Presentadas 300 enmiendas al Estatuto de Canarias

Cerca de trescientas enmiendas han sido presentadas al Estatuto de Autonomía de Canarias en el Congreso de los Diputados. UCD, partido mayoritario en las islas, que tuvo que aprobar con sus únicos votos el texto autonómico antes de su envio al Parlamento, ha decidido enmendar el mismo a través de sus diputados, a título personal, para introducir modificaciones de carácter técnico y lingüístico.

A pesar de que algunos aspectos del Estatuto han sido considerados anticonstitucionales. UCD ha optado por mantener las competencias solicitadas. Canarias es una de las regiones que pueden ver limitados sus procesos autonómicos tras la realización del informe Enterría, al temerse que por la vía del artículo 143 no sea posible acceder, como había prometido el Gobierno, al máximo techo que permite la vía del artículo 151. El presidente de la Junta de Canarias, Vicente Alvarez Pedreira, miembro del comité ejecutivo nacional centrista, señaló a EL PAIS que el ministro de Territorial, Rodolfo Martín Villa, le ha asegurado que en aquel caso, el Gobierno podría tramitar una ley especial que evitara dicho recorte.La posible anticonstitucionalidad del Estatuto canario reside, según un dictamen de expertos de la Universidad de La Laguna y un informe de la Secretaría General de Relaciones con las Comunidades Autónomas, respectivamente, en el hecho de que el sistema electoral para el Parlamento canario pretende una paridad entre el número de representantes de las islas mayores y el de las islas menores (que no respeta la proporcionalidad del número de habitantes), y en el apartado que propone la presencia de una representación canaria en asuntos internacionales que afecten a las islas (CEE, pesca y OTAN podrían ser tres casos).

Dos partidos de la oposición, el socialista y el comunista, han solicitado en sus enmiendas que Canarias no sea utilizada militarmente por potencias extranjeras y han expresado su defensa de los derechos fiscales históricos insulares, hoy reconocidos en la ley de Régimen Económico y Fiscal, al existir una gran preocupación por la posible derogación de la misma ante el ingreso en la CEE y las repercusiones que ello traería consigo para la presión fiscal de las islas.

La coincidencia entre el PSOE y UCD en sus enmiendas sobre la denominación del órgano autonómico, Cabildo General, ha sido interpretada como una reafirmación de la capacidad de gestión que tendrán los cabildos insulares, tema que había sido polémico.