Nombramientos impugnados en Torras Herrerías

Una fuerte crisis interna se ha desatado esta semana entre los principales accionistas de Torras Herrería y Construcciones, la empresa líder de la siderurgia catalana, cuyo grupo facturó en 1981 por valor de más de 30.000 millones de pesetas. Estas desavenencias tienen su origen, en buena parte, en la diversa manera de enfocar las soluciones financieras a corto plazo que contengan la crisis hasta recibir la ayuda oficial comprometida.Hace diez días, el comité ejecutivo del plan de reconversión de la siderurgia no integral aprobó el expediente de esta empresa, otorgándole, entre créditos y avales, una cantidad próxima a los 3.000 millones de pesetas.

La dificil situación de tesorería y el temor a que la percepción de las ayudas oficiales se demore -como está sucediendo con los créditos ya aprobados del plan de reconversión textil- han configurado una situación de polémica interna, que se ha plasmado en diversos nombramientos, retirados a las pocas horas.

El problema arranca del mes de julio pasado. En aquel entonces, el presidente de la empresa, Francesc Torras, quien encabeza el grupo familiar mayoritario, tenedor del 85% de las acciones, detecta una serie de deficiencias en la marcha de la empresa: crecimiento excesivo de los gastos de mantenimiento, insuficiencias comerciales y dificultades de tesorería.

En completo acuerdo con el accionista minoritario -el Banc Industrial de Catalunya (BIC), que ostenta el 15% del capital-, Torras acuerda, en reunión del consejo de administración, cambiar la línea ejecutiva. El hasta entonces director general, Félix Navas, pasa a vicepresidente del consejo, y el antiguo director de Rivière, SA -firma participada por Torras Herrería-, Manuel Varela, es nombrado director general del grupo. Desde su nuevo puesto, Varela gestiona la entrada de la empresa en la reconversión del sector. A finales de septiembre estos cambios se completan con el nombramiento de Varela como consejero-delegado y con la sustitución del letrado- secretario, Gabriel Pretus, por Tomás Gui, quedando excluido Félix Navas tanto de la línea ejecutiva como de la política.

Los problemas de tesorería persisten. Se ha podido renegociar con los proveedores el aplazamiento de algunos pagos, pero quedan pendientes unos efectos comerciales vencidos, por importe de 632 millones. El socio institucional acuerda facilitarlos para dar viabilidad a la empresa, siempre que haya suficientes contrapartidas: garantías hipotecarias sobre los activos y mayoría política en el consejo.

En la reunión del consejo del 7 de octubre, la mayoría no acepta esta salida. Cambia de opinión y da marcha atrás a los nombramientos de Varela y Gui, colocando de nuevo a Félix Navas y a Gabriel Pretus en sus antiguos puestos. Así las cosas, la junta extraordinaria que debía ratificar el miércoles pasado los nombramientos de Varela y Tomás Gui registra el estallido de la crisis. La mayoría impide la entrada de la minoría -tanto del socio bancario como de una parte de los accionistas familiares- alegando la no presentación de los títulos accionariales. La junta se celebra el jueves día 14. La reunión aprueba los últimos contranombramientos, pero la minoría impugna estos acuerdos, de forma que no pueden ratificarse ni inscribirse legalmente.

La empresa vive desde el viernes una nueva situación de impasse, lo que amenaza su normal desenvolvimiento dado el importante estrangulamiento de tesorería.