El salvamento en montaña, servicio público

Días pasados, el nuevo director general de Protección Civil apuntó la próxima aprobación de una ley de Protección Civil que vendrá a llenar el vacío que existe en la actualidad. Un posible accidente en la escalada que efectúan en estos momentos los dos montañeros murcianos al Naranjo de Bulnes podría reavivar el tema

El anuncio de esta ley ha vuelto a levantar las esperanzas de todos aquellos que tenemos la costumbre de dedicar nuestro tiempo libre a la actividad de subir montañas. Para todos nosotros, la legislatura anterior alimentó en un principio muchas ilusiones al iniciar la reestructuración de la Dirección General de Protección Civil, con el Real Decreto 1.547/1980 de 24 de julio, primer paso para la elaboración posterior de una ley que regulara en todo el Estado este importante tema. La Federación Española de Montañismo participó activamente, junto con otros grupos, en la elaboración de un real decreto que regulará, de una vez por todas, el tema del rescate y socorro en montaña. La realidad fue que con el mencionado real decreto empezaron y acabaron las intenciones de reestructuración de la Dirección General de Protección Civil, y, como consecuencia de ello, una serie de decretos que esperaban el alumbramiento de la ley quedaron parados en los cajones, entre ellos el que iba a ser real decreto sobre "coordinación de medidas para el salvamento en catástrofes y accidentes de montaña". Este proyecto habría sido el primer paso que diera el Estado, asumiendo un tema de fundamental trascendencia para los casi 70.000 afiliados a la Federación Española de Montañismo y el medio millón de ciudadanos que, con espíritu más o menos deportivo, se acercan a las montañas españolas en sus vacaciones y fines de semana. Es indudable que la montaña encierra un riesgo. Cifras cantan: en el quinquenio 1976-1980 han pasado por las clínicas de la Mutualidad General Deportiva 4.057 montañeros federados, cifra no muy alta si la comparamos con otros deportes considerados generalmente por el gran público como de poco índice de riesgo. Desgraciadamente, los accidentes de montada suelen trascender con facilidad al gran público a través de los medios de comunicación, lo cual da una imagen de peligro que no es totalmente real. Pero lo que sí es real es que el accidente sucede, y una vez que ha sucedido necesita de unas actuaciones distintas a las que se dan en otros deportes; no es lo mismo el accidente de montaña que el accidente o lesión de otros deportes cuya práctica tiene lugar en zonas urbanas.

Factores agravantes

El accidente de montaña conlleva una serie de factores que agravan el hecho, como es la nula posibilidad de socorro inmediato, el frío, la lejanía de los centros hospitalarios, etcétera, factores estos que crean la necesidad de unos grupos de socorro profesionales y eficaces, como los que ya existen en todos aquellos países en los que el montañismo tiene un alto índice de practicantes (la RAF en el Reino Unido, la Gendarmería y las Compañías Republicanas de Seguridad en Francia, la iniciativa privada en Suiza, Carabinieri y Club Alpino Italiano en Italia).

El reconocimiento oficial al rescate en montaña, como servicio organizado, lo tenía que haber, puesto en marcha el real decreto. Y no porque en nuestro país no existan grupos de rescate, que los hay, en España existen diversos grupos que vienen funcionando bien dentro de sus posibilidades: la Federación Española de Montañismo mantiene, desde hace más de veinte años, sus propios grupos, organización claramente amateur mantenida por los fondos de la propia Federación y las aportaciones económicas de los montañeros para poder cubrir los gastos de desplazamiento y de adquisición de material de rescate; la Cruz Roja lleva ya varios años actuando también en este terreno; la Guar dia Civil ha dejado ya de hacer labores meramente policiales en los accidentes para pasar a asumir, a través de sus unidades alpinas, el papel de protagonista en las zonas y trabajar en las restantes en colaboración con los grupos que ya existían y, por último, el Servicio Aéreo de Rescate de Montaña, que con sus helicópteros inició su participación: hace años en casos excepcionales.

Podríamos preguntarnos qué problema plantea la falta de publicación de un decreto si ya tenemos los grupos de socorro, si los montañeros federados tienen sus grupos de rescate, que organiza la propia Federación, y el resto de los ciudadanos tienen a la Guardia Civil y a la Cruz Roja, que actúan desinteresadamante..., ¿qué más se puede necesitar?, podríamos también preguntarnos.

Hay un motivo fundamental para considerar negativo que el citado decreto descanse en algún cajón esperando mejores tiempos e intenciones, y dicho motivo es que, tras el citado decreto de la Administración tomaba para sí el rescate en montaña, constituyéndose como un área más dentro de la Dirección General de Protección Civil, área que hasta ahora viene funcionando en un régimen de provisionalidad que limita su capacidad de actuación. El hecho de no tener dotación presupuestaria propia para este capitulo no permite tener una planificación a corto, medio o largo plazo, y ello nos arrastra a situaciones confusas, situaciones a las que no habría dado lugar la existencia del reiterado decreto.

Razones

Se han conseguido pequeñas cosas por parte de la Administración a través de Protección Civil, pero no llega ni con mucho a lo que debe ser una actuación eficaz por parte de la misma. El Estado debe asumir totalmente el rescate en m y debe asumirlo por diferentes razones:

1. Razones deportivas. El montañismo español ha alcanzado, de unos años a esta parte, el reconocimiento mundial por sus éxitos europeos y extraeuropeos, siendo de resaltar que el montañismo ha mantenido constantemente un número de afiliados que le ha permitido ocupar un lugar entre las cinco primeras federaciones deportivas de España.

Un colectivo tan numeroso de deportistas -constituido por 70.000 personas que practican un deporte situado en primera línea mundial, por encima de otros muchos que gozan de un trato de favor en las subvenciones por parte del Consejo Superior de Deportes, trato que en algunos casos no se ve reflejado en resultados positivos- merece la creación de una infraestructura que les proteja en el nunca deseado momento de sufrir un accidente.

Estos datos deberían bastar para que la necesidad del salvamento y rescate en montaña, no se valorara por el gran público como un lujo. El montañismo merece un tratamiento de protección para sus practicantes. Al igual que la legislación establece la obligatoriedad de botiquines y servicios sanitarios en las instalaciones deportivas, y dado que está claro que no podemos construir un botiquín al pie de cada montaña, indudablemente, la constitución del rescate en montada como servicio público sería un paso de indudable valor de cara a salvar vidas.

2. Razones económicas. El mantenimiento de unos grupos de socorro en montaña implantados en las zonas de riesgo supone un desembolso económico que ni estructuras deportivas amateurs ni iniciativas mercantiles privadas pueden asumir porque la prestación sería altamente gravosa para los practicantes del montañismo lo que repercutiría negativamente en la promoción de este deporte. Sólo la Administración, por el volumen económico del problema, puede asumir esta misión, que además repercutiría positivamente en la sociedad mediante los cuerpos encargados de llevarla a cabo, al darles la posibilidad de un entrenamiento continuo en zonas poco habituales, entrenamiento que sería de suma importancia ante situaciones extremas como las que están sufriendo en la actualidad algunas zonas de la geografia española.

Tal vez alguien pueda pensar que este artículo está escrito bajo criterios de tipo corporativista por aquellos que practican el montañismo y que quieren verse libres de los graves problemas que entraña el rescate en montaña. Nada más lejos de la realidad. Desde nuestra óptica de aficionados alla montaña y, por tanto, conocedores de la situación tradicional de abandono en que se encuentran las zonás rurales -situación heredada por el Gobierno actual-, potenciando este servicio público se está también potenciando la asistencia sanitaria de urgencia para las zonas rurales de montaña, que hasta el momento han estado desasistidas. La distribución por toda la geografia nacional de helicópteros, médicos y personal técnico especializado en montaña permite mantener una infraestructura de urgencia que es válida no sólo para el socorro en montaña, sino que también servirá para cualquier otro ciudadano que, necesite de un servicio de urgencia.

Las recientes nevadas caídas y los problemas creados en los días posteriores a los habitantes de las zonas rurales constituyen una razón de peso para que exista un interés por parte de la Administración en potenciar unos grupos de socorro en montaña que sean efectivos.

Concluyendo: es necesario aprobar urgentemente la ley de Protección Civil; es necesario el desarrollo de esta ley mediante los decretos que contemplan las nece sidades actuales de los diversos temas. montaña. Más de medio millón de ciudadanos y 70.000 deportistas se sentirán protegidos.

es tesorero de la FEM e instructor de alta montaña.