La revisión del Plan General del Area Metropolitana y el consejo de municipios

El pasado 9 de noviembre se publicaba en esta «Tribuna libre» un amplio artículo en el que los señores Rodríguez Colorado, Jesús Prieto y Juan Barranco hacían algunas consideraciones sobre el proceso iniciado por las fuerzas de izquierda madrileñas de cara a la revisión del Plan General, consideraciones enfocadas desde la óptica del PSOE y con un planteamiento, en cierta medida, unilateral.Para el PCE no se trata tanto de valorar quién lleva la iniciativa, desde el punto de vista partidario, como los resultados que para la izquierda y para la mayoría de los ciudadanos puede tener esta operación en contra de los propósitos iniciales de la Administración central (Coplaco), reflejo claro de la política de UCD.

Las propuestas de Coplaco y el decreto-ley

El papel que ha jugado Coplaco desde las elecciones municipales hasta, aproximadamente, el pasado mes de mayo ha tenido un objetivo fundamental: amortiguar las decisiones que en urbanismo afectaban negativamente a los sectores sociales representados por UCD. Esta práctica, que no se manifestaba abiertamente, se explicita de forma contundente cuando se plantea lo que hemos dado en llamar restos históricos (hipermercados, etcétera... ), y en ese momento queda claro que la existencia de Coplaco, tal y como estaba concebido, impedía abrir el proceso de revisión del Plan General en función de los intereses de los municipios del Area.

Ante estas primeras luces rojas se abrió un proceso de negociación PSOE-PCE, de cara a plantear a fondo la revisión del Plan, coordinando la presión de la izquierda no sólo en el pleno de Coplaco, sino en el conjunto de los municipios del Area, posibilitando la incorporación de una parte importante de los contenidos progresistas de la izquierda al proceso de revisión.

Por ello, la propuesta inicial de los comunistas fue rechazar, en el mes de junio, la alternativa-esquema que presentaba Coplaco, y en buena medida aceptada por el PSOE, en la que, bajo una apariencia de compatibilización Administración local-Administración central, se mantenía el status anterior, con un protagonismo prepotente de Coplaco en la elaboración de las directrices para el Area, dejando solamente a los municipios la aprobación inicial de los planes, en contradicción con el artículo de la ley del Suelo a que hacíamos referencia, que pone en manos de los mismos también la aprobación provisional.

A partir de ese momento, y abierta la negociación entre las ejecutivas madrileñas del PSOE y del PCE, se propone una alternativa conjunta con un doble objetivo: restituir a los municipios del Area las competencias que en materia urbanística les habían sido arrebatadas con la ley general del Area y garantizar el reconocimiento del fenómeno metropolitano a través de un proceso de compatibilización intermunicipal que más tarde había de contrastarse con las propuestas de la Administración central, tras lo cual saldría una síntesis concreta, que sería lo que hemos dado en llamar directrices.

La propuesta de decreto-ley es elaborada conjuntamente por ambos. partidos de izquierda y tiene como soporte de presión ante la Administración central al consejo de municipios, del que más abajo hablaremos, que es quien, a través de su comisión permanente, negocia con el ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

Este decreto es un paso de primera importancia y supone:

1. La incorporación de los municipios del Area al régimen general de los ayuntamientos en materia urbanística.

2. El reconocimiento del fenómeno metropolitano, que obliga, sin duda, a un reparto de las cargas y beneficios del proceso de revisión y a una compatibilización intermunicipal.

3. La influencia municipal en la elaboración de las directrices, tanto desde el punto de vista técnico como político, tanto en el período de compatibilización intermunicipal como en el de contraste con las propuestas de la Administración central.

4. La iniciación de un proceso de revisión transparente, potenciando la información a los ciudadanos, así como su participación en el mismo.

5. Por último, como el artículo primero del decreto especifica, se garantiza la autonomía municipal, reconocida en el artículo 140 de la Constitución: «En ningún caso dichas directrices podrán establecer criterios que son de exclusiva competencia municipal, y que deberán fijarse en los correspondientes planes de ordenación municipal».

En el libro Cambiar Madrid, publicado en enero de 1979, el Partido Comunista proponía la posible creación de una mancomunidad de municipios en el área metropolitana para contrarrestar el peso de Coplaco y la Administración central en materia de planeamiento e incluso para si sustitución. En aquellos momentos, al no haber un pronunciamiento claro por la autonomía uniprovincial (se daba por probable la integración de Madrid en Castilla-La Mancha), la mancomunidad tenía un papel mucho más claro que lo podría tener ahora. No obstante, cuando se inicia la batalla de la izquierda por la revisión del Plan, los comunistas planteamos la necesidad de un organismo de presión ante Coplaco, organismo que concretábamos en una asamblea de municipios que tendría como funciones esenciales:

a) Hacer una declaración política en torno a la autonomía municipal y la necesidad de integrar al área metropolitana en el régimen general de los Ayuntamientos.

b) Conseguir modificar el decreto que tenía Coplaco en cartera para llevar al pleno del mismo y aprobarlo mediante la mayoría mecánica que en él tiene.

La representación de los municipios en esa asamblea debería ostentarla un número determinado de concejales por cada Ayuntamiento en función de la correlación de fuerzas.

Sin embargo, la negociación entre las fuerzas de izquierda, y ante todas las propuestas del PSOE, hacen variar esta propuesta inicial en un doble sentido: por un lado se propone e la estabilización de ese organo intermunicipal, así como la posible asunción de otras áreas que afecten al conjunto articulando distintos órganos dentro del mismo y reglamentando su actividad y por otro, se propone la creación de un equipo técnico propio que lleve adelante la elaboración de las líneas generales de la revisión. Estas propuestas contribuyen de forma efectiva a estabilizar esa asamblea de municipios y son un paso imporante para quebrar las posiciones que hasta entonces mantenía Coplaco. Con ello, queda constituido el consejo de municipios en la composición que en la actualidad tiene: representación de los Ayuntamientos a través de los alcaldes, salvo en el Ayuntamiento de Madrid, donde figuran, además del alcalde, un concejal nombrado por el mismo y el concejal delegado de Urbanismo.

Sin embargo, sí habría una reflexión que hacerse de cara a la posible constitución de un organismo con entidad jurídica que sustituya al actual consejo (que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico), ya sea mancomunidad o consorcio metropolitano. El hecho de que el actual consejo lo constituyan únicamente los alcaldes impide un trasvase real de la correlación de fuerzas, del voto ciudadano, dándose una deformación que si bien no varía la relación izquierda-derecha sustancialmente sí da al PSOE una prepotencia casi absoluta de cara a la toma de decisiones que no se corresponde con la representación general en el área funcional (ver cuadro adjunto)* de los dos partidos de izquierda más importantes.

En resumen, podemos afirmar que la izquierda ha empezado a asumir deforma efectiva la dirección del urbanismo en el área metropolitana. Que los municipios han impuesto en la práctica los derechos que constitucionalmente les son reconocidos iniciando, de forma coordinada y solidaria, un proceso de largo alcance que va a modificar sustancialmente el modelo desarrollista de ciudad que hemos heredado del franquismo.