El Vizcaya obtuvo 3.576 millones de pesetas de beneficio en 1979

El beneficio después de impuestos obtenido por el Banco de Vizcaya durante el ejercicio de 1979 fue de 3.576 millones de pesetas, con un incremento del 10,55 % sobre el año anterior. Ello ha permitido destinar 1.812 millones de pesetas al pago de dividendos -máximo legal del 6% sobre recursos propios medios, que establece la ley Larraz-, lo que supone 80,41 pesetas netas por acción, es decir, un 27,5% más que el año 1978.La ampliación de capital con que se especulaba en medios financieros no fue abordada en la junta general ordinaria de accionistas de la entidad, celebrada ayer en Bilbao. En este sentido, el consejero delegado del Vizcaya, Pedro Toledo, explicó a EL PAÍS que de acuerdo con el resultado de una encuesta realizada al efecto, la actual coyuntura de la Bolsa desaconsejaba dicha ampliación -en los referidos medíos se habló incluso de que la proporción sería de una por cinco-, al tiempo que el momento político del país no hubiera sido el oportuno, incluso de haber resultado dicha encuesta favorable a la referida operación.

No obstante, la ampliación no se descarta a lo largo del año, si bien se insiste en que el actual capital con el que está dotada la sociedad no requiere, de momento, el esfuerzo adicional del accionista.

La tasa de crecimiento de los saldos acreedores experimentó un incremento espectacular: 24,3 %, lo que ha permitido al Vizcaya ganar 0,26% puntos de cuota de mercado, alcanzando sus recursos ajenos los 456.518 millones de pesetas.

Según explicó Pedro Toledo, la justificación a este crecimiento radica, de una parte, en el incremento de la productividad (el saldo por empleado llegó a 42,48 millones de pesetas), y, de otra, en la buena aceptación de los nuevos productos de la sociedad.

Entre estos productos, Pedro Toledo destacó la alta rentabilidad obtenida con la llamada libreta de oro (mezcla de cartilla de ahorro y certificado de depósito), puesta en servicio en noviembre de 1978 y que contaba con 94.695 cuentas en diciembre de 1979, que arrojaban un saldo de 33.777 millones de pesetas.

En esta línea de diversificar los productos, el consejero delegado del Vizcaya anunció el lanzamiento, en este mes y en quince provincias, de la Creditienda, o crédito al comprador de bienes de consumo, garantizada por Crédito y Caución. Se persigue el acercamiento al cliente a través del comerciante. El crédito fija un mínimo de 50.000 pesetas y un máximo de 250.000.

En cuanto a la compra del Banco de Crédito Industrial, Pedro Toledo reveló algunos detalles de la operación, cuyo coste para el Vizcaya ha supuesto el desembolso de 1.290 millones de pesetas (el pago mínimo al contado, fijado por la Corporación Bancaria era de 1.100 millones). La compra de esta entidad la justificó el señor Toledo por el valor estratégico de la operación, ya que permite diversificar las marcas.

Por lo que se refiere a la auditoría realizada en el Vizcaya por la firma Arthur Andersen, Pedro Toledo resaltó la garantía de la gestión económica de la entidad, que supone el informe limpio rendido por el auditor. En este sentido, y a preguntas de los informadores, sugirió que muy pocas entidades bancarias pueden obtener este resultado.

En la intervención, ante la junta, del presidente de la entidad, Angel Galíndez, ocupó lugar destacado su preocupación por la crisis económica que atraviesa el mundo occidental y, de manera especial, nuestro país. En un discurso menos político y más económico que en anteriores años, el señor Galíndez señaló que se ha pasado de la crisis aguda a la crónica.

La situación de crisis parece ser obsesión del Vizcaya, lo que en buena medida justifica -como señaló, por su parte, Pedro Toledo- que de los gastos generales, que crecieron un 18,6%, se hayan destinado a provisión para créditos de dudoso cobro («es decir, los fallidos como consecuencia de la crisis») 4.989 millones de pesetas.

Señaló también los equilibrios cuyo restablecimiento es urgente para recuperar el dinamismo económico y social, el de la eficacia económica interna, el de la distribución apropiada de los recursos entre el consumo del presente y la inversión para el futuro y, sobre todo, el del Estado como agente organizativo fundamental.

Cuando la junta de accionistas, celebrada en el cine Capitol, de Bilbao, concluía, irrumpieron pacíficamente en el interior del local un nutrido grupo de trabajadores pertenecientes a las plantillas de Magefesa y de Sagarduy, que hicieron pública su difícil situación económica a causa de los problemas por los que atraviesan sus empresas.