La izquierda reclama la paralización definitiva de las obras de la central nuclear de Valdecaballeros
La suspensión temporal de la licencia de construcción de la central nuclear de Valdecaballeros, anunciada el miércoles a la Junta de Extremadura por el ministro de Industria y Energía, Carlos Bustelo, no ha conseguido detener la serie de críticas políticas y prácticas que provocaron las recientes autorizaciones gubernamentales de tres centrales de energía atómica. Ayer, el Grupo parlamentario del PCE presentó en el Parlamento una interpelación sobre el tema, en la que cuestiona el programa energético gubernamental, mientras que las dos principales centrales sindicales (CCOO y UGT) exigían una revocación definitiva de las licencias, al tiempo que apoyaban las reivindicaciones de los alcaldes de Badajoz.
En el lado contrario, las empresas eléctricas señalaron ayer a EL PAIS, a través de UNESA, que defienden, por una parte, la idoneidad del emplazamiento seleccionado y, por otra, se quejan de las dudas que han surgido ahora en torno a la opción nuclear, cuando ésta «ocupa un lugar destacado dentro del Plan Energético Nacional, recientemente debatido, votado y aprobado por el Parlamento español ».En la Administración, y según una nota de Europa Press, «reinaba ayer satisfacción» por el resultado de la reunión con la Junta de Extremadura, al tiempo que se esperaba que el informe encargado a la Consejería del Interior de la Junta sea favorable sobre las cuestiones planteadas: emplazamiento, seguridad y necesidad de la central.
Pero el Ayuntamiento de Badajoz, poco después de conocerse la decisión de Industria de suspender hasta el 15 de octubre la licencia de construcción, acordó emprender un recurso contra la resolución de la Dirección General de la Energía, que, en agosto pasado, concedió la licencia a UNESA para la central de Valdecaballeros.
Al acuerdo se llegó tras una moción presentada por el alcalde de UCD, Luis Movilla, que, inesperadamente, parece contradecir la política del Gobierno, favorable a dicha central. Esta política gubernamental, y según anunció el ministro Bustelo, será acompañada de una campaña de información a la opinión pública sobre la necesidad de la opción nuclear.
Interpelación del PCE
A falta de una reacción del PSOE, cuyo experto energético estaba ayer ilocalizable, Ramón Tamames, del PCE, manifestó a EL PAIS que su partido insiste en su oposición global a la política energética gubernamental, en especial al tema nuclear, ya que dicho plan -el PEN- «deja en manos de compañías privadas algo tan importante como la energía nuclear».
Tamames señaló que el Grupo parlamentario Comunista había presentado una interpelación al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en la que el PCE muestra su oposición a la construcción de dos grupos nucleares en Valdecaballeros y en la que pide que se suspenda definitivamente la licencia.
Para el diputado comunista y experto en temas económicos, el emplazamiento de Valdecaballeros presenta graves inconvenientes y su autorización viola el espíritu de los acuerdos parlamentarios que dieron base para la creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Por último, Tamames insistió en que ese CSN debe depender del Congreso de los Diputados.
UNESA: la opción nuclear, adoptada democráticamente
En cuanto al sector eléctrico, un portavoz de UNESA señaló a EL PAIS que «entiende que tanto en la elección de este emplazamiento como en lo que se refiere al proceso de autorización de la misma se ha actuado con absoluta objetividad y ortodoxia». Añade que «este emplazamiento ha sido seleccionado después de profundos estudios técnicos y de acuerdo con experiencias y sistemas seguidos en los países más avanzados del mundo».
Para UNESA, «la opción nuclear ocupa un lugar destacado dentro del Plan Energético recientemente debatido, votado y aprobado por el Parlamento español. Un Plan cuyas líneas fundamentales han sido, pues, decididas democráticamente, como democráticamente ha sido aceptada asimismo la opción nuclear como una de las alternativas fundamentales para hacer frente al abastecimiento energético de España y dar una respuesta válida a la crisis. energética que viene afectando al mundo occidental a partir del otoño de 1973. Desde una estricta perspectiva democrática, el Gobierno actuó con absoluta ortodoxia a la hora dc decidir la autorización de la central nuclear de Valdecaballeros y, a su vez, las empresas constructoras de la misma se hallan plenamente legitimadas, tanto técnica como políticamente, para llevar a cabo dicha obra. El sentido de la eficacia nos debería conducir a todos a aceptar y poner en práctica aquellas medidas que han sido ya ampliamente discutidas y decididas por parlamentarios democráticamente elegidos».
UGT: debe revocarse la autorización
Por su parte, la Federación de Industrias Energéticas de UGT, tras denunciar por antide mocrática la aprobación gubernativa por resolución de la Dirección General de Energía de tres grupos nucleares sin esperar a la creación del Consejo de Seguridad Nuclear previsto en las resoluciones sobre el Plan Energético Nacional.
Según UGT, ha habido complicidad de diversas autoridades e incluso remoción de aquéllas que han facilitado información sobre los expedientes. Como ejemplo de lo denunciado, la central socialista resalta el hecho de que en las disposiciones se detallen las condiciones que deben cumplir las obras y, entre ellas, las de cimentación, cuando ya en Valdecaballeros van invertidos 47 millones de pesetas, y los edificios principales están construidos a pesar de no contar con autorización ni licencia municipal. Para UGT, el Gobierno «trata de legalizar las inversiones que las empresas eléctricas han hecho de espaldas a las leyes y al pueblo». Por otra parte, según el sindicato socialista, el 60% de la subida de tarifas va a servir para financiar centrales nucleares.
UGT, finalmente, se opone al empleo de la energía nuclear de fisión para producir electricidad mientras existan recursos más baratos, no contaminantes ni peligrosos.
CCOO: apoyo a los alcaldes de Badajoz
La principal central sindical, CCOO, estima que para la construcción de centrales nucleares debe cumplirse antes una serie de condiciones: puesta en marcha del Consejo de Seguridad Nuclear; aprobación definitiva de las instalaciones por el anterior organismo y por el Gobierno autonómico del territorio donde vaya a ubicarse; normas de seguridad suficientes, y un plan de evacuación experimentado y público.
Al no haber cumplido ninguna de las mencionadas condiciones el caso de Valdecaballeros, CCOO considera que la autorización de la misma debe ser revocada y manifiesta su apoyo a las acciones de los alcaldes de Badajoz.
Necesidad de un diálogo
«La energía nuclear no es una panacea, pero la renuncia a ella provocaría un retroceso económico considerable », manifestó ayer Guido Brunner, comi sario de Energía de la Comunidad Económica Europea (CEE), en La Granda (Avilés), con motivo de su participación como comunicante en el curso dedicado a temas económicos que organiza la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos.
El señor Brunner agregó que la energía nuclear aportará a la CEE 170.000 puestos de trabajo, además de otros 270.000 en industrias conexas. «No podemos renunciar», dijo, «a este tipo de energía, tanto por motivos de suministro para frenar los precios crecientes del petróleo como por razones de orden económico general. »
Solicitada su opinión sobre la oposición al programa nuclear español, cuyo exponente más relevante ha sido protagonizado por el encierro de los alcaldes en Valdecaballeros, el señor Brunner respondió: «Entiendo que hay que llegar a un diálogo objetivo con los críticos de la energía nuclear. Quizá no haya acuerdo, pero se aclararían muchas cosas ante la opinión pública. »
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