Desaparece un periódico mexicano por denunciar la corrupción de un político
Las denuncias por corrupción suelen convertirse en México en un bumerán. A menudo es el denunciante el que termina con sus huesos en la cárcel. Esta ha sido la historia de Gabriel Alos, un periodista que en su modesto diario, La Opinión de Puebla, decidió arremeter, hace más de dos años, contra el gobernador del Estado, Alfredo Toxqui, porque entendía que éste utilizaba los dineros públicos en beneficio propio. El resultado fue un encarcelamiento de quince días sin ningún procedimiento penal, continuas amenazas de muerte y el cierre indefinido de su periódico, tras una huelga manejada por los sindicatos oficiales.
Según el cálculo realizado por los redactores de La Opinión de Puebla, el ex gobernador del Estado desvió de las arcas públicas, durante sus seis años de mandato la increíble cifra de 4.000 millones de pesos (unos 16.000 millones de pesetas). En la denuncia formal presentada por Gabriel Alos ante la Procuraduría General de la República se hace constar que el sueldo oficial de gobernador no alcanza para adquirir las fincas, residencias (incluido un palacio renacentista rodeado de lagos) y edificios que Alfredo Toxqui posee en Puebla. La ley de responsabilidades vigente en México permite investigar el "enriquecimiento inexplicable" de un funcionario, y esta es la fórmula seguida por el periodista ante los tribunales. En cualquier caso, la corrupción ha logrado tales virtuosismos que rara vez ha podido aplicarse de hecho esta figura penal. Los hombres de paja permiten a los políticos amasar inmensas fortunas y permanecer incólumes a salvo de la ley.
De momento, Gabriel Alos ha sido el único perjudicado real de esta historia. Su pequeño periódico, de 6.000 ejemplares, es muy poco probable que pueda salir nuevamente a la calle, y ha tenido que hacer frente a multitud de presiones por parte de políticos del sistema, más preocupados por la estabilidad del régimen que por los eventuales desmanes de los administradores públicos.
El propio presidente de la República, José López Portillo, ha optado, en la recta final de su sexenio, por detener la marea de denuncias por corrupción. En su quinto informe de gobierno dijo que "denunciar la corrupción es con frecuencia una forma de ser corruptos". Esta frase ha sido mano de santo para que los gobernantes que se han enriquecido con el presupuesto del Estado respiren tranquilos.
El periodista Gabriel Alos no está dispuesto, a pesar de todo, a detener el proceso contra el ex gobernador de Puebla. Está convencido de, que tiene pruebas bastantes para que Alfredo Toxqui sea condenado por delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses y corrupción. De lo que ya no está tan seguro es de lo que pueda ocurrirle en el futuro. De ahí que su denuncia ante los tribunales termine con este significativo párrafo: "Quiero dejar constancia de que de cualquier atentado que sufra mi persona o mis hijos responsabilizo al sistema político de México".
