La comisión gestora de Talamanca del Jarama no pudo constituirse anoche por falta de secretario en el pleno

La comisión gestora del Ayuntamiento de Talamanca del Jarama no pudo constituirse ayer debido a un conflicto surgido entré el alcalde y los cinco nuevos concejales en relación con el secretario municipal, Antonio Esturillo. Los cinco nuevos concejales designados por la Diputación Provincial en sustitución de los que, dimitieron en mayo de 1980 se negaron a que el acto de su toma de posesión fuera registrado por el secretario de un pueblo cercano, en lugar del titular de Talamanca.

El alcalde de la mencionada localidad, Paulino Vázquez, no dio su brazo a torcer y manifestó que el secretario de Talamanca había cesado en su cargo y que del pleno extraordinario debía tomar nota el secretario de la localidad más próxima, avisado por él mismo, o nadie.El secretario supuestamente dado de baja, Antonio Esturillo, se encontraba a la puerta del Ayuntamiento (el alguacil no le había permitido entrar), y manifestó a EL PAIS que, efectivamente, había renunciado a su cargo, pero que al enterarse de que la Diputación Provincial había nombrado una comisión gestora, retiró la renuncia antes de que ésta fuera firme, por lo que no ha sido dado de baja ante la Dirección General de Administración Local y continúa siendo el secretario municipal a todos los efectos.

Esta era la tesis que sustentaban los nuevos concejales, tres centristas y tres socialistas, quienes además declararon tras su conversación infructuosa con el alcalde, que su primer acto en cuanto consigan tomar posesión de sus cargos será solicitar la realización de una auditoría para aclarar la utilización de los fondos municipales y las supuesta irregularidades denunciadas por los concejales dimisionarios.

Desde mayo de 1980, el Ayuntamiento de Talamanca del Jarama no puede funcionar normalmente, debido a que cinco de sus siete miembros dimitieron de sus puestos, en protesta por lo que calificaron de prácticas caciquiles del alcalde. Según las denuncias hechas en aquellas fechas, los concejales no llegaron a conocer nunca el estado de cuentas de los fondos municipales, al margen de que consideraron al alcalde invo lucrado en la concesión irregular de licencias y en asuntos poco claros. Citaban como ejemplo la concesión a una empresa de la explotación de las graveras del río, contrato en el que no está señalada la fecha de caducidad y en el que incluso el precio por la concesión está tachado y escrito de nuevo. La plaza de toros del pueblo se construyó sin liciencia municipal y sus protestas sólo sirvieron para que su construcción se acelerara.

Se da el caso de que tres de los concejales que presentaron su dimisión pertenecían a la misma candidatura del alcalde. Los puestos que dejaron vacantes debían haber sido cubiertos por los siguientes en las listas, pero todos ellos anunciaron que en ningún caso aceptarían la sustitución, por lo que el Ayuntamiento se quedó exclusivamente con dos personas: el alcalde, Paulino Vázquez, y un concejal de Coalición Democrática, Mariano Marina.

Ante esta situación, la única salida para devolver la normalidad al Ayuntamiento fue la constitución de una comisión gestora designada por la Diputación Provincial, que sustituyera a los concejales dimisionarios. Las vacantes se cubren de acuerdo con los votos recogidos por los partidos en las elecciones legislativas de marzo de 1979, por lo que corresponden tres concejalías a UCD y dos al PSOE. Se da el caso de que ninguno de estos partidos se presentó a las elecciones municipales de abril del mismo año, a las que sólo concurrieron candidaturas de independientes y Coalición Democrática.