracaso y la decepción acompañarían a las promesas y al compromiso de cambio.

Los programas y las realizaciones deberán partir de una situación de la cultura en el territorio de la comunidad, que hay que caracterizar con rasgos muy negativos:

a) Inexistencia de una institución política capacitada legal, técnica y políticamente para elaborar y realizar un programa de cambio cultural para Madrid, que tenga en cuenta como dato clave la dispersión actual para hacer la síntesis necesaria.

b) Descoordinación de las políticas municipales que duplican innecesariamente servicios y actividades o no aprovechan conjuntamente sus capacidades.

c) Burocratización de las estructuras administrativas, que cuentan con el peso muerto de su sumisión a procedimientos de gestión y control disfuncionales para los procesos de creación y difusión cultural.

d) Insuficiencia de equipamientos e infraestructuras culturales, así como una incorrecta distribución territorial de los mismos. Su infrautilización agrava aún más la cuestión.

e) Unos presupuestos insuficientes en su cuantía e ineficientes por su composición interna al consumirse en un porcentaje excesivo en gastos de mantenimiento de la propia burocracia, sin apenas margen para impulsar la vida cultural.

Esta visión crítica de la situación objetiva es compatible con la constatación del esfuerzo realizado por los ayuntamientos y la Diputación Provincial, que, con medios escasos y sin las competencias legales y los servicios necesarios, han sabido crear en cuatro años las bases para el paso de gigante que debe dar ahora la comunidad de Madrid.

Los programas de los partidos de izquierda responderán, sin duda, a esta esperanzadora tarea, cuyos hitos destacan suficientemente el camino a hacer y recorrer:

1. Culminar durante el cuatrienio de autogobierno las transferencias y traspasos del Estado a la comunidad, contenidas en el Estatuto y en la Constitución, al mismo nivel que las comunidades más avanzadas. La comunidad de Madrid, por la estructura de su población y la densidad del sector servicios, tiene un elevado grado de autogestión.

2. Desarrollar el marco legislativo que cree las condiciones normativas para una política cultural rigurosa y abierta. Rigurosa por la exigencia plena de autonomía, abierta por el carácter complejo de síntesis nacional de la cultura madrileña.

3. Establecer los mecanismos de coordinación intermunicipal y los servicios técnicos de apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos que los precisen.

4. Fomentar la participación ciudadana en la creación cultural y las relaciones con las asociaciones, fundaciones y colectivos correspondientes.

5. Desconcentrar, descentrálizar y desburocratizar la gestión de la cultura, creando una estructura orgánica flexible y funcional.

6. Incrementar sustancialmente el presupuesto de cultura, dedicando su margen de ampliación a los equipamientos y al fomento vivo de la cultura en la comunidad.

El desafío democrático y pacífico del 8 de mayo es, por todo ello, decisivo para hacer viable en la comunidad de Madrid una transformación profunda de las estructuras y prácticas culturales, sin lo cual no hay posibilidad alguna de cambiar y superar el modelo de sociedad consumista que ha impuesto el capitalismo tardío.