Las Vegas, la comarca más fértil de la provincia de Madrid, se deteriora paulatinamente

La comarca está formada por las tierras fértiles regadas por los ríos Jarama y Tajuña, y comprende las localidades de Aranjuez, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Titulcia, Villaconejos, Chinchón y Colmenar de Oreja. Sus límites geográficos están muy delimitados por las colinas que la bordean, tierras éstas de secano que contrastan vivamente con el paisaje verde y rico que ofrecen las vegas. Sus primeros habitantes supieron calibrar la importancia de aprovechar al máximo el terreno útil, como lo demuestra el hecho de que todos los pueblos están situados en los márgenes de la Vega y no en su interior. Esta regla general ha sido respetada durante generaciones por los campesinos considerados individualmente y que, salvo contadas excepciones, tienen sus viviendas en los pueblos y no dentro de las tierras de cultivo. Sólo Villaconejos está asentado en un paraje algo alejado, y de ahí su peculiaridad, puesto que sus populares melones no se cultivan en su término municipal, generalmente, sino en huertas situadas a muchos kilómetros, incluso en las provincias cercanas. Pero, como los conocedores del tema se preocuparon en puntualizar inmediatamente, la calidad de sus productos no depende primordialmente de la tierra en sí, sino de los métodos de cultivo.El panorama comenzó a cambiar aproximadamente desde 1975, cuando un número cada vez mayor de campesinos se decidieron a vender sus huertas, cansados de un trabajo cada vez menos productivo, a los ciudadanos de la capital que buscaban terrenos no demasiado caros y adecuados por la belleza de su entorno para construir el chalé donde pasar sus fines de semana. Al no vivir de la agricultura, los nuevos inquilinos de la Vega no tienen reparos en edificarlos en suelo de regadío, sino que, al contrario, lo prefieren así.

No existen datos estadísticos concretos, puesto que estas construcciones son, en su mayor parte, ilegales, pero, según los estudios realizados por el equipo de arquitectos que elaboró hace pocos meses el Plan de Acción Inmediata (PAI) de la comarca, sólo entre Chinchón y Titulcia hay unas cuatrocientas viviendas de este tipo. En el primero de estos pueblos, sólo una urbanización, la de Nuevo Chinchón, tiene plan parcial aprobado. El resto es ilegal y se han construido, según reza en el PAI, con el visto bueno o la resignación del Ayuntamiento. En San Martín de la Vega, en el paraje conocido como las Vallequillas, se han contabilizado 85 chalés en parcelas individuales de 2.500 metros cuadrados, lo que totaliza una extensión de veintiuna hectáreas, más del doble de las destinadas actualmente al cultivo de fresas y fresones, cifrado en nueve hectáreas. En Aranjuez no se tienen datos concretos sobre el número de chalés esparcidos por la Vega, pero el Ayuntamiento, según el arquitecto municipal, Juan José Echevarría, está decidido a tomar medidas tajantes y ya ha ordenado la paralización de las obras de varios de ellos. Otros muchos, en cambio, están ya terminados y habitados hace tiempo y es casi imposible dar marcha atrás. También en Colmenar de Oreja el problema ha adquirido dimensiones graves. Sólo Ciempozuelos conserva aún su porción de Vega intacta.

Intermediarios en el negocio

Al comienzo, la venta de las huertas se hacía directamente del campesino al agricultor. Pero, cada vez más, el negocio está pasando a manos de empresas del ramo, más experimentadas y con recursos para obtener el máximo de beneficios. Una de las tácticas seguidas conlleva además un fraude al Estado. Consiste en comprar una finca de secano de 25.000 metros cuadrados, por ejemplo, y reconvertirla en diez de regadío (el tamaño mínimo de una parcela de regadío en el que se puede levantar edificios es de 2.500 metros cuadrados), simplemente cumpliendo el trámite de abrir pozos para tener agua y justificar dicha denominación. El propio Ministerio de Agricultura puede llegar a subvencionar las obras, puesto que la reconversión de secano en regadío es un tipo de iniciativa protegida por dicho organismo. En las nuevas parcelas no se construyen ya casas de labranza, sino chalés, y no se cultiva nada, a no ser que el nuevo propietario quiera mantener un pequeño huerto que le sirve exclusivamente de hobby y no como forma de ganarse la vida.Las recomendaciones a este respecto que figuran en el PAI son terminantes: acabar con la lenta invasión de la Vega por construcciones pirata, paralizando las obras de las aún sin terminar y demoliendo, si es preciso, las otras.

Pero los ayuntamiento se muestran impotentes para solucionar el problema si no se cuenta con la ayuda decidida de instancias superiores, en este caso, del Gobierno Civil. Los ayuntamientos más pequeños ni siquiera disponen de una fuerza de Policía Municipal que imponga la legalidad a los constructores, muchos de los cuales son simples obreros cualificados que levantan su chalé, pequeño y edificado con malos materiales (chalés-chabolas, los llama Juan José Echevarría) en los fines de semana y a veces durante varios años.

Abandonar el campo

Todos los expertos consultados sobre el tema se muestran unánimes al analizar que el proceso tiene unas raíces muy profundas y complejas, que son a las que habría que buscar soluciones eficaces, imposibles de adoptar sin la colaboración de varios ministerios, puesto que exceden por completo el ámbito de competencias y posibilidades de los ayuntamientos.Los productos más conocidos y apreciados de la Vega, tradicionalmente, son las fresas y los espárragos. Mientras que la superficie destinada en Aranjuez al cultivo de estos últimos ha aumentado un tanto, en el caso de las fresas se ha pasado de 125 hectáreas existentes en 1970, a nueve en 1976. Las frutas siguen un camino parecido. Las manzanas han pasado de disponer de 311 a 89 hectáreas, y las ciruelas, de 326 a 45 hectáreas, en el mismo período. Al contrario, se ha incrementado considerable in ente la superficie dedicada al cultivo del maíz (de ochocientas a 1.360 hectáreas) o la alfalfa (de 220 a cuatrocientas). La explicación es muy simple: las fresas exigen unos costes importantes en mano de obra en el momento de la recolección, lo que no ocurre con el maíz y mucho menos con la alfalfa. En opinión de muchos, el cambio es un error, puesto que las fresas de Aranjuez tienen ya un prestigio sólido, mientras que el maíz se cultiva regularmente en otras zonas de España. Lo que no significa que los agricultores hayan renunciado a sus beneficios por el cultivo tradicional: hoy día, la mayoría de las fresas de Aranjuez provienen de Cáceres, a pesar de que se sigan vendiendo como tales.

Al tiempo que comarca agrícola, algunos de sus pueblos, como Aranjuez o Chinchón, han tenido siempre una cierta importancia industrial de carácter autóctono (industrias pequeñas y medianas creadas con el excedente del beneficio agrario) o foráneo (por la instalación de empresas de los sectores metalúrgico, químico o de materiales para la construcción principalmente), sin olvidar tampoco el caso particular, pero importante, de las alcoholeras de Chinchón. La mano de obra que abandonaba el campo lo hacía, entre otras cosas, porque sabía que podía encontrar trabajo con relativa facilidad en la industria. Por otro lado, problemas generacionales y la modificadón de los valores sociales, con el predominio de la vida urbana, han movido a muchos hijos de agricultores a cursar estudios y dirigir su actividad profesional a otros campos.

Asimismo, el agricultor, falto de confianza hacia una Administración central que no se ha preocupado de él y sus problemas, tampoco ha sabido acomodarse a las nuevas técnicas de cultivo. En la comarca de la Vega, tal vez algunas soluciones para no depender del clima. fueran el cultivo de invernadero y la implantación del riego automático, lo que supone que con una inversión no demasiado fuerte se hubiera conseguido un nivel de cosechas rentable y asegurado. Se ha preferido la salida más cómoda. Cuando un cultivo, como el de la fresa, ha planteado problemas económicos, simplemente se ha prescindido de él y ha sido sustituido por el maíz. La nula visión del agricultor y de los responsables ministeriales se patentiza en el hecho de que, a pesar de la larga tradición y la calidad de sus productos, nadie haya tomado la iniciativa de promover industrias transformadoras y canales propios de distribución que eviten la salida de aquéllos comercializados luego bajo otras marcas. Se pierde así no sólo unos beneficios comerciales importantes, que van a parar a los asentadores e intermediarios, sino incluso la denominación de origen de los productos, que subiría su cotización.

Desencanto campesino

Todos estos factores inciden conjuntamente en una progresiva pérdida de competitividad, en la menor rentabilidad de las faenas agrícolas y, en suma, en el desencanto de los campesinos y su creciente interés por desligarse de la tierra. El resultado final es que cuando el agricultor se encuentra con que sus hijos no desean continuar en la huerta y se ve amenazado con una vejez insegura, no tiene razones para oponerse a la oferta de compra de su tierra que le hace cualquier empresa o persona particular. Sobre todo si echa sus cuentas y calcula que con el importe de la misma puede vivir sin agobios económicos durante algunos años y, además, lo que gana con la operación significa lo mismo que muchas temporadas de trabajo duro de campesino.