Altas personalidades militares leales al poder constitucional expresan su inquietud

En un ambiente que empieza a rodear de admiración a los sediciosos golpistas del lunes 23 de febrero, y que registra una preocupante paralización de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y de las complicidades, altas personalidades militares de absoluta lealtad al poder constitucional han expresado ayer a EL PAIS su profunda inquietud. Quienes han tomado contacto personal con los arrestados, generales Milans, Armada y Torres Rojas y teniente coronel Tejero, por citar los más significados, transmiten que todos ellos se encuentran pletóricos de moral y convicción, que gozan de todas las atenciones, que reciben visitas sin restricción alguna y que son objeto de todas las deferencias imaginables.

En la vecina localidad de Valdemoro, alguno de los guardias y suboficiales que intervinieron en el asalto al Congreso de los Diputados alardeaba estos días pasados tranquilamente de su hazaña, en los bares del contorno, ante la clientela habitual, añadiendo detalles y adornos ilustrativos: «Así tenía yo encañonado a Carrillo ».En la base aérea de Getafe todo estaba dispuesto para rendir honores de ordenanza al general Armada, cuyo arresto en dicha unidad había sido dispuesto por la autoridad militar competente. Deseoso de no causar escándalo, Alfonso Armada indicó que su traslado se hiciera después de las siete de la tarde, hora en que se arría bandera y a partir de la cual, por consiguiente, no se forma la guardia.

Los sediciosos y los círculos que les prestan apoyo han definido ya una clara línea de respuesta: intentar argüir que el Rey conocía y apoyaba el golpe, y que les traicionó en el último momento. Sus cálculos golpistas descartaban cualquier posibilidad de éxito para sus propósitos sin el Rey. Por eso, el intento del 23 de febrero quiso hacerse con la falsa invocación de su nombre. Todo ha quedado ahora clarísimo, y cualquier nuevo intento será precisamente contra don Juan Carlos. El objetivo a cubrir no está ya en la Moncloa ni en el Congreso, sino en la Zarzuela.

Los Servicios de Información de la Defensa (CESID) tratan de justificarse en relación con el golpe del 23-F por las limitaciones legales que la disposición ministerial que dio nacimiento a dicho organismo impuso sobre su actividad en el seno de las Fuerzas Armadas.

La trama civil

La trama civil de los sediciosos es mucho más amplia de lo que hace suponer la única detención de Juan García Carrés, pero su día D no era el 23 de febrero. Sobre esa trama estaba el CESID, pero su información no fue capaz de detectar el momento en que dos de los intentos que se preparaban en paralelo convergen: la mañana de la víspera a las once horas, cuando se produce el entendimiento de Tejero y Armada.

Casi todo está por averiguar respecto al papel jugado por el colectivo Almendros, que publicaba sus artículos en las páginas de El Alcázar, pero se sabe que quinientas personas, en su mayoría miembros de las Fuerzas Armadas, aceptaron asumir las responsabilidades penales que por su publicación pudieran exigirse.

Una personalidad civil ha sido citada como participante en Almendros: el profesor Jesús Fueyo. También se insiste en mencionar al coronel José Ignacio San Martín, que hasta su destitución y arresto era jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete (DAC), como uno de sus principales inspiradores.

El comandante Ricardo Pardo Zancada, que con una compañía de la Policía Militar atravesó inexplicablemente el cordón de la Guardia Civil y se unió a Tejero en la madrugada del martes pasado, además de su destino en la DAC Brunete es redactor-jefe de la revista de pensamiento militar Reconquista, y junto con su subdirector, el comandante Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, es considerado también miembro integrante de Almendros.

Toda una línea de investigación señala las amplias coincidencias entre los antiguos miembros del Servicio de Documentación de Presidencia (CESED) articulado por el almirante Luis Carrero Blanco y el actual colectivo Almendros, acogido a la hospitalidad de las páginas de El Alcázar.

EL PAIS ha podido saber que, con sorpresa de una entidad bancaria, que los financiaba, varios jefes y oficiales -entre ellos el coronel Marchante y el teniente coronel Villalba- trabajaban desde un servicio de información muy especial de esa entidad en favor del golpe militar.

Muchas Incógnitas siguen planteadas acerca de los hechos sucedidos alrededor y con ocasión del asalto al Congreso de los Diputados. No se ha podido establecer, por ejemplo, quien ordenó a las unidades especiales de la Guardia Civil (UAR), que acordonaron las inmediaciones del palacio de la Carrera de San Jerónimo, su presencia en ese escenario ni su despliegue por delante de la Policía Nacional.

Sin explicación

Tampoco hay explicación plausible para la permeabilidad que dicho cordón de la Guardia Civil mantuvo hacia determinadas personas civiles y militares. En particular, fue muy llamativa la presencia en el Congreso del duque de Montealegre, que llevado de la curiosidad se asomó al salón de plenos, donde fue reconocido por algún ministro. El duque, que en la milicia es coronel de Caballería y se llama Juan Castillejos, una vez fracasado el golpe, volvió vestido de uniforme para despedir a su «héroe» particular, el teniente coronel Tejero.

Juan Castillejos es íntimo amigo del marqués de Villaverde y figura, según las informaciones más solventes, como enlace en la recepción de fondos destinados a financiar la infraestructura del golpe. Por ese cauce llegó, por ejemplo, a los sediciosos una cantidad de veintiséis millones de pesetas, entregadas por una relevante personalidad de la vida nacional perteneciente a una familia de conocida raigambre integrista.