Javier Moscoso: "Vamos a terminar con la triste imágen del funcionario agazapado detrás de una ventanilla"

Pregunta. Usted, exactamente, ¿qué es lo qué va a hacer en este ministerio?Respuesta. Tengo varias funciones, desde reunir todos los martes a los subsecretarios para elaborar el índice de temas que deberá tratar el Consejo de Ministros, hasta supervisar el Boletín Oficial del Estado, cuyo director es siempre el ministro de la Presidencia. En cualquier caso, sé que hay un tema clave a realizar, el principal reto con el que me enfrento y al que le dedico casi todo mi tiempo: la reforma de la Administración Pública.

P. ¿Cómo lo van a hacer?

R. Eso es una tarea enorme, que va a requerir mucho tiempo y no pocos esfuerzos. Vamos a empezar con pequeñas cosas, pero cosas importantes para los ciudadanos, mediante instrucciones y circulares internas a los ministerios. Simultáneamente, acometeremos las reformas legales. A este próximo Consejo de Ministros, por ejemplo, va un decreto que reduce y unifica el número de asesores y colaboradores del presidente del Gobierno y de los ministerios. En este mes que estamos vamos a remitir a las Cortes un proyecto de ley de incompatibilidades para parlamentarios y altos cargos de la Administración pública, así como una serie de medidas urgentes que afectan a los funcionarios.

Después vendrán, poco a poco, todas las medidas necesarias hasta culminar con la ley de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, el estatuto de los funcionarios y la ley de incompatibilidades para todos los empleados públicos.

P. ¿Cuáles son esas "pequeñas cosas, pero importantes para los ciudadanos" a las que se ha referido?

R. Son, efectivamente, pequeñas medidas, pero que van a servir para que el ciudadano note el cambio. Yo tengo ya redactadas circulares que van a ir inmediatamente a todos los ministerios para que se cumplan. Y en esas circulares dispongo que, en primer lugar, se cumplan los horarios. Vamos a acabar con esa increíble diferencia entre los horarios reales y los horarios oficiales, y para ello se pondrán relojes en todos los ministerios y organismos públicos. Los empleados van a fichar a partir de ahora en los sitios donde no lo hacían. Vamos a suprimir, en su sentido físico, las famosas y tétricas ventanillas de los ministerios, y en su lugar vamos a poner mostradores donde un equipo de personas atienda a la gente. Se acabó la triste imagen del funcionario agazapado detrás de una ventanilla, salvo en los casos de seguridad (los cajeros fundamentalmente).

Vamos a crear equipos de información, como los que hay en los aeropuertos, para que los españoles no se pierdan por los pasillos de los ministerios y no anden desorientados porque no saben a qué mostrador deben dirigirse. También vamos a obligar a que haya en cada organismo público todos los timbres y pólizas que sean necesarios. Ya está bien eso de hacer una cola para recibir el impreso, otra cola para comprar papel del Estado en el estanco de la esquina y otra cola para comprar el sello.

P. Por lo que usted dice, parece que ir a un ministerio ya no será tanta pesadilla como hasta ahora.

R. Claro que vamos a conseguir que no sea una problema. Pero aún hay más medidas. Por ejemplo, vamos a sacar a la Administración de los despachos y se la va a acercar a la gente. Esto quiere decir que, por poner un caso cualquiera, ahora, en las pedanías y en las aldeas, los ciudadanos encuentran muchas dificultades para renovarse el documento nacional de identidad, o cualquier otra gestión similar. Bueno, pues a partir de ahora, periódicamente, se desplazarán dos funcionarios por esos pueblos para resolver esos asuntos. La única condición que ponemos es que afecte a un mínimo de diez personas. Por otro lado, vamos a simplificar la burocracia en aquellos trámites que el propio Estado pueda acreditar. Es decir, que no se va a pedir a una persona que quiere sacarse el pasaporte un certificado de nacimiento y un certificado de penales porque la Administración ya tiene esos documentos.

P. Y todas esas medidas ¿cuándo van a entrar en vigor?

R. Inmediatamente, este mismo mes. Todo este paquete de medidas, excepto la última que he mencionado, que implica ciertos gastos, porque para informatizar la Administración habrá que comprar más ordenadores, se resuelven con simples circulares que, ya están redactadas.

P. ¿Cómo va a quedar finalmente el tema de abrir los ministerios al público por las tardes?

R. Esa es otra de las medidas que completarían ese primer paquete de medidas de urgencia. Los ministerios van a estar abiertos dos horas por la tarde. Sólo trabajarán en ese turno aquellos funcionarios que tengan una actividad directamente relacionada con el público, y el sistema que vamos a emplear será el de hacer turnos voluntarios. Hemos realizado un tanteo estos días y creemos que habrá suficientes voluntarios como para no tener que perjudicar a ningún funcionario y no gravar a la Administración con más presupuesto.

P. ¿Usted sabe cuántos funcionarios hay en estos momentos en la Administración pública española?

R. La verdad es que no. Cuando yo he llegado aquí esa ha sido una de las primeras cosas que quería saber para empezar a racionalizar y a ordenar la Administración, pero me he encontrado con la peculiaridad de que no existe ese dato. De todas formas, ya se han pedido datos a los organismos públicos para hacer el recuento.

P. Los parlamentarios que a su vez son funcionarios públicos -que, por cierto, son mayoría en ambas cámaras-, ¿en qué se van a ver afectados por esa primera ley de incompatibilidades de la que usted hablaba antes?

R. En la medida que tendrán que optar por pedir la excedencia como funcionarios o renunciar al escaño.

P. ¿Y eso también alcanza a los que se dedican a la enseñanza?

R. En principio, sí. Aunque yo, si tuviera alguna debilidad en esta ley, sería para los que se dedican a la docencia, porque creo que no se puede privar al alumnado de enseflanzas que poseen personas perfectamente capacitadas. Siempre y cuando, claro está, esa actividad sea compatible con la de parlamentario. Otra característica importante de ese proyecto de ley es que hace también incompatible la misión del parlamentario con cualquier otra actividad, aunque sea privada, que esté directamente relacionada con su papel en el Parlamento. Por ejemplo, no vamos a consentir que un diputado o un senador sea a su vez miembro de un consejo de administración de una empresa en la que participe el Estado.

P. ¿Les van a subir el sueldo a los funcionarios?

R. Evidentemente, a comienzos del próximo año va a haber un reajuste salarial próximo al de los empleados de las empresas privadas. Pero no vamos a aumentar los salarios por encima de las posibilidades reales del presupuesto, que son escasísimas. Desgraciadamente, no va a ser posible que haya aumentos espectaculares.

P. Si no se van a subir los salarios de manera espectacular, como usted dice, y se va a hacer trabajar más al funcionario, ¿no cree que pueda surgir algún tipo de malestar?

R. No, no lo creo, porque estoy convencido de los primeros que están deseando una reforma a fondo de la Administración son los propios funcionarios. Nosotros vamos a estimularles para que puedan aportar, con su esfuerzo, un apoyo decisivo para el cambio de este país. Alcanzar una Administración eficaz, descentralizada y profesionalizada es algo que, al margen de otros problemas, interesa de tal manera a los funcionarios que su respaldo a este proyecto lo doy por descontado. Creo, además, que las retribuciones no son el único incentivo de los funcionarios. Me cuesta mucho creer que sólo es eso lo que les interesa. De verdad, creo que no va a haber problemas en ese sentido.

P. ¿Van a simplificar las escalas de retribuciones, en la actualidad casi infinitas?

R. Lo vamos a hacer. Vamos a simplificar muchísimo el sistema de retribuciones, y vamos a acortar las distancias entre los que cobran más y los que cobran menos. En definitiva, vamos a implantar unas retribuciones mucho más justas que las actuales.

P. ¿Y van a regular el derecho de sindicación y de huelga de los funcionarios?

R. Es muy pronto para contestar a esa pregunta, pero está en nuestro ánimo que los funcionarios tengan ambos derechos cuanto antes. Ese es un tema que nos preocupa mucho, y además una normativa de ese tipo tiene rango de ley orgánica, por lo que la última palabra la va a tener el Parlamento.

P. Las pensiones que perciben los funcionarios jubilados ¿las van a aumentar?

R. Sí, pero paulatinamente, porque eso va a suponer un porcentaje en los Presupuestos Generales del Estado muy alto. Poco a poco, intentaremos que sus pensiones se acerquen lo más posible al resto de las pensiones. Lo que no está bien es lo que ocurre ahora, que los funcionarios cobran pensiones de alrededor del 30% de su salario real. Pero hay que ir despacio porque ya decía antes que, desgraciadamente, las posibilidades presupuestarias son muy escasas.

P. En el proyecto de ley de incompatibilidades -que afecta a todos los funcionarios públicos y que usted, recientemente, dijo que se presentaría antes de que finalice el presente año- ¿van a estar incluidos los cuerpos más privilegiados de la Administración, tales como los notarios, los registradores de la propiedad, los corredores de comercio y los agentes de cambio y bolsa?

R. No soy partidario de hacer distinciones por cuerpos o por colectivos entre los funcionarios, pero ya que lo menciona expresamente, le contesto que sí van a estar incluidos, porque hay cosas que no pueden consentirse, como el caso de algún ministro anterior que es registrador de la propiedad en una provincia periférica, vive en Madrid, cobra lo de la provincia y cobraba también por ser ministro.

P. ¿Y no le preocupa un plante de estos cuerpos si ven disminuidos sus privilegios, alguna acción de protesta similar a la que protagonizaron los médicos cuando UCD presentó su proyecto de ley de incompatibilidades?

R. No. No puedo admitir esa hipótesis, porque la reforma que vamos a hacer no perjudica a los funcionarios, y no es el estilo de los funcionarios hacer plantes. Hay que tener en cuenta que la ley de incompatibilidades va a ir acompañada de un sistema de retribuciones muy serio, de tal manera que nadie salga perdiendo. Sólo van a salir perdiendo los casos escandalosos, que los hay, pero que la gran mayoría de los funcionarios, y la sociedad entera, desea que se termine con ellos. Sólo saldrá perjudicada una minoría.

P. Es cierto que son una minoría, pero son muy poderosos como grupo social de presión.

R. Pero yo no puedo admitir la hipótesis de ese plante bajo ningún concepto. Las incompatibilidades fue una de las promesas de nuestra campaña electoral, y hemos obtenido diez millones de votos, entre ellos los de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos que nos han votado para que hagamos precisamente cuanto digo.