PSOE y regionalistas, contra el Estatuto de Cantabria

La retirada del Partido Regionalista de Cantabria y la acusación por parte del Partido Socialista (PSC-PSOE) de que el proyecto de Estatuto es anticonstitucional, anunciando que presentarán un mínimo de cuarenta enmiendas a su articulado, convirtieron en animado debate lo que en principio iba a ser una conferencia de prensa en la que la ponencia de la asamblea mixta de parlamentarios y diputados regionales iba a dar a conocer su trabajo, una vez finalizado ayer el proyecto.El PRC justificó su retirada de la ponencia diciendo que no quiere ser confundido con «los autores del sucedáneo de autonomía que quieren darnos», y manifestó desacuerdos básicos en seis puntos: los relativos a la denominación y al territorio (los regionalistas proponían el nombre de Junta de los Valles de Cantabria frente al acordado de Diputación Regional, pidiendo además que se contemplase en el Estatuto la posibilidad de integración de municipios actualmente fuera de la provincia); a la sede del consejo del Gobierno autónomo e incompatibilidades de sus miembros; a la iniciativa legislativa, suprimida; a un determinado número de competencias que no se asumen, especialmente la de la Administración de justicia, pues se mantiene la pertenencia de Santander a la Audiencia Territorial de Burgos; al defensor del pueblo, y, sobre todo, a las elecciones, que el proyecto de Estatuto retrasa hasta 1983.

Algunos de estos puntos de desacuerdo los mantiene también el PSC-PSOE, especialmente el referido a las elecciones y el reparto de diputados regionales, que pretenden reformar corrigiendo el peso de las comarcas rurales en las que UCD y la derecha son mayoritarias, aunque el mayor enfrentamiento ha surgido al considerar los socialistas que el proyecto de Estatuto puede ser anticonstitucional al asumir competencias que no corresponden sino a los Estatutos redactados por la vía del artículo 151 de la Constitución. Para el diputado Jaime Blanco, esta asunción de competencias por encima del techo que marca el artículo 143 pudiera esconder una maniobra de UCD para retrasar aún más la autonomía de Cantabria, «ya que las Cortes no tendrían más remedio que rechazar el proyecto». UCD, por su parte, considera perfectamente constitucional el Estatuto.