La Caja de Ahorros de Cataluña protagoniza un inicio de oposición a la Confederación de Cajas

La Caja de Ahorros de Cataluña -antigua de la Diputación de Barcelona- mantiene, desde hace varias semanas, una postura de abierta discrepancia frente a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), concretada hasta el momento en la negativa de la institución catalana a otorgar un préstamo de mil millones de pesetas al Banco de Crédito Local y suscribir el contrato de aseguramiento de la parte de la emisión de deuda pública que le asignó la CECA, dentro del paquete de 15.000 millones de pesetas que correspondieron a las Cajas en el reparto efectuado por la Administración

La primera decisión del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Cataluña -sexta caja de ahorros, con 117.000 millones en depósitos- en contra de las instrucciones de la Confederación (CECA) fue la de no otorgar el préstamo de mil millones de pesetas al Banco de Crédito Local (BCL), asignado dentro de la operación de liquidación de las deudas vencidas de los ayuntamientos, decidida por el Gobierno a mediados del presente año.

Deudas de los ayuntamientos

Esta operación -todavía pendiente de culminación- contempla la cancelación de los préstamos vencidos de los entes locales (ayuntamientos y diputaciones), por un importe cercano a los 60.000 millones de pesetas, mediante la habilitación de nuevos créditos por parte del BCL. La correspondiente dotación de fondos para la entidad del crédito oficial se realizó por vía presupuestaria y mediante el otorgamiento de créditos de entidades financieras al BCL. Uno de los convenios suscritos fue el firmado con la CECA, aplicando ésta posteriormente criterios de distribución territorial para decidir la participación de las respectivas cajas, en función del volumen de necesidades financieras de los entes de sus respectivas provincias, con el límite de un 1% del total de los depósitos de cada Caja para el correspondiente crédito otorgado al BCL. Estas operaciones no son computables a efectos de coeficientes de inversión obligatoria y, de hecho, suponen, en muchos casos, una especie de aval del Banco de Crédito Local a operaciones anteriores, ya que el endeudamiento de los ayuntamientos y diputaciones se centraba, sobre todo, en las cajas de ahorros de sus respectivos ámbitos de actuación a nivel provincial.La negativa de la Caja de Ahorros de Cataluña a otorgar el crédito de casi mil millones de pesetas al BCL se fundamentó, según fuentes consultadas cerca de la propia institución, en el carácter voluntario de la operación y por la negativa a considerar computable el préstamo. Este tipo de operaciones, señalaron las mismas fuentes, contraviene el perpetuamente expresado anuncio de liberalización progresiva del sistema financiero, ya recortado reiteradamente mediante la ralentización en la reducción de los coeficientes.

El importe del crédito negado por la Caja de Cataluña es inferior al volumen de endeudamiento vencido de la Diputación de Barcelona, con asiento en el consejo de administración de la Caja, según fuentes solventes. Esta circunstancia parece, según todos los indicios, que motivará el que sea precisamente la Diputación la que quede fuera de la operación del BCL. Caso de confirmarse, es muy probable que la Caja de Cataluña otorgue directamente a la Diputación de Barcelona el correspondiente crédito para salvar su situación. Esta última operación sí sería computable, con lo que quedaría obviada una de las cuestiones esenciales planteadas con ocasión de la denegación del crédito al BCL.

Aseguramiento de deuda pública

Posteriormente, el Consejo de la Caja de Ahorros de Cataluña decidió no suscribir el contrato de aseguramiento de la parte proporcional correspondiente a la emisión de deuda pública de 50.000 millones de pesetas, repartida entre la banca privada (35.000 millones) y la CECA (15 000 millones).El sistema de reparto de la deuda pública consistió en aplicar criterios de proporcionalidad entre las cajas -al igual que han hecho los bancos con los 35.000 millones que les han sido adjudicados-, en razón del volumen de sus recursos y el incremento de depósitos registrado durante el presente año. Varias fuentes consultadas han indicado que este sistema no fue previamente consultado a las cajas y causó disgusto entre la mayor parte de las instituciones. Tras el reparto, bancos y cajas fueron llamados a suscribir un compromiso de aseguramiento de las cantidades correspondientes, mediante el cual garantizan la colocación de la totalidad de su asignación, bien entre sus clientes o en la propia cartera de títulos. El compromiso incluye también a la garantía de no negociar los títulos de la deuda en el mercado antes de los seis meses siguientes al cierre del plazo de suscripción. El contrato fija una prima del 2% de colocación para las entidades suscriptoras.

Coeficientes amarillos

La postura de la Caja de Cataluña se concreta, según fuentes próximas a la entidad, en el rechazo al método instrumentado, mas que a la suscripción de una parte de la deuda pública emitida. Los responsables de la entidad discrepan esencialmente de la proliferación de los llamados coeficientes amarillos y, sobre todo, del papel dictatorial de la CECA, que adopta sus decisiones en este tipo de temas sin consultar a las cajas que la integran. En el caso concreto de la deuda, los responsables de la Caja estiman que hubiera sido necesario tener en cuenta también el grado de liquidez de cada una de las instituciones a la hora de repartir los 15.000 millones de deuda asignados. Pese a todo, en medios financieros de Barcelona se da como seguro que la Caja de Ahorros de Cataluña adquirirá la totalidad de la deuda asignada, caso de que no se complete su colocación entre el público. En este caso, la institución perdería la comisión del 2%, ya que sólo se aplica en caso de suscribir el compromiso de aseguramiento.

Críticas a la CECA

Aunque la postura de la Caja de Ahorros de Cataluña no ha sido secundada por ninguna otra Caja española, medios próximos a las entidades de ahorro aseguran que son cada día más abundantes las muestras de disconformidad respecto al papel y comportamiento de los principales responsables de la CECA. Esta oposición estaría especialmente centrada en las grandes, toda vez que su contribución a los costosos gastos de estructura de la Confederación es más elevada y, en cambio, la distribución de votos en su seno es a razón de uno por cada una de las 82 cajas que la integran.Diversas fuentes consultadas coinciden en señalar que la CECA dista mucho de cumplir con eficacia las misiones que teóricamente tiene encomendadas. La principal de ellas sería la de constituir un órgano de representación efectiva de los intereses de las cajas frente a la Administración, pero un buen número de cajas considera que es más un instrumento de transmisión de las voluntades del Gobierno a las instituciones de ahorro.

Otra de las críticas más generalizadas se centra en la actividad inversora de la Confederación. Es la composición de su cartera de valores -sistemáticamente oculta-, que obedecería, en opinión de varias fuentes consultadas, a intereses difícilmente confesables y, en cualquier caso, muy distantes de los de las cajas que integran la CECA. El blanco más frecuente de las críticas que vierten hacia el papel de la Confederación es el actual director general, Luis Coronel de Palma, quien regresó a su anterior puesto merced a la excedencia solicitada durante su permanencia sucesiva en los cargos de gobernador del Banco de España y embajador en México.