Las compañías eléctricas, dispuestas a solicitar la subida de sus tarifas en un 16% para el año 1983

Las empresas eléctricas se disponen a solicitar un incremento medio de tarifas cercano al 16%, para que entre en vigor desde primeros de año próximo, según medios del sector. Expuesto este porcentaje en contactos preliminares con el Ministerio de Industria y Energía, los eléctricos habrían registrado serias resistencias, así como recomendaciones sobre la necesidad de que la subida no supe re el 12%. Tales gestiones y la probable cuantía de la petición, que de ser atendida aportaría al conjunto de las citadas empresas ingresos adicionales por unos 100.000 millones de pesetas, han sido des mentidas por un portavoz de la patronal, Unidad Eléctrica, SA (Unesa).

De acuerdo con medios del sector, el 16% empleado en las primeras estimaciones ha sido extraído de las auditorías de cuentas y balances realizadas por miembros del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Los datos utilizados -definitivos de 1981 y previsiones de 1982- servirán de base al expediente que presentará Unesa ante la Junta Superior de Precios.El portavoz de Unesa declaró, sin embargo, que las auditorías no han concluido, por lo que difícilmente pueden haberse sacado ya conclusiones, y menos haber dado pie a solicitud alguna. Se trata con ellas de reforzar la fiabilidad de unos datos y argumentos objeto de creciente descrédito para amplios medios de la Administración y de la opinión pública. Pero no parecen haber servido para acortar la diferencia entre peticiones y autorizaciones: seis puntos en enero pasado (las eléctricas pidieron algo más del 18,6% y se les autorizó una media del 12,6%).

Nerviosismo ante los socialistas

Otras fuentes de responsabilidad en el sector han señalado que no les constan las gestiones ante Industria y Energía, pero que el anticipo de elecciones legislativas puso nerviosos a determinados directivos de empresas, debido a las críticas que suscita cada subida en la izquierda, la eventualidad de un Gobierno socialista y la entrada de representantes sindicales en la Junta Superior de Precios. Añadieron que la supuesta resistencia no resulta novedosa en los dos últimos años, por la incidencia de los aumentos en la industria en general. Del consumo de electricidad, sólo una cuarta parte procede de usos domésticos (catorce millones de abonados), si bien éstos aportan la mayoría de los ingresos al sector, por tener tarifas más altas y sufrir elevaciones superiores.

Según las mismas fuentes, aunque en el último año no ha subido el petróleo, el año ha sido tan malo en producción hidráulica como 1981, en que la electricidad generada con agua descendió una cuarta parte. Además, frente a un aumento nulo en 1981, el consumo ha crecido en lo que va de 1982 el 1,6%. Ello ha provocado un mayor recurso al fuel y al carbón, pues la entrada de nuevos grupos nucleares no se ha notado mucho en términos absolutos y los combustibles suponen una tercera parte de todos los gastos. Los precios, del carbón térmico subieron un 10%, y los del fuel se han mantenido en 24.000 pesetas la tonelada. Estabilidad que, por otra parte, está siendo esgrimida negativamente por los eléctricos, quienes apuntan que en el mercado internacional el fuel cuesta ahora 14.000 pesetas la tonelada, mientras en España el monopolio, fiscal y comercial, se resiste a permitir la baja.

No obstante, los mayores incrementos previstos para 1983, a juzgar por las citadas. fuentes, procederán de los mismos capítulos que en años pasados: gastos financieros. y diversos (de cara al presente ejercicio se había previsto un 70%) y amortizaciones (para 1982 se trataba de elevarlas por encima del 30%). Los portavoces de Unesa han negado siempre que las tarifas financien las grandes inversiones acometidas por el sector con el Plan Energético Nacional (PEN), que ascendieron el año pasado a 420.000 millones de pesetas y pueden superar en el presente los 482.000 millones. Ambas magnitudes son superiores a las planificadas (véase cuadro adjunto). El caso es que las presunciones de la opinión pública, consumidores y oposición de izquierda han calado últimamente en los representantes de la Administración en la Junta Superior de Precios, cuyas críticas se han centrado precisamente en las amortizaciones y costes financieros, disparados por las inversiones. El PCE presentó proposiciones no de ley contra las últimas subidas y el PSOE acusó a UCD de subordinar- la política energética a intereses particulares.

Unesa lleva varios años empeñada en contrarrestar las críticas, pero nunca ha justificado las solicitudes; se ha limitado a facilitar datos parciales después de ser atendidas. Todavía no ha publicado los beneficios e ingresos consolidados del sector en 1981. En 1980, el beneficio distribuible -hay 1.100.000 accionistas eléctricos- fue de 68.397 millones de pesetas (con 501.829 millones de capital), frente a 62.546 y 50.117 millones de años inmediatos. Los ingresos ascendieron ese año a 482.611 millones (de ellos, 405.000 millones por ventas de energía), frente a 329.038 y 277.893 millones de 1979 y 1978.