Los sindicatos piden complementos salariales para los obreros de Lemóniz

La determinación de quién o quiénes asumirán la financiación de los complementos salariales al seguro de desempleo y las indemnizaciones que con toda probabilidad exigirán las empresas de contratas afectadas, son las principales incógnitas que persisten respecto a la decisión por parte de Iberduero de rescindir los contratos con las empresas que suministraban el grueso de la mano de obra empleada en la central de Lemóniz. Tal decisión afecta directamente a unos 3.000 obreros e indirectamente a otros tantos pertenecientes a las plantillas de pequeñas empresas suministradoras de material o servicios para las obras.Representantes de las tres centrales sindicales mayoritarias del País Vasco (ELA-STV, CC.OO y UGT) se entrevistaron ayer con el presidente y director general de Iberduero, Manuel Gómez de Pablos y Joaquín Aspe, respectivamente, a fin de, por una parte, recibir información de primera mano sobre la situación creada y, por otra, de plantear el punto de vista sindical respecto a los trabajadores que han quedado en paro. Los responsables máximos de la compañía eléctrica resumieron las condiciones que habían determinado su decisión de paralizar los trabajos y expresaron la voluntad de Iberduero de reanudar las obras, "en cuanto ello sea posible".

Por su parte, las delegaciones de las tres centrales resumieron su planteamiento en cuatro puntos: las empresas de contratas deben dar un tratamiento conjunto al problema; éste deberá abordarse desde la perspectiva de una suspensión temporal de empleo, y no de rescisión de contratos; deberán establecerse complementos salariales a la cobertura legal del seguro de desempleo; y el tiempo que transcurra en esta situación provisional no será contabilizado de cara al plazo normal de dieciseís meses cubiertos cubiertos por el seguro de desempleo.

Por otra parte, en una conferencia de Prensa celebrada a media tarde de ayer en Vitoria, el lendakari Garaikoetxea negó que la suspensión temporal de las obras pueda ser considerada un "cierre encubierto" de la central, y reiteró la voluntad de las tres partes firmantes del reciente acuerdo sobre Lemóniz de reiniciar las obras en cuanto se encuentre solución a los problemas creados por el asesinato del ingeniero Angel Pascual.