Un 30% del congreso no votará a favor de Carrillo si éste mantiene su modelo de partido

Alrededor de un 30% de los delegados al X Congreso del PCE podría abstenerse o votar en contra del informe de gestión de Santiago Carrillo, caso de que éste no asuma hoy algunas de las críticas planteadas por el sector renovador, que ha anunciado la abstención. El informe se debatió ayer, pero la votación se efectuará hoy, y su resultado es decisivo para conocer la relación de fuerzas y las posibilidades aparentemente muy escasas de llegar a un pacto entre las tendencias de cara al Comité Central.

Los delegados que intervinieron ayer en el debate sobre el informe de Carrillo reflejaron públicamente, con absoluta transparencia, el grado de tensión a que se ha llegado. Los oficialistas mantienen dos tipos de posiciones: una cerrada defensa de la unidad del partido, que consideran amenazada por las tendencias o fracciones y una convergencia táctica con Carrillo como mal menor, respecto a otros problemas, que es el caso concreto del PSUC. Este sector, representado por su secretario general, Francesc Frutos, prefiere apoyarse en Carrillo para defenderse mejor del ala dura de su organización, y no tiene entusiasmo alguno por la posibilidad de que una legalización de tendencias permita instalarse a los prosoviéticos en bases estables.Por su parte, renovadores y federalistas critican con dureza no sólo al secretario general, sino a los sectores que le siguen y que parecen dispuestos a «luchar más contra el enemigo interior» que contra los adversarios políticos del partido, como pusieron ayer de manifiesto algunos de sus portavoces. El mecanismo existente en el PCE para la expresíón de las minorías les ha permitido plantear claramente sus posiciones, pero el sector mayoritario desea cortar toda posibilidad de progreso de su tendencia política, y ello va a reflejarse especialmente en la composicíón de los nuevos órganos de dirección, para los cuales no se había abierto ayer negociación alguna, al menos hasta el cierre de esta edición.

El informe de gestión presentado por Santiago Carrillo al congreso podría recibir el voto favorable de un 70% de los delegados, el voto en contra de un 5% y alrededor de un 25% de abstenciones. Estas últimas constituyen el dato más significativo, puesto que, además de corresponder al sector contestatario más amplio -renovadores y federalistas-, suponen un incremento considerable de la disidencia respecto al congreso anterior.

Esta situación se debe, fundamentalmente, a las divergencias entre los diversos sectores sobre la organización y funcionamiento de su propio partido, puesto que en política exterior y en buena parte de los temas de política nacional hay un acuerdo mucho más amplio. Bien es verdad que los problemas internos absorben tanto a los delegados que apenas se ha profundizado en el debate de las posiciones del PCE sobre la situación política.

Divergencia sobre el partido

Según uno de sus más cualificados portavoces, Jaime Ballesteros, el sector oficialista concibe un partido en el que no pueden dedicarse todos los esfuerzos al trabajo institucional y a la política por arriba, sino «recuperar el trabajo político directo sobre el tejido social» y hacer verdad que el PCE «es también un partido de combate».El partido que conciben los oficialistas es favorable a las autonomías a nivel del Estado, «pero eso no implica la federalización del PCE» -porque la clase obrera es única, y por tanto no se puede debilitar al partido con reflejos mecánicos de las autonomías a ni vel estatal-. A su vez, la institucionalización de corrientes o tendencias «sería un retroceso a las vieja fórmulas socíaldemócratas», y su pondría el agrupamiento según unas u otras plataformas o líderes.

Frente a esta concepción, renovadores y federalistas comparten la idea de que el PCE no debe dedicarse sólo a trabajar en las instituciones, pero precisamente acusan a la actual dirección de ser la culpable de la desmovilización y consideran que llega tarde la rectificación, cuando se han marchado 60.000 militantes. Asimismo defienden la federalización y las corrientes de opinión para legalizar lo que de hecho existe, esto es que no puede sostenerse un modeio de partido en que el trabajo político ha de hacerse en forma absoluta mente «vertical» -de comités y asambleas inferiores a superiores, y viceversa.

No obstante, los renovadores niegan que su intento sea el de legalizar las fracciones o romper el partido en tendencias organizadas; acusan a Carrillo de haber llevado el debate a ese terreno, sabedor de que así pone de su lado a un sector de militantes que no ha participado en esta batalla y tiene miedo a la confusión; y afirman que estarían dispuestos a retirar cualquier término equívoco, siempre que se garanticen los derechos de expresión de los militantes y no puedan producirse sanciones por ello. Así se entró en el debate de comisiones.

Cinco horas de forcejeo

La primera de estas comisiones, la de candidaturas, tiene vital importancia para el futuro del partido, ya que sus miembros proponen a los candidatos del nuevo Comité Central, órgano este que, a su vez, determina quíenes van a ser los centros de decisión del PCE, tales como el comité ejecutivo, el secretariado, el director de Mundo Obrero, el de la revista Nuestra Bandera, el secretario general y el presidente del partido. Un dato revelador del poder de esta comisión lo constituye el hecho de que es la única que tiene vetado el acceso de los medios informativos.Por su parte, la comisión de estatutos tan solo había debatido en sus cinco primeras horas de trabajo cuatro artículos de los 52 que tiene el proyecto. El retraso fue debido a que de los 24 miembros que integran, en representación de Madrid, la comisión de Estatutos, tan sólo siete pertenecen al sector renovador, lo que provocó la indignación de sus portavoces, ya que consideraban que el voto mayoritario de la conferencia de Madrid no estaba representado, aun en contra de las propias normas del reglamento interno. Los renovadores se acogieron precisamente a estas normas, una de las cuales dice que «la distribucíón se hará reflejando las votaciones de las correspondientes conferencias o congresos sobre las cuestiones esenciales de cada tesis y de los estatutos», para exigir una mayor representación.

Tras mucho forcejeo, se llegó finalmente a un pacto entre caballeros, según el cual se les aseguraba la posibilidad de defender en el pleno previsto para hoy sus posiciones mayoritarias. Para poder lograrlo se acordó el compromiso por parte de los oficialistas de votar las propuestas de los renovadores en número suficiente para que éstos alcanzaran una representación de un cuarto del total de la comisión,

cifra exigida para poder hacer uso de la palabra en las sesiones plenarias.

Una vez solucionado este tema, se pasó al debate de las enmiendas a los distintos artículos del proyecto de estatutos. Respecto a la que pretendía dar un carácter federal al Partido Comunista de España, el portavoz de la delegación aragonesa explicó que era de vital importancia para el partido reconocer en los estatutos su carácter federal, «y así», dijo, «evitaríamos que se repitieran cosas como la que nos pasó en Aragón, cuando los comunistas habíamos decidido apoyar la vía del 151 para conseguir la autonomía de la región, y después nos llegó una orden de la dirección de Madrid para que la vía utilizada fuera la 143 de la Constitución». Esta enmienda no prosperó.

El pleno debatirá las corrientes de opinión

Los renovadores fueron derrotados también -pero podrán defenderlo en el pleno- en los siguientes temas: derecho de expresión de las minorías, no sólo a nivel individual, sino como grupos o firmas colectivas; definición de las tendencias organizadas como aquéllas que se oponen a la ejecución de la política del partido y que tienen dirección, recursos económicos y medios de expresión propios; que se aprueben las corrientes de opinión y su derecho a expresarse públicamente en cualquier medio de comunicación social; y si fracasara todo lo anterior, que al menos se permita esa libertad de expresión, en cualquier medio, en períodos precongresuales.Los argumentos de los oficialisitas van en el sentido de rechazar la definición citada de «tendencia organizada», por entender que esa es la definición de un partido dentro del partido; y en materia de corrientes de opinión, Sánchez Montero hizo una contraoferta, en el sentido de reconocer la libertad total de expresión y crítica en los cauces orgánicos y, Prensa del partido. Un miembro de la delegación valenciana fue aún más lejos, al proponer -y se defenderá en el pleno- que se prohiba la expresión en los medios de comunicación que no pertenezcan al partido, por tratarse de «medios burgueses e intoxicadores de los valores comunistas».