Cuatro años después, casi todos lamentan la Constitución portuguesa
Los cuatro años transcurridos desde la promulgación de la Constitución portuguesa se conmemoran hoy en plena polémica sobre la revisión constitucional, uno de los principales temas de las próximas campañas electorales (legislativas y presidenciales) y línea divisoria entre mayoría y oposición.Es difícil recordar ahora la euforia que saludó la promulgación de la nueva ley fundamental de la joven democracia lusa, doblemente salvada de la dictadura y del peligro revolucionario de 1975. Pero también era difícil imaginar, el día 2 de abril de 1976, que escasos anos después de la entrada en vigor del sistema democrático parlamentario institucionalizado, como se decía entonces, la mayor parte de las fuerzas políticas que acogían con alivio el triunfo de la constituyente sobre «el poder de la calle» harían a la Constitución responsable de casi todos los males políticos, económicos y sociales del país.
Aprobada casi por unanimidad -sólo votaron en contra los dieciséis diputados (entre 250) del CDS-, la ley fundamental portuguesa fue entonces considerada como un instrumento jurídico muy avanzado en relación a todos los existentes. Si bien consagraba la transición de Portugal hacia una sociedad socialista y establecía relaciones de producción también socialistas, dedicaba una atención especial a la definición de los derechos y garantías de la persona humana, en todas sus dimensiones.
Hoy, este exceso de ideología y de preocupaciones programáticas es sentido por la nueva mayoría política como una camisa de fuerza que traba la evolución del país hacia una democracia parlamentaria «plena» o «verdadera»; es decir, del tipo en vigor en la Europa occidental.
La próxima Asamblea, que será elegida en septiembre y octubre, tendrá poderes para iniciar la revisión de la Constitución. Pero los límites que impone al alcance de la revisión -la necesidad de una mayoría de dos tercios para modificar los principios fundamentales y el cuadro institucional del régimen- son considerados insoportables por la actual mayoría de centro-derecha.
Un Parlamento capaz de votar la ley del referéndum -recurso para alcanzar la "libertad de revisión"- y un jefe del Estado dispuesto a promulgar dicha ley son, en gran medida, los objetivos que Alianza Democrática se propone.
La otra vía, la del consenso, del «acuerdo de régimen» con el Partido Socialista, aparece, si no totalmente excluida, sí difícilmente alcanzable, porque los socialistas estiman que la orientación fundamental de la Constitución no es negociable, aunque existan artículos cuya revisión sería fácil y otros «negociables».
Un fantasma habita la Constitución de 1976: el del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), cuyo único vestigio es hoy el Consejo de la Revolución. El pacto MFA-partidos, concebido para colocar bajo la protección de las armas los primeros pasos de la democracia, es hoy curiosamente presentado como una inaceptable tutela del poder político por el poder militar. Una de las tantas contradicciones de la Constitución de 1976 es haber institucionalizado el Consejo de la Revolución en el mismo acto que consagró la desaparición del MFA.
