Los socialistas pretenden forzar la elección de Ruiz-Giménez como defensor del pueblo

El presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, no ha convocado todavía la reunión conjunta de las comisiones de ambas Cámaras encargadas de relacionarse con el Defensor del Pueblo, que pondrá en marcha el mecanismo previsto legalmente para la elección del titular de dicha instución. Lavilla desea que previamente se obtenga un acuerdo sobre el candidato, para evitar una "votación infructuosa", mientras los socialistas pretenden forzar un pronunciamiento centrista en torno a su aspirante, el democristiano Joaquín Ruiz-Giménez.La comisión del Congreso encargó el pasado 12 de mayo a su presidente, Miquel Roca, que solicitara del presidente de la Cámara la convocatoria inmediata de la citada reunión conjunta, a fin de que el juego de plazos establecido en la Ley orgánica del Defensor del Pueblo permita que la elección se produzca en junio, antes de finalizar el actual periodo de sesiones. La reunión conjunta de ambas comisiones propondrá a los Plenos de las dos Cámaras, por mayoría simple, el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo, y resultará elegido el que obtenga los votos favorables de los tres quintos del Congreso -210 diputados- y, veinte días después, como máximo,de los tres quintos del Senado, es decir, de 130 senadores.

Roca visitó al presidente del Congreso el pasado viernes, día 14 de mayo. Sin embargo, fuentes próximas a Landelino Lavilla aseguraron a este periódico que Roca no ha presentado formalmente, por escrito, la petición de convocatoria de la comisión conjunta. El socialista Virgilio Zapatero manifestó que su grupo solicitará del presidente de la Cámara el cumplimiento del acuerdo de la comisión.

Arbitraje presidencial

En todo caso, el presidente del Congreso desea evitar que la votación para elegir el Defensor del Pueblo resulte frustrada, como ya ocurrió a proposito de los miembros del consejo de administración de RTVE, el 15 de abril de 1980. En consecuencia, la posición de Landelino Lavilla es propiciar un arbitraje entre las fuerzas parlamentarias, tras el fracaso de las negociaciones UCD-PSOE, incluso a su más alto nivel. Fuentes solventes de la Moncloa aseguraron a EL PAIS que a principios de febrero del año actual, Calvo Sotelo aceptaba el candidato socialista, Joaquín Ruiz-Giménez, aunque posteriormente, por causas que se desconocen, se opuso.Durante largos meses, los candidatos socialista y centrista, respectivamente, fueron Ruiz-Gíménez y el presidente de las Cortes Constituyentes, Antonio Hernández Gil. Los socialistas insisten en que mantendrán a su candidato y que desean observar cómo le votan diputados democristianos como Iñigo Cavero, Oscar Alzaga, Javier Rupérez y otros, pero que también darían sus votos a Hernández Gil. La última estrategia centrista ha consistido en ofrecer nombres inaceptables para el PSOE y que, por tanto, no obtendrán la mayoría requerida.

Como fórmula para salir del atasco en que se encuentra la negociación sobre el titular de esta institución constitucional, que continúa vacante a más de un año de la vigencia de su ley orgánica y cuando ya han empezado a recibirse peticiones para su titular, en medios judiciales ha surgido un nuevo candidato, el magistrado de la sala primera del Tribunal Supremo, Carlos de la Vega.

Aunque los grupos parlamentarios no han conocido todavía esta candidatura, fuentes de los dos primeros partidos manifestaron a EL PAIS la idoneidad del candidato, que respondería, además, a la tradición de experiencia judicial que concurre en los titulares de esta institución en otros países. Carlos de la Vega, humanista y muy conocido en ambientes literarios, declaró que el cargo es "muy bonito y honroso", aunque no le había sido ofrecido.