Armadores españoles estarían dispuestos a comprar la flota de Naviera Letasa

El sindicato de la Marina Mercante de UGT, reiteradamente aludido en el transcurso de la conferencia de Prensa celebrada hace una semana por el comité de empresa, y el depositario judicial de la quiebra de Naviera Letasa, SA, ha replicado a las referidas alusiones (véase EL PAÍS del día 4) con dos notas en las que trata de precisar su posición. Pero tales notas no hacen sino añadir nuevas sombras a un asunto lo suficientemente tenebroso como para merecer la compración, adelantada hace meses por la Prensa local, con el caso Matesa.

El aspecto aparentemente más sorprendente de la intervención del SMM-UGT en el asunto, es el relativo a la presencia en el puerto de Villa Constitución (Argentina) del secretario general de dicho sindicato, Modesto Herranz, quien, acompañado por el «hombre fuerte» de la empresa, José María López Tapia, y por el hijo del armador griego Angelikousis, trató de convencer a la tripulación del buque Marco Azul para que firmase un contrato por el que se reconocía al mencionado armador la propiedad del barco, que sería abanderado en Liberia.Angelikousis, presentando un contrato de compra-venta, firmado el 27 de marzo, pretendía que las autoridades argentinas embargasen el Marco Azul, por el que afirmaba haber pagado 585 millones de pesetas. El contrato exhibido era, sin embargo, anulable por, al menos, cuatro razones: haber sido firmado dentro del período de retroacción de la quiebra; no contar con la preceptiva licencia de exportación de la Subsecretaría de la Marina Mercante, carecer de la autorización de los acreedores hipotecarios con derechos sobre el barco, y no respetar estrictamente, en lo relativo a la garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo, los términos en los que la junta general de Letasa había autorizado la venta del buque. Pero, sobre todo, como se demostraría posteriormente, era falso que el armador hubiera satisfecho los 585 millones de pesetas. Sin embargo, la existencia del contrato, firmado ante notario, podría servir para que en cualquier puerto no español las autoridades del país en cuestión procedieran a embargar el buque, cosa que, por segunda vez, intentó el armador griego, con la colaboración de López Tapia, el 25 de junio, estando fondeado el Marco Azul en un puerto brasileño.

Jugada de póquer

Ante esta situación, el depositario judicial, contrario a una operación que, en su opinión, perjudicaba los intereses de la naviera, los de los acreedores, los de los trabajadores y los de la economía nacional -puesto que existían ofertas equivalentes o más ventajosas de armadores españoles-, planteó lo que podría considerarse una jugada de póquer: convencido de que el armador griego estaba jugando «a farol» y que, en realidad, no era capaz de pagar la mencionada cifra en el plazo de tres días estipulado en el contrato, puso el barco a su disposición en el puerto de Algeciras, recordándole que, de no entregar el dinero antes del 1 de septiembre, perdía su opción sobre él. Pasado efectivamente ese plazo sin que la cantidad fuera entregada, el armador griego ha quedado al descubierto, puesto que, por una parte, queda sin validez alguna el contrato firmado en septiembre, y, por otra, reconoce indirectamente la ¡licitud de sus anteriores intentos de embargo. La documentación relativa a esta nueva situación obra en poder de los capitanes de los buques, como añadidos al documento de compra-venta, por lo que se hacen imposibles nuevos intentos como los de Argentina o Brasil.

Los argumentos de UGT

En su primera nota de réplica, hecha pública el día 4, el SMM-UGT no aludía para nada a la presencia de su secretario general en el primer intento de embargo. El escrito contenía, por el contrario, abundantes acusaciones contra el depositario judicial, Juan María Ayo, por una parte, y contra el SindicatóLibre de la Marina Mercante (SLMM), ampliamente mayoritario entre la tripulación, por otra. Al primero acusaba de carecer de «categoría moral para acusar de fraude a nadie», dado que, decía la nota, «actúa como broker (intermediario) particular en las operaciones actuales de Letasa, con un lucro particular al respecto». Al SLMM se le acusaba, entre otras muchas cosas, de seguir una trayectoria tortuosa», de «no tener la menor idea del asunto» y de mantener una posición «demagógica y oportunista».Sin embargo, en una nota posterior, más matizada, del SMM-UGT, hecha pública el día 5, desaparece toda mención al sindical rival (el SLMM), y respecto al depositario judicial de la quiebra se limita a señalar que es «juez y parte en el asunto» por haber sido «despedido de la empresa, cobrando en concepto de indemnización 19.482.312 pesetas». El propio Juan María Ayo, nombrado depositario a propuesta de los acreedores y que cuenta con el apoyo, confirmado por escrito, de las tripulaciones de los distintos buques de la compañía, precisó ayer a EL PAÍS las circunstancias de su despido, «realizado personalmente por José María López Tapia minutos después de finalizar lajunta en la que se decidió el sobreseimiento de la suspensión de pagos que abría paso a la declaración de quiebra». La indemnización, tras el correspondiente juicio por despido improcedente, fue fijada por la Magistratura de Trabajo el 10 de junio pasado. El señor Ayo considera «significativo» que la primitiva acusación haya desaparecido y se pregunta «qué relación hay entre haber cobrado una indemnización por despido improcedente y la insinuación de parcialidad incluida en la segunda nota».

Respecto al fondo del problema, el SMM-UGT reconoce que «lo que hay que determinar es si la venta es legal o fraudulenta, circunstancia esta que una vez clarificada se actuará en consecuencia». Dado que ese es precisamente el «quid» de la cuestión, la frase podría interpretarse como una sutil autocrítica, puesto que hasta el momento, y pese a las cinco razones en contra antes señaladas, dicho sindicato había dado por buena la operación de venta al armador griego, hasta el punto de desplazar a su principal dirigente a Suramérica para avalarla de hecho.

Respecto a las garantías de dicha operación -puesta en cuestión por el comité de empresa, que desconfia de la solvencia de la empresa Magnolia Shipping, que figura oficialmente como compradora en el contrato del 27 de marzo-, la nota del SMM-UGT argumenta asegurando que la citada empresa es «la representante en Londres de Anchelet Shipping, consorcio naviero en posesión de una flota de más de cuarenta barcos». Según el anuario naviero de la Lloyds, (Shipowners and Managers, Londres) la empresa Agelef

Shipping Co. (a la que seguramente se quiere referir la nota con el nombre erróneo de Anchelet) es la representante en la capital británica de la Magnolia, y no al revés. A su vez, el «consorcio en posesión de una flota de más de cuarenta barcos» no es, según dicho anuario, la compañía Agelef, sino la Anangel Shipping Enterprises, SA, cuyo presidente es el armador griego Angelikosis y cuyos intereses también son represen tados en Londres por la Agelef. En caso de pleito -por ejemplo por incumplimiento de alguna cláusula del contrato- no se podría recurrir jurídicamente contra ninguna de las empresas citadas, independientes a tales efectos entre sí, sino únicamente contra «Magnolia Shipping», inscrita en el registro de la capital liberiarta con un capital social purarnente simbólico.

Hay compradores españoles

La nota del SMM-UGT reconoce, por otra parte, la «conveniencia de que la venta se efectuase a armadores nacionales», aunque «la dificultad estriba en que ello sea una realidad». El comité de empresa (y el señor Ayo, por su parte) no ha dejado de argumentar desde hace meses que «si se ofreciera una línea de financiación equivalente a la ofrecida. a los presuntos coinpradores extranjeros -por la vía de créditos a la exportaciónsobrarían navieros españoles dispuestos a comprar». Ayo mostró a EL PAÍS ofertas de empresas como Marcosa (propietaria primitiva del Marzo Azul), Compañía Marítima de Zorroza, Marflet y grupo Codeminas, entre otras.La ventaja de que la operación de venta se concluyese con una empresa española reside no sólo en la garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo que supondría, sino, además, en que no se privaría al mercado español de la riqueza generada por la continuidad en seguros, provisiones, reparaciones, pertrechos, nóminas, etcétera. Pero, sobre todo, el beneficiario de los créditos oficiales -muy baratos en relación al nivel actual de inflación- no sería un armador extranjero, sino una empresa española.

Por lo demás, la oferta de Angelíkousis, de 3.625 millones por toda la flota, supone una diferencia de entre mil millones y 1.500 millones de pesetas respecto a los precios medios en el mercado internacional. Laoperación, en esas condiciones, no puede satisfacer ni a la Administración (que aportaría las divisas para la financiación exterior), ni a los trabajadores (a los que no se garantiza el puesto de trabajo), ni a los acreedores (que no cobrarían sus deudas), La pregunta es: ¿quién se lucraría entonces con la venta al armador griego?