Nadie supo explicar el destino del dinero que se descuenta a los funcionarios municipales para la Seguridad Social

El concejal responsable de personal del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Horcajo, desconoce el destino de las cantidades que cada mes se descuentan a los funcionarios municipales para, junto con la aportación de la Corporación, satisfacer la cuota del convenio especial que mantiene el municipio con la Seguridad Social, a la que desde enero de 1980 le adeuda el Ayuntamiento casi 2.300 millones de pesetas. García Horcajo reconoció a EL PAIS que desconoce si la cuota de los funcionarios está incluida en este descubierto, como sospecha el grupo centrista que ocurre, que ayer planteó una pregunta en este sentido en la Comisión Permanente de la Corporación.

FERNANDEZEn la reunión se anunció una posible ordenanza municipal que impida la celebración de concentraciones políticas, a propósito de la convocada para mañana por Fuerza Nueva, en determinadas zonas de la ciudad, en base al valor monumental y artístico de las mismas. En ausencia del alcalde, que asiste en Moscú a la Semana de Madrid en la capital soviética, la semanal Comisión Permanente de la Corporación, bajo la presidencia accidental del primer teniente de alcalde, Eduardo Mangada, registró ayer un duro enfrentamiento entre el grupo centrista y los grupos socialista y comunista que gobiernan el Ayuntamiento a propósito de las dificultades que la Corporación madrileña está poniendo para la celebración, mañana, de la concentración convocada por Fuerza Nueva en la plaza de Oriente.Resueltos los 66 asuntos de trámite que componían el orden del día de la Comisión, el capítulo de ruegos y preguntas fue abierto por el portavoz de la oposición, José María Alvarez del Manzano, para protestar por lo que calificó de sectarismo de la Corporación ante la convocatoria política de Fuerza Nueva. Este sectarismo debe identificarse, aparte de con la oposición expresamente manifestada por el Ayuntamiento ante el Gobierno Civil para que la referida concentración tenga lugar en la plaza de Oriente, cuyo arreglo tras la del pasado año costó a la Corporación dos millones de pesetas, con la falta de vallas municipales para canalizar el tráfico por la zona y la imposibilidad de que la megafonía del acto se instale sobre los árboles, a los que este tipo de aditamento puede afectar gravemente.

La denuncia de Alvarez del Manzano, que criticó el celo de los servicios municipales para limpiar las paredes de carteles convocantes de la citada concentración, desató las iras dialécticas del portavoz socialista y segundo teniente de alcalde, José Barrionuevo, quien se declaró abiertamente beligerante y partidista a favor de su ideología, y afirmo que "no se puede ser neutral ni imparcial cuando se trata de comparar una manifestación democrática, como la del pasado fin de semana a favor de la paz, con otra abiertamente antidemocrática".

Barrionuevo recordó que cuando el PSOE gestionaba la autorización para su concentración a favor de la paz, el Ayuntamiento les negó el Retiro ante el temor de que los asistentes al acto pudieran ocasionar destrozos en este recinto, lo que motivó que la concentración se llevara a efecto en la Ciudad Universitaria sin ningún problema.

La intervención de Barrionuevo, que declaró la inclinación del Ayuntamiento "del lado de la democracia y la libertad", fue apoyada desde los bancos comunistas por Cristina Almeida, quien, lacónicamente y dirigiéndose a Alvarez del Manzano, aseguró que "apoyando la concentración de Fuerza Nueva se hace un flaco servicio a la Monarquía y a la Constitución". Estas palabras impulsaron al centrista Carlos Alonso de Velasco a solicitar la palabra para mostrar su acuerdo "con los bancos de enfrente", en los que se sientan comunistas y socialistas.

Preocupación por deudas

El debate terminó con el anuncio por parte del equipo de gobierno de que el Ayuntamiento estudia la publicación de una ordenanza municipal prohibiendo la celebración de manifestaciones y concentraciones políticas en determinadas zonas de la ciudad cuyo valor monumental y artístico así lo aconsejen.En el orden interno del municipio, la Comisión Permanente registró otra nota importante en el desconocimiento de que hizo gala el equipo de gobierno, ante la insistencia centrista en saber si las cuotas que se retraen mensualmente de las nóminas de los funcionarios para pagar la Seguridad Social, o quedan en algún lugar desconocido contribuyendo a engrosar la deuda de la Corporación con aquella, a la que no paga las cuotas por el convenio que permite la asistencia sanitaria de los funcionarios.

El centrista Felipe Martín, que lleva ya varias reuniones del Municipio, tanto plenarias como de Comisión Permanente, solicitando la justificación de las cuentas de las Juntas de distrito, de las fiestas de San Isidro e interesándose por las deuda de 2.300 millones que mantiene el Ayuntamiento con la Seguridad Social, ayer agregó un nuevo elemento de intranquilidad al preguntar al equipo de gobierno ¿adónde va lo que se le retrae a los funcionarios de sus nóminas para pagar la Seguridad Social?

La respuesta de Joaquín Leguina, concejal responsable de Hacienda, apenas ocultó el malestar que le supone que le mencionen el tema de la Seguridad Social. Su incapacidad para disimular el malhumor le llevó a afirmar, ante el silencio de su compañero de banco José Barrionuevo, que, como experto en legislación laboral, conoce que la ley obliga al pago de las cuotas a la Seguridad Social incluso a los Ayuntamientos; que la deuda no es ilegal. "Creo que no hay ilegalidad, lo que hay es deuda. Si la deuda fuera ilegal, los ayuntamientos anteriores a nuestra llegada, que nos dejaron una deuda de 10.000 millones de pesetas, habrían estado en la ilegalidad".

Quizá por respeto, nadie corrigió a Leguina, ni siquiera Barrionuevo, que, como jefe de la Inspección de Trabajo de Madrid que fue en los últimos años del franquismo, conoce perfectamente que sí es ilegal no pagar las cuotas a la Seguridad Social. Como también lo saben las centrales sindicales del Ayuntamiento, que, no obstante, guardan silencio ante la deuda de su empresa con la Seguridad Social. Este comportamiento de los sindicatos sorprende al grupo centristas, al que, de otra parte, Leguina reiteró ayer su compromiso de dar en una próxima reunión municipal toda la información sobre la situación del convenio con la Seguridad Social y el sistema para hacer frente a la referida deuda.

Fuera ya del salón de plenos, EL PAIS quiso saber directamente del concejal responsable de personal la respuesta a la pregunta centrista no satisfecha en comisión, también sin éxito. García Horcajo, pese al auxilio del jefe de personal del Ayuntamiento, Fernando García Villanueva, hizo gala de un importante desconocimiento del sistema de cotización de los funcionarios municipales, a los que el sistema general de la Seguridad Social les excluye de la obligada afiliación, y reconoció desconocer el destino de las cuotas que mensualmente se les descuentan y que, según el coeficiente que corresponda a las distintas categorías, van desde 204 a 680 pesetas.

El amplio capítulo de ruegos y preguntas registró también una protesta formal del grupo centrista, cuyo portavoz reconoció desconocer el procedimiento para articularla, ante el PCE, "por la frivolidad y ligereza con que ha tratado, en relación con el Ayuntamiento, un problema interno del propio partido". Alvarez del Manzano había preguntado por la situación legal en que se encuentran los cinco concejales comunistas expulsados de su partido. Barrionuevo explicó que el Ayuntamiento desconocía oficialmente cambio alguno.