Propuesta gubernamental de reconversión del calzado

Medidas de fomento de la tecnología y la productividad, de mejora de la comercialización y de índole financiera constituyen, entre otras, el anteproyecto de reconversión del sector del calzado que miembros de la Administración entregaron ayer a centrales sindicales y a la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), según informa Efe.Las negociaciones para la reconversión de este sector, que agrupa en España a 12.846 empresas y 54.631 trabajadores, se están llevando a buen ritmo y podrían concluir antes de que finalice junio.

El documento-propuesta de la Administración, tras analizar la grave situación en que se encuentra la industria zapatera y las causas que han conducido a la misma, propone los distintos aspectos del plan de saneamiento. Los más destacados son los siguientes:

Tecnología y productividad.

Declaración de interés preferente para la industria auxiliar del calzado, inclusión en la lista apéndice de bienes de equipo no fabricados en España a los del calzado (reducciones arancelarias), ayudas a la homogeneización de los productos, tramitación preferente para instalación de empresas en polígonos de localización industrial y ayudas económicas para quienes se acojan a los programas de medición de tiempos-rendimientos.

Comercialización.

Ayudas de economía y comercio a campañas de promoción exterior del sector, mejora del abastecimiento de materias primas a esta industria, fomento de agrupaciones y cooperativas de comercialización y ayuda de Economía y Comercio a la promoción exterior -ferias y certámenes- de las empresas que se acojan a programas específicos.

Financiación.

Líneas de crédito a largo plazo para nuevas inversiones de equipamiento de las industrias del sector, tramitación preferente de las solicitudes de beneficios fiscales por concentración o integración de empresas y posibilidad de planes especiales de amortización para las empresas zapateras.

Medidas laborales.

Las empresas podrán solicitar aplazamiento de pago de cuotas a la Seguridad Social por deudas contraídas; posibilidad de jubilaciones anticipadas desde los sesenta años, siempre que la aportación de la empresa sea, como mínimo, del 55% del coste total de las mismas, y ayudas a la formación profesional de los trabajadores.A continuación, la propuesta gubernamental explica las condiciones que se exigen para acogerse al plan: exportación, inversiones en investigación, diseño y calidad, programa de rendimiento de trabajo a tiempo medio y acuerdo patronal-trabajadores sobre retribuciones, productividad y plantillas.

Por último, se afirma que el incumplimiento de las obligaciones contraídas dará lugar a la suspensión de los beneficios concedidos, a la devolución de las ayudas y a la cancelación de los créditos obtenidos.