Piden 90 años de prisión para los procesados en el 'caso Almería'
Darío Fernández, abogado de la acusación particular en el caso Almería, ha solicitado penas de 90 años para cada uno de los tres guardias civiles procesados en el sumario abierto por la muerte de tres jóvenes santanderinos, cuando se encontraban en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, el 10 de mayo de 1981.Los hechos han sido calificados por el abogado de la acusación como asesinato con las circunstancias de premeditación, alevosía y ensañamiento, por lo que solicita para el teniente coronel Carlos Castillo Quero, -jefe de la Comandancia de Almería en aquellas fechas- treinta años de prisión por la muerte de cada uno de los jóvenes, -Juan Mañas, Luis Cobos y Luis Montero-, detenidos en Almería la noche del 9 de mayo del pasado año, como supuestos miembros de un comando de ETA. Las mismas penas se solicitan para el teniente de la Guardia Civil Manuel Gómez Torres y para el número Manuel Fernández Llamas.
Darío Fernández, que ha presentado 48 testigos y numerosas pruebas periciales, documentales y de balística, solicita además una indemnización para los familiares de cada una de las víctimas de cinco millones de pesetas.
Las conclusiones del abogado de la acusación particular han sido presentadas diecinueve días después de que el fiscal de la Audiencia Provincial de Almería hiciera pública su calificación de los hechos, en la que solicitaba penas de 44 a 27 años de reclusión para los tres guardias civiles procesados, por tres delitos de homicidio.
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El acusador particular califica de asesinato la muerte de los tres jóvenes del 'caso Almería'
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La calificación del acusador particular se mantiene, al igual que la del fiscal, en las peticiones señalas en la fase de instrucción de la causa. Las conclusiones del fiscal de la Audiencia Provincial sobre el sumario del "caso Almeria", se basan en el artículo 407 del Código Penal que tipifica penas por homicidio, atenuadas en el caso del teniente Manuel Gómez Torres, y el número Manuel Fernández Llamas, por "obediencia debida", lo que supone un total de 27 años para cada uno de ambos procesados. En medios próximos a la Guardia Civil almeriense ha sorprendido la calificación fiscal de la causa, si bien el abogado de la acusación particular Darío Fernández señaló con ocasión de las peticiones de pena del fiscal, que en su caso mantendría la calificación de asesinato "por la que la que yo solicité el procesamiento".
La versión oficial de los hechos expuesta en su día por el ministro del Interior ante el Congreso insistía reiteradamente en la facilitada por la Guardia Civil, la cual resultó contradictoria con la reconstrucción de los hechos realizada en base a las pruebas contenidas en el sumario. Según el relato de la Benemérita, la muerte de los tres jóvenes se produjo cuando eran trasladados a Madrid para su definitiva identificación, en un coche Ford Fiesta que conducía un guardia civil al que acompañaba otro número del citado cuerpo, a quien los tres detenidos intentaron agredir. Ante dicho ataque, los dos guardias civiles saltaron del vehículo. Al quedar sin control, el coche cayó por un terraplén, incendiándose a continuación sin que los intentos por salvar la vida de los tres ocupantes del vehículo tuvieran éxito.
La reconstrucción sumarial de los hechos demostró, sin embargo, que existían mutilaciones en los cuerpos de las víctimas, mientras que numerosos testigos presentados por el abogado de la acusación particular, entre ellos varios pescadores del club de pesca almeriense El Palmeral, declararon haber visto arder, en la carretera de Roquetas de Mar, el Ford Fiesta que ocupaban los detenidos la noche del 10 de mayo, sin que los guardias civiles les autorizaran a acercarse. Según los pescadores, cuando se acercaron para ofrecer su ayuda fueron detenidos por un guardia civil de paisano, quien les indicó que los heridos ya habían sido evacuados. El juez instructor, Angel Tortosa denegó, sin embargo, el careo solicitado entre los pescadores y los guardias civiles.
