La Diputación Provincial ensayará una profunda reforma en su estructura de gobierno el próximo año
Una especie de consejo de ministros, aunque aún no tenga una denominación concreta, se constituirá en el máximo órgano de gobierno de la Diputación Provincial a partir del próximo mes de enero, con lo que desaparecerá la actual estructura, basada en los delegados de servicios y las comisiones informativas. Por otra parte, el pleno de la corporación aprobará mañana los presupuestos para el ejercicio de 1982, que asciende a 30.790 millones de pesetas.
La Diputación se rige actualmente por un consejo de gobierno formado por seis diputados provinciales, que corresponden a cinco delegados de servicios más el presidente. Sin embargo, no todos los delegados de servicios forman parte del consejo, por lo que existen graves problemas de competencia y de coordinación entre las diferentes áreas. La situación se complica por la participación indirecta en el juego de la toma de decisiones de los tres partidos políticos con presencia en la Diputación.Así las cosas, el presidente del organismo, José María Rodríguez Colorado, está impulsando una reforma política que consiste, básicamente, en la desaparición de los actuales delegados de servicios, sustituidos por diez diputados que se reunirán una vez por semana y ostentarán cada uno la jefatura de un área global de competencias, de forma similar a la estructura del Gobierno central y sus consejos de ministros. Sólo las decisiones que necesiten legalmente del voto afirmativo de la corporación serán decididas en pleno. Todas las demás serán competencia directa de cada "ministro". La reforma tiene como objetivos agilizar el funcionamiento de la Diputación y constituir una especie de rodaje Para los futuros consejeros del Gobierno autonómico.
30.790 millones de presupuesto consolidado
La Diputación aprobará mañana los presupuestos de 1982, que ascienden a 30.790 millones de pesetas. José Borrell, delegado de Hacienda, destacó la rigidez presupuestaria a que les obliga la estructura financiera de la Diputación. El 53% del presupuesto consolidado -la suma de los presupuestos ordinario, especiales y de inversiones- se destina a gastos de personal; los presupuestos de los órganos especiales -Hospital Provincial, ciudades de ancianos, etcétera- se llevan otros 19.187 millones de pesetas, y para los presupuestos de inversiones, destinados fundamentalmente a financiar obras en los municipios de la provincia, restan sólo 4.145 millones de pesetas, de los que, en realidad, no se dispone en este momento en su totalidad y será necesario recurrir a lanzar una nueva emisión de deuda pública por valor de 3.000 millones. Curiosamente, la pérdida de funciones de cuarenta de los cincuenta diputados provinciales, si la reforma se aprueba, llevará aparejada también la pérdida de emolumentos, con lo que la Diputación ahorrará unos setenta millones.
Una de las innovaciones más importantes previstas para el próximo año será el establecimiento de una línea especial de crédito destinada a facilitar fondos a los ayuntamientos. Básicamente, la idea consiste en que la Caja de Ahorros disponga de 2.500 millones de pesetas para prestar a los ayuntamientos que lo soliciten. La devolución del capital correrá a cargo de estos últimos, mientras que los intereses -250 millones de pesetas- serán por cuenta de la Diputación, quien destina también una partida de otros doscientos millones, aproximadamente, a la reforma y mejora de los sistemas recaudatorios municipales, condición indispensable para que los ayuntamientos puedan hacer frente a sus pagos con mayor facilidad.
El mismo espíritu de mejora de la utilización de los fondos públicos parece ser más difícil de aplicar en el seno de la propia Diputación. El Servicio de Control de Gestión de la Delegación de Hacienda ha llegado a la conclusión de que la relación entre el beneficio social y los costes es deficitaria en casi todos los servicios que se prestan. Las ciudades de ancianos, por ejemplo, sumados los gastos de conservación y mantenimiento, nóminas, etcétera, arrojan que cada anciano atendido en ellas supone 609.000 pesetas anuales de media. Cada alumno de los centros escolares gasta 501.000 pesetas anuales. Cada kilómetro recorrido por los coches oficiales sale a 93 pesetas.
