El ayuntamiento ratificará mañana su ordenanza sobre venta ambulante

La ordenanza reguladora de la venta ambulante será presentada otra vez en el pleno municipal de mañana, viernes, para su ratificación, a pesar de que su texto colisiona en algunos aspectos. con el real decreto aprobado el pasado 23 de mayo. Esta ratificación, considerada necesaria por el concejal responsable de Abastos y Mercados, será seguida en el plazo de tres meses de una adecuación de la ordenanza municipal al decreto. Gracias a esta tramitación, a la que UCD se opone, ya que considera que la ordenanza está invalidada y hay que hacer otra, los responsables municipales esperan tener un texto definitivo en la mitad del tiempo que se necesitaría en caso de comenzar de nuevo.

El pleno municipal de mañana tratará, entre otros puntos, la ratificación de la ordenanza ya aprobada el pasado mes de febrero, clespués de que se cumpliera el trámite de exposición pública del texto y el estudio de las alegiciones.Esta ordenanza fue a continuacióri enviada a la Dirección General de Administración Local, que pidió un aplazamiento sine die para remitir el texto al Ministerio de Administración Territorial, con el fin de que se estudiara en profundidad.

El pasado mes de mayo, sin que se hubiera dado ninguna respuesta al ayuntamiento, el Consejo de Ministros aprobaba un teal decreto que imponía la determinación de un perímetro urbano én el centro de Madrid en el que estaría prohibida la venta, así como un número limitado de días, dos, para la instalación de situados y mercadillos.

Impugnar el decreto

Ante la publicación del decreto en el BOE, los responsables municipales anunciaron su decisión de impugnar el decreto, para lo que se ha pedido ya un informe al servicio contencioso. Asimismo, y para poner fin a una situación que se prolonga desde el verano del añei pasado, se ha decidido comenzar la regulación de la venta ambulante con la ordenanza aprobada por el ayuntamiento.«En nuestra opinión, esta ordenanza es válida, ya que ha cumplido todos los trámites. Esperamos una respuesta del Ministerio de Administración Territorial y de la Dirección de Régimen Local, y estos organismos no han dicho nada, por lo cual la ordenanza está aprobada. Eso no significa que no haya que adecuar el texto al decreto, pero para ello tenemos tres meses, con lo que es presumible que pasado este plazo podamos tener un texto definitivo», manifestó Luis Rufilanchas, concejal responsa ble de Abastos.

Según el señor Rufilanchas, en caso de empezar de nuevo la redacción de una ordenanza, como parece querer UCD, la situación irregular del comercio ambulante se prolongaría durante seis meses más, como mínimo. Otro de los puntos que pesan en la decisión de ratificar el actual texto es el régimen fiscal que acompaña a la ordenanza, y que fija las tarifas que se cobrarán por la instalación de puestos aislados o en mercadillos.

Estas tarifas van desde las novecientas pesetas al mes para lo puestos aislados de primera y segunda categoría hasta las 450 pesetas que se pagarán por los de novena categoría. Los puestos en mercadillo, clasificados según la superficie de los puestos, podrán instalarse mediante el pago de unas tarifas, también mensuales, que van de las 350 a las 750 pesetas.

Tanto estas tarifas como los diez artículos de la ordenanza están siendo aplicados en la actualidad por parte de las juntas municipales de distrito a cuyos presidentes se les hizo llegar el pasado mes de mayo unas líneas generales para la concesión de unas licencias que sustituirán a las cuatrocientas provisionales dadas desde el pasado año.

Entre los puntos del decreto considerados como impugnables por la Delegación de Abastos figura la lírñitación a dos días por semana para la instalación de situados en la vía pública. La fijación del perímetro en el que estará prohibida la venta promoverá asimismo una polémica entre ayuntamiento y comerciantes, que, curiosamente, se verán también afectados por la inclusión en el decreto de las frutas y verduras en la lista de productos autorizados, productos éstos que habían sido retirados de la ordenanza municipal.