Fernández Ordóñez centra el programa económico de su partido en la reforma del sistema financiero

Desarrollar la banca oficial o pública para compensar el poder de los grandes grupos bancarios, liberalizar la banca privada con trato recíproco a la banca extranjera, aumentar los coeficientes de inversión obligatoria, transformar las cajas de ahorro en sociedades de capital público, democratizarlas y asegurar mediante su actuación las actividades con fines sociales que sea necesario acometer son, entre otras, las medidas de política económica que acaba de acordar el equipo de veinte economistas del PAD (Partido de Acción Democrática, que lidera Fernández Ordóñez), bajo la batuta de Antonio Santillana, dentro de la ponencia de "Política económica" que se presentará al Congreso que el PAD desarrollará en la última decena del próximo marzo.

"Se trata de nacionalizar el Estado", según expresión que, al parecer, ha venido pronunciando Fernández Ordóñez en las reuniones de estos últimos días con sus más allegados. Es decir, de hacer un Estado que tanto en su Administración como en sus actuaciones en el sector y la empresa pública y en todo el mundo financiero sea competitivo con el sector privado y en ninguna de sus actuaciones subordinado a poderes oligárquicos o de presión.Sólo ligeros detalles de corrección de estilo o de escasa entidad pueden sustituir un adjetivo o un párrafo superfluo del último borrador de la ponencia de "Política económica" pues éste no es si no un resumen -según reza en su entradilla de presentación- de "una serie de documentos que ya se han ocupado con detalle sobre diversos temas: sector seguridad social, sistema financiero, energía y empresa pública". Estos estudios monográficos ya están ultimados y, por tanto, su resumen pocas variaciones puede admitir y ninguna sustancial.

Pero "no es ocioso recordar", añadió un socialdemócrata, "que Fernández Ordóñez a lo que nunca renunciará es a tener siempre uno o dos temas que puedan popularizar su imagen pública y polarizar la general atención.

Bien en esta ponencia de política económica o en otras, Fernández Ordóñez tiene que encontrar su nueva reforma fiscal o su nueva ley de divorcio. "Yo creo", añadió el interlocutor, "que la lucha más personal de Fernández Ordóñez será dada en la reforma del sistema económico, en general, y del financiero, en particular".

Denuncia de los 2.600.000 parados

La ponencia de "Política económica" se inicia denunciando la "fuerte recesión de la actividad económica, alcanzando el paro real la cifra de 2.600.000 personas (1.900.000 parados, más 700.000 desanimados por imposibilidad de encontrar un puesto de trabajo), lo que representa el 20% de la población activa, siendo la tasa oficial de paro próxima al 15%".Al acometer los principios de la política económica que defenderá el PAD, la ponencia señala: "El fomento de la competencia y del mecanismo de mercado como instrumento de asignación de recursos, la presencia pública en aquellas actividades que por su carácter estratégico (por ejemplo: energía, comunicaciones, industria en guerra) o por su organización monopolista no sea aconsejable dejar en manos de la iniciativa privada, el fomento de una Administración pública eficaz y honesta y el abandono del proteccionismo y de las reglamentaciones en favor de grupos privilegiados".

Tras extenderse en el tema de la inflación y la necesidad de rebajar su tasa actual del 14,4% al promedio mundial del 9,5%, añade: "Los esquemas conservadores de contracción de la oferta monetaria y del crédito y de reducción del gasto público conducen a un empeoramiento de la actividad y de la ocupación que no puede tolerar ni la economía española ni tampoco quien defienda el pleno empleo como objetivo prioritario. La contención de la demanda debe enmarcarse en un pacto global de moderación de salarios y costes a cambio de la creación de puestos de trabajo".

Más adelante preconiza la necesidad de "detener el crecimiento del gasto público consuntivo en favor de la inversión pública" y se afirma rotundamente que "el objetivo prioritario de la política económica en la década de los ochenta es el problema del paro".

Medidas concretas de actuación urgente

Con ese panorama como telón de fondo se señalan medidas concretas de actuación urgente, como la canalización del ahorro hacia la inversión productiva que exige fijar la atención sobre el sistema crediticio español.Para compensar el poder de los grandes grupos bancarios manifiestan que es conveniente desarrollar bancos públicos, transformándoles en bancos competitivos y no en simples administradores de préstamos como ocurre con la banca oficial.

En la banca pública encontrarán financiación los pequeños y medianos empresarios que, por no pertenecer a ningún grupo industrial o financiero, encuentran dificultades de crédito en las instituciones privadas.

Principios de competencia y liberalización

Los principios de competencia y liberalización orientarán la reforma financiera completada con la presencia de una verdadera banca pública que, junto al establecimiento de programas y directrices de inversiones sociales concretas por parte de las cajas de ahorro, asegurará la financiación de actividades que, desde el punto de vista social, convenga atender".La ponencia se pronuncia a continuación por una suerte de planificación económica al señalar: "La inversión pública actuará como elemento de mantenimiento de la demanda interna, compensando la atonía de la inversión privada".

La creación de puestos de trabajo puede aconsejar mayores gastos públicos de inversión, pero respetando un déficit público que no perjudique al sector privado.

En coordinación con el presupuesto anual de inversiones", dice a renglón seguido la ponencia, "se establecerá un programa de inversiones públicas que agrupe no sólo la inversión del Estado, corporaciones locales, organismos autónomos y seguridad social, sino también la actuación de la empresa pública -INI, INH y crédito oficial-, para un horizonte de al menos cuatro años".

Energía y renovación industrial

Reconoce nuestra excesiva dependencia energética y aunque preconiza diversas actuaciones puntuales, señala que "la energía nuclear y el carbón son las fuentes que pueden fomentarse para limitar la dependencia de nuestra economía respecto al petróleo"."En el caso de la energía nuclear es necesario un riguroso control público de la misma".

"Las ayudas públicas de todo tipo", se dice asimismo en la ponencia, "créditos ventajosos, desgravaciones, subvenciones, deben eliminarse gradualmente en los sectores sin futuro. En el otorgamiento de las, ayudas habrá de atenderse únicamente a las empresas del sector que ofrezcan perspectivas favorables de funcionamiento, pero no a todas ellas de modo indiscriminado".

Lo que pudiera denominarse como parte económico-financiera de la ponencia termina indicando que "la elevada dependencia de la actividad económica española de las instituciones privadas de crédito obliga a una presencia pública en el sistema crediticio, que evite la excesiva dependencia de la inversión de las decisiones de unos pocos grupos bancarios y crediticios".

"Por ello", se explicita poco después, "se propone la reforma del sistema financiero en base a los puntos siguientes":

Puntos de reforma del sistema financiero

1. Liberalización de la banca privada y fomento de la concurrencia (con un trato recíproco a la banca extranjera, como el seguido en la CEE), con dimensión gradual de los coeficientes de inversión obligatoria en la medida en que la banca pública pueda financiarse a través del ahorro privado.2. Creación de una banca pública propiamente dicha, a partir de las actuales entidades oficiales de crédito y del Banco Exterior, que operaría en la captación de pasivo, al igual que la banca privada, y realizaría operaciones de activo selectivas en base al programa de inversión del Gobierno y a la financiación de determinadas operaciones a medio y largo plazo.

Se financiaría con carácter preferencial la inversión a pequeñas y medianas empresas que, por no pertenecer a grupos financieros, no disponen de fuentes de financiación dentro del sistema crediticio español.

3. Transformación de las cajas de ahorro en sociedades de capital público, preferentemente representando a los entes locales (diputaciones y municipios), lográndose de este modo una democratización de estas instituciones.

Parte del ahorro de las cajas se destinará a financiar determinados programas de inversiones estatales o locales dentro de los planes del Gobierno y de los entes locales.

4. Fomento de nuevos intermediarios financieros, especialmente de las sociedades de inversión colectiva y de crédito hipotecario, al igual que el estímulo de la concurrencia de activos y pasivos financieros.