Suárez recibirá el martes a una comisión de alcaldes

Una comisión de alcaldes de distintas ciudades españolas visitará el próximo martes al presidente del Gobierno, con intención de obtener el compromiso de una «política de reconstrucción municipal». La entrevista versará, según los alcaldes, sobre incumplimientos de acuerdos anteriores -el Estado debe 100.000 millones de pesetas a las corporaciones locales, en concepto de recaudación por gasolina y liquidación de deudas anteriores-, pero los alcaldes están dispuestos a que el encuentro no se convierta sólo en una discusión de temas puntuales.

La reunión con el presidente ha estado precedida de una serie de entrevistas con miembros del Gabinete -los ministros de Administración Territorial, José Pedro Pérez Llorca, y de Hacienda, Jaime García Añoveros-, en las que han participado los alcaldes de Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga y Bilbao, así como el primer teniente de alcalde de Zaragoza y el delegado de Hacienda de Madrid, éste último en ausencia del alcalde Enrique Tierno, que guarda reposo con motivo de su enfermedad ocular.Narcís Serra, alcalde de Barcelona, explicó a EL PAIS que el encuentro con Suárez será seguido inmediatamente de una conferencia de prensa, a fin de explicar el resultado de la entrevista con el presidente. «Un jefe de Gobierno», dijo Serra, «no se reúne con los alcaldes para que le expliquen los problemas de los ayuntamientos, sino para dar respuesta a las cuestiones que previamente hemos planteado a los ministros.

El alcalde de Barcelona insistió en que los rectores de los ayuntamientos no están dispuestos a entrar en una discusión sobre el dinero que se debe en esta ciudad o el problema específico de aquella otra hay casos muy graves, que afectan incluso al pago de las nóminas de los funcionarios de varias corporaciones, pero lo fundamental es que el Gobierno acepte un plan con tres puntos principales: compromisos de tesorería, respecto al pago de lo que el Estado debe a los ayuntamientos; medidas de emergencia para hacer frente a los problemas más urgentes, y un programa a medio y largo plazo, incluida la nueva ley de régimen local.

«Nadie puede acusar a los ayuntamientos de ser malos administradores», agregó Serra. «Basta con decir que, a finales de 1978, los ingresos de las corporaciones locales eran el 5,1% de la Administración pública, y los gastos representaban el 8,1%».