El plante de los controladores se empezó a gestar el verano pasado

Los controladores civiles ya advirtieron que estaban a punto de plantarse hace casi cuatro meses, exactamente a primeros de octubre del año pasado.

El vicepresidente de la Federación Internacional de Pilotos (IFALPA) había soltado la denuncia de la inseguridad del tráfico aéreo, en España unos meses antes, en julio, y desde entonces, los ánimos se habían caldeado. Lo cierto es que no sólo la Administración, sino los profesionales de las diferentes ramas que inciden en el transporte aéreo español, negaron que éste fuera inseguro, pero reconocieron fallos en la cobertura de la seguridad. La seguridad se venía manteniendo a costa de perder fluidez y rentabilidad económica y aumentar el esfuerzo del personal dedicado a mantener esa seguridad.Ni controladores ni pilotos -especialmente éstos- quisieron apretar demasiado a la Administración en esos meses de verano por aquello de no tirar piedras contra nuestro propio tejado en beneficio de políticas foráneas, por parcial razón que tuviera el directivo de la IFALPA. Pero sí empezaron a mantener contactos negociadores con las altas esferas del Ministerio.

Una serie de reportajes publicados por EL PAIS a partir de la fecha citada más arriba culminaron con una conferencia de Prensa del titular del departamento ministerial, José Luis Alvarez, y quedó claro que la Administración asumía la problemática existente, tanto a efectos de necesidades de material técnico corno de personal y sus reivindicaciones socioeconómicas. En virtud de esto se habían trazado unos planos a corto y medio plazo en los que se contemplaban realizaciones de diversa índole, cuyo importe económico ascendería a unos 3 000 millones de pesetas, para la cobertura concreta de la seguridad aérea, y un total de 7.000 millones para automatizar todo el control aéreo según precisó el ministro el día 16 de octubre.

Estos planes atenderían a la red aeroportuaria, en cuestión de racionalizar los servicios; infraestructura técnica de radio y radar, balizajes y otros acondicionamientos de pistas, etcétera; aplicación de la informática para el tratamiento de diferentes problemas; obras de mejoras en importantes aeropuertos, entre ellos el de Barajas, cuyos proyectos empalmarían en 1985 con el probable inicio de estudios a fin de determinar la conveniencia de establecer un nuevo aeropuerto madrileño alternativo y complementario, así como el comienzo de gestiones para cubrir la plantilla de controladores actualmente de 1.600, y sin posibilidad de aumento, que se encuentra cubierta por titulados sólo en un 60%, aproximadamente, y tratar de cubrir unos cuarenta o sesenta puestos al año.

La mayor parte de estos planes estaban aprobados y presupuestados antes de finales de año. Dato éste que los responsables del Ministerio de Transportes esgrimieron como prueba de buena voluntad y de decisión de la Administración para resolver los problemas existentes en una medida que se calificaba de suficiente y racional dentro de las circunstancias españolas.

Los controladores, por su parte, han manifestado desde aquellas fechas su desconfianza hacia la Administración, por cuanto aseguran que no ha ido cumpliendo sus promesas. En este sentido, a principios del presente mes difundieron un comunicado en el que avisaban de que el tráfico aéreo iba a sufrir trastornos el día 14 si la Administración persistía en su actitud. Se entiende que la actitud es la de no satisfacer sus aspiraciones. Y en ese punto los controladores y la Administración no llegan a un acuerdo, y lo que se venía gestando desde el verano revienta a las puertas del congreso de UCD.

Los controladores mantenían y mantienen que, con su esfuerzo, suplen defectos de planificación, de infraestructura y de plantilla, mientras que la Administración lleva diez años sin clarificar su cuerpo profesional, del que, según dicen, ni siquiera se halla bien determinado el acceso al mismo.

La Administración contrapone a estos criterios la base de que es imposible transformar a muy corto plazo la situación, tanto técnica como en lo que afecta a las cuestiones económicas o profesionales.

Los controladores insisten en que el aumento salarial que ahora reivindican, del 46% -el sueldo medio actual es de 75.000 pesetas-, no parecería tan disparatado si se tiene en cuenta que el aumento en 1979 fue del 3% y del 8% en 1980. En apoyo de este concepto exponen las enfermedades de tipo cardiovascular, psíquico y digestivo a las que los controladores son propensos por las peculiaridades de su trabajo.

La Administración no parece dispuesta a ceder ese porcentaje de incremento, punto crucial en el momento presente, al que se ha concretado la negociación de un conflicto iniciado con perspectivas más hondas y globales.