Los socialistas presentaron su estrategia económica

La corrección del empobrecimiento galopante que padece nuestro país y la defensa de los trabajadores son los dos objetivos básicos de la estrategia económica del PSOE (no puede hablarse de plan económico), que ha sido elaborada por cincuenta expertos de este partido, reunidos el último fin de semana, y que fue ayer presentada en sus líneas generales a los medios informativos.Junto a los mencionados objetivos, según explicó Javier Solana, a juicio del PSOE, existen una serie de exigencias para afrontar la crisis sin que los costes recaigan exclusivamente sobre los trabajadores y el país salga debilitado. Estas exigencias se centran en la democratización del Estado, en una definición clara de las autonomías, en una democratización de la Administración y en el establecimiento de contrapartidas sindicales y relativas a la calidad de vida -como medios de distribución de la renta- en compensación de una menor presión sobre incrementos salariales. La renta, insistieron los socialistas, puede distribuirse en parte mediante salarios no monetarios -viviendas, equipamientos colectivos, escuelas- en beneficio de los trabajadores. Los socialistas afirmaron que la crisis económica se había acentuado por la ineficacia del Gobierno de UCD (hablaron de ayatollahs de un liberalismo económico decimonónico) y que el momento requería una respuesta para salir de ella y lograr una sociedad más igualitaria. El PSOE hizo hincapié en la necesidad de una política de concertación, y resaltó en este sentido el acuerdo-marco suscrito por UGT y CEOE. En otro plano también sería necesario un programa concertado en el Parlamento para la reordenación del sector público. El Gobierno debe presentar en el Parlamento un plan plurianual y no sólo un plan anual, que enmarque todos los problemas de actuación pública y que supongan una planificación a medio plazo (asignación de recursos, gastos, etcétera), con objetivo de hacer frente a la crisis.

La democratización del Estado, afirmaron, debe hacerse en su doble vertiente de central y autonómico, actuando sobre el sector público para lograr una mayor rentabilidad, eficacia y presencia sobre toda la economía. Hay que dotar al gasto público -dijeron- de mayor flexibilidad y sentido cíclico contra el parón económico del privado.

También se refirieron a la necesidad de completar el desarrollo de la reforma fiscal e impedir las maniobras restrictivas y desvirtuadoras de la derecha en este terreno. Una reforma fiscal vale poco -afirmaron- si no va a compañada de una reforma de la Administración tributaria, y más aún en un país como el nuestro, de alto grado de defraudación.

Insistieron en la necesidad de conjugar planificación y mercado. El mercado es importante para la reasignación de recursos, pero con la implementación y desarrollo de medidas antimonopolio y de defensa de la competencia. Y en la necesidad de que la banca oficial y las cajas de ahorro desde un control más democrático de su gestión sirvan de instrumentos financieros a ayuntamientos y comunidades autónomas.