Los residentes del José Antonio califican el cierre de ilegal

Los residentes en el Colegio Mayor José Antonio califican de ilegal el cierre del mismo, en una nota de contestación al rector de la Universidad Complutense (véase EL PAIS del domingo). Según los estudiantes, el artículo 26.2 del decreto 2.779/73 establece que «sólo podrán cesar en sus funciones los colegios mayores al término del período lectivo».Su derecho a seguir ocupando las instalaciones del centro lo basan en un contrato que les garantiza la residencia durante todo el curso, para lo cual tuvieron que depositar una fianza. Señalan también que han abonado ya las mensualidades de enero y junio.

Niegan haber practicado acciones de violencia, en tanto que contra ellos se ejercen presiones mediante el corte en los suministros de calefacción, agua caliente, alimentación y limpieza.

En su opinión, los problemas económicos del colegio no son fruto de la falta de solicitudes de admisión, sino de las obras de reforma, que han reducido a la mitad la oferta, de camas. No obstante, ha habido 180 peticiones de ingreso para 114 camas disponibles.

Por otra parte, al no haberse realizado los trámites legales necesarios para adscribir el centro a la Universidad Complutense, no consta que las posibles subvenciones tengan que ser abonadas por esta institución. La instalación del rectorado en el colegio mayor exigiría, además, unas obras de adaptación que califican de posible despilfarro, si se tiene en cuenta que el Ministerio de Cultura invirtió recientemente cincuenta millones en la modernización de habitaciones.

Afirman que la plantilla del colegio es de veinticuatro personas, y que fue aprobada, en su día, por el Ministerio de Cultura. En cualquier caso, consideran desafortunada la comparación del colegio con un hotel de lujo.

Terminan su escrito diciendo que hay otros colegios ya cerrados y otras instalaciones universitarias infrautilizadas, a las que podría dirigirse el rectorado para unificar sus oficinas generales.