La información, en peligro
SEGUN EL último informe anual del Instituto Internacional de Prensa (IPI) (Véase información en página 21.), el año que ahora acaba no ha sido globalmente positivo para la libertad de expresión en el mundo. Consolidados niveles más altos en la libre circulación de las informaciones en paises como España y Portugal, un número notoriamente superior de naciones han incrementado sus mecanismos de represión contra la prensa, de entre las que el Instituto destaca Irán, Turquía y las sociedades latinoamericanas bajo dictadura militar.A la postre, el informe del IPI viene a corroborar las analogías y correlaciones entre democracia y libre circulación de noticias. Y así ha llegado a ser práctica habitual de los polítólogos comprobar el grado de libertades públicas de un país antes por las libertades logradas por sus medios de comunicación que por los preceptos constitucionales. Asimismo es obvia la pesimista reflexión que entraña el informe aludido: remite la libertad de expresión porque remite la democracia parlamentaria y, pese a que el año que se extingue ha sido generoso en el derrocamiento de autocracias, sigue siendo una exigua y acorralada minoría la lista de países que se gobiernan por ese tan imperfecto como civilizado sistema que se reclama del sufragio universal y de la libertad de los partidos.
Acaso lo más novedoso del estudio del IPI sobre 1979 sea el incremento de la represión fisica contra los administradores de la información -los periodistas- como mecánica generadora en muchos casos literalmente de terror, y en otros, de coerciones económicas o judiciales. Administrar la información es oficio que conlleva notables riesgos físicos y que está oficialmente catalogado por la Organización Mundial de la Salud como la profesión más peligrosa, tras la de los pilotos dedicados a la prueba de prototipos aéreos; de ahí la atipicidad laboral y hasta personal, pocas veces exactamente comprendida, de quíenes tienen por responsabilidad administrar el bien público de la información. Pero 1979 no ha sido un año de conflictos bélicos a gran escala (el más sangriento fue la guerra civil nicaragüense, que deparó el asesinato del periodista estadounidense Bill Stewart) y, sin embargo, resulta estremecedora la estadística de periodista; desde directores a redactores de mesa, asesinados, «desaparecidos», encarcelados sin garantías judiciales, agredidos en sus personas o en sus bienes, privados arbitrariamente de sus puestos de trabajo por la mera defensa de su profesión y del derecho público a la libre circulación de las noticias. La lista de víctimas es suficientemente nutrida y variada como para presentar estos casos como consecuencia de actividades políticas (que en cualquier caso no tendrían por qué ser necesariamente ilícitas) desarrolladas bajo la tapadera del ejercicio del periodismo.
En cualquier caso es evidente que una «constelación de los ástros» se conjura contra el periodismo libre como la vida en libertad se ve amenazada por las corrientes políticas religiosas y filosóficas de un nuevo milénarismo. Sin embargo, sería un error estimar que el ariete colocado contra la prensa libre por las dictaduras groseras o encubiertas es la única amenaza cernida sobre la libre información; en la mayoría de las democracias de Occidente -particularmente en aquellas que históricamente están en vías de consolidación- se advierten signos de la vieja molestia, de la antigua incomodidad de los que detentan los poderes por la transparencia de las informaciones. Y todo cabe en esta sorda guerra contra el derecho.del público a la información: desde la contemplación administrativa de las empresas informativas como meras sociedades comerciales, sin trascendencia pública, a la incomprensión de sus reglas intrínsecas de funcionamiento, que obligan al secreto profesional, tema aún no resuelto en una sociedad respetuosa con la libertad de información como la estadounidense: desde el ahogo tecnológico de publicaciones necesitadas de apoyo social, contemplado impávidamente por los poderes públicos, hasta la picaresca del secuestro de los más elementales datos de obligada divulgación por parte de los Gobiernos, sin olvidar la tarea de sistemática intoxicación informativa de esas «murallas chinas» contra la verdad que las administraciones denominan, salvo honrosas y escasas excepciones, como gabinetes de información.
La realidad es que la máxima de Jefferson prefiriendo una sociedad con libertad de prensa y sin Gobierno a Gobierno sin libertad de prensa, pierde pie, día a día, abriéndose la brecha difícilmente separable entre libertades cívicas e informativas, que no pueden disociarse sin merma de las libertades generales. Una vez más peligra la libertad de prensa porque están a la baja las cotizaciones de las libertades individuales.
