Una reflexión ante las urnas

EL DIA de reflexión inmediatamente anterior a la fecha de celebración de las elecciones generales suele ser empleado por los ciudadanos, bien para confirmar las razones de un voto decidido desde hace semanas o meses, bien para resolver sus dudas y vacilaciones en favor de una de las opciones que se disputan sus preferencias. La prohibición de que los partidos hagan campaña durante las veinticuatro horas previas a la apertura de los colegios, pese a que los carteles electorales invitando al voto sigan inundando las calles y las plazas de los pueblos y ciudades, crea un clima propicio para reflexionar de verdad sobre el significado y las implicaciones de la jornada de mañana.Un diario independiente como EL PAIS rara vez puede considerarse moralmente obligado a pronunciarse en favor de una alternativa política concreta. Tan sólo las amenazas a la pervivencia misma del sistema constitucional, las instituciones democráticas y la Monarquía parlamentaria pueden forzarnos a tomar partido, en el sentido lato de la expresión, ante una disyuntiva. Por esa razón, este periódico salió a la calle a las nueve de la noche del.23 de febrero para gritar ¡Viva la Constitución! y pedir a la sociedad española que se movilizara contra el golpe. En Circunstancias más o menos normales, nuestra única tarea posible es contribuir, mediante el análisis, a que los lectores puedan adoptar de forma mas lúcida sus decisiones. Tal sucede, por supuesto, con las elecciones legislativas convocadas para mañana, que no presentan a los ciudadanos ningún dilema dramático -pese a los intentos de los profesionales de la bipolarización por simular la existencia de una única disyuntiva con dos alternativas excluyentes-, sino un abanico de opciones merecedoras del voto de cualquier demócrata sincero.

Para proseguir con nuestro análisis, señalaremos que la delicada situación por la que atraviesa la Monarquía parlamentaria, amenazada tanto por los terroristas situados en la periferia del sistema como por los golpistas enmadrados en el corazón mismo del aparato del Estado y del establecimiento, haría aconsejable que el resultado de las urnas permitiera la formación de un Gobierno capaz de una acción firme y respaldado por un amplio consenso social y por una confortable mayoría parlamentaria. La experiencia de las dos anteriores legislaturas, en las que un Gobierno sin mayoría en el Congreso se vio paralizado tanto por las exigencias de contrapartidas procedentes de otros partidos como por los indecorosos chantajes de los diputados de su propio grupo parlamentario, haría ciertamente deseable que los sufragios ciudadanos imposibilitaran la repetición de los errores del pasado. La victoria del PSOE por mayoría absoluta de escaños, forzosamente correlacionada con un alto voto popular, garantizaría la formación de un Gobierno fuerte encargado de luchar contra el terrorismo, el golpismo, el desempleo, la corrupción y las amenazas internacionales, pero no sería suficiente. Unas elecciones que trajeran como consecuencia añadida la práctica desaparición del centro político, es decir, de la derecha moderada capitaneada por Landelino Lavilla y Adolfo Suárez, y la marginación periférica de Santiago Carrillo podrían tener, a medio o largo plazo, consecuencias profundamente negativas para la estabilidad del sistema político. La dinámica democrática, sin embargo, no admite fácilmente el ajuste entre la realidad y los deseos. Seguramente hasta un ordenador tendría dificultades para simular unos resultados que hicieran compatibles un Gobierno socialista con mayoría parlamentaria, la presencia en el Congreso de Landelino Lavilla y Adolfo Suárez con significativos respaldos de votos y escaños y la conservación por los comunistas de su grupo parlamentario.

En este juego de suma cero, la supervivencia del centrismo como opción capaz de seguir desempeñando un papel de primordial importancia en la vida pública española, esto es, como alternativa de futuro frente a un eventual fracaso socialista en el poder, no se halla principalmente amenazada por los avances del PSOE vaticinados en los sondeos, sino por el crecimiento de Alianza Popular, que ha conseguido, gracias al tesón y a la capacidad de Manuel Fraga, pasar desde un puesto residual dentro del sistema político a acariciar la posibilidad de ocupar el segundo lugar en el arco parlamentario. La deplorable imagen de Alianza Popular en 1977 ha sido rectificada con mayor o menor acierto, pero con una indudable voluntad de modificación desde que Manuel Fraga, tras unas lamentables vacilaciones, votó primero a favor de la Constitución y acudió después a la gigantesca manifestación popular del 27 de febrero de 1981. La incorporación de conservadores ilustrados, como Miguel Herrero, o de cristianodemócratas de larga data, como Óscar Alzaga, a las candidaturas de Alianza Popular contribuyen también a restar aire asilvestrado a las cohortes de la derecha autoritaria o francamente involucionista agrupadas bajo el paraguas de Manuel Fraga. No está nada claro, sin embargo, que esos seguidores reaccionarios que dan actualmente su apoyo al líder de Alianza Popular no acaben por arrastrarle tras de sí y por confirmar a su partido como una formación ultramontana. Menos convincente todavía resulta, en cualquier caso, la tentativa de tomar en serio la consigna de liberales con Fraga, ideada por el presidente del Club Liberal de Madrid, incrustado en las listas aliancistas. Buena parte de lo que cualquier persona no aquejada por el fanatismo entiende por liberales se agrupa en la UCD de Landelino Lavilla o el CDS de Adolfo Suárez, sin que falten hombres de marcada significación liberal -como Pedro Laín Entralgo o Juan Marichal- dispuestos a recomendar el voto a favor del PSOE. En cualquier caso, la ambigüedad de Alianza Popular, en la que coexisten conservadores demócratas, muy probablemente minoritarios, y abundantes especímenes de la derecha cavernaria española, con un pie en la Monarquía parlamentaria del presente y el otro en una eventual dictadura fascista del futuro, se refleja en la propia ambivalencia de Manuel Fraga, cuya verdadera identidad política, como demócrata o como autócrata, ni siquiera él mismo conoce. Sólo el paso del tiempo y el comportamiento de Alianza Popular durante la próxima legislatura como principal partido de la oposición permitirán llegar a conclusiones ciertas sobre el destino final de esa contradictoria coalición, desgarrada entre los deseos de constituir una derecha conservadora democrática y la voluntad de servir de coreograria civil a una dictadura a la argentina o a la chilena. En el entretanto, parecería sensato desear que Alianza Popular obtuviera los escaños suficientes para que sus seguidores más ultramontanos encontraran ciertas gratificaciones en el sistema constitucional y los votos necesarios para impedir que su aplastante hegemonía en los bancos de la oposición bloqueara el funcionamiento del régimen parlamentario y preparara las condiciones sociales para un nuevo golpe.

Queda, finalmente, el papel que puedan desempeñar los grupos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña. De su fuerza en las Cortes Generales depende que tengan voz y voto los sectores que, tanto en la sociedad vasca como en la catalana, acentúan sus rasgos diferenciadores. Aunque sería absurdo negar que los votos socialistas, centristas, comunistas o aliancistas en esos territorios expresan los sentimientos y las opiniones de hombres y mujeres tan catalanes y vascos como quienes consideran al nacionalismo como su única seña de identidad política, también sería insensato infravalorar el peso de las opciones específicamente nacionalistas en ambas comunidades. Digamos, finalmente, que los últimos pronunciamientos de Herri Batasuna acerca de una eventual pacificación del País Vasco, posibilitada por la llegada al poder de un Gobierno socialista, abren un mínimo resquicio a la esperanza -pese a las razonables dudas acerca de la sinceridad y representatividad de tales declaraciones- de que los sufragios conseguidos por el nacionalismo radical, en competencia con el PNV y Euskadiko Ezkerra, no constituyan necesariamente sustraendos para la consolidación de la paz y la democracia en España entera.