La democracia no es causa del aumento de la delincuencia

La actual situación de la seguridad ciudadana no es consecuencia ni efecto de un sistema político determinado, ni su deterioro se deriva del establecimiento de un régimen democrático, sino que, por el contrario, cuanto más se acerque un sistema político a los ideales de justicia y participación ciudadana, tanto más estará garantizado el orden, la paz y la seguridad públicas, afirma la ponencia redactada sobre Justicia y seguridad ciudadana por la Asociación Profesional de Funcionarios Técnicos de Justicia de Asturias (formada por jueces, magistrados y secretarios de juzgados), que ha sido remitida al presidente del Tribunal Supremo, fiscal general de Estado y Comisión de Justicia del Congreso.Dicha ponencia se refiere al sentir popular, que contempla el momento presente bajo el signo de la inseguridad colectiva, determinada por un alarmante incremento en la delincuencia, especialmente de la violencia, y por una correlativa indefensión, producto de una obsoleta legislación y de una deficiente actuación de la Administración de Justicia. Agrega, sin embargo, que España no ha alcanzado aún las cotas de delincuencia violenta que ofrecen las estadísticas de otros países de la misma órbita cultural. Los funcionarios técnicos de justicia asturianos exponen sus dudas respecto de la inadecuación e insuficiencia de la legislación vigente, puesto que se dispone de unas posibilidades sancionadoras penales incluso demasiado severas, y en cuanto al aspecto procesal, subrayan la existencia de medidas y procedimientos que, en pura teoría, pueden satisfacer la pronta y eficaz aplicación de la ley Penal.

En su opinión, la Administración de Justicia no se encuentra en condiciones de cumplir plenamente con su función en la lucha contra la delincuencia porque carece de medios humanos y materiales suficientes, porque opera sobre una base organizativa propia de otras épocas y porque trabaja con una escasa colaboración ciudadana. El problema de la seguridad ciudadana en relación con la criminalidad -afirma la ponencia- no puede enfocarse exclusiva y principalmente desde el punto de vista de la perspectiva de la mera represión. Potenciar los valores éticos, suprimir las injusticias y las desigualdades sociales, impulsar y fomentar las instituciones culturales, haciéndolas accesibles a todos, constituyen las medidas más urgentes y eficaces para prevenir la aparición de conductas delictivas.

La represión de la criminalidad no puede enfocarse desde el punto de vista de la negación o debilitamiento de los derechos o garantías procesales del presunto delincuente. La sanción penal debe estar inspirada, sin merma de su eficacia, en el respeto a la dignidad y condición humanas: la mayor severidad en la imposición de las penas perjudica más que favorece. Los funcionarios de justicia de Asturias son partidarios de garantizar la aplicación de los actuales métodos penales más que de proceder a la creación de otros nuevos más rápidos, para lo cual es imprescindible una adecuada dotación de medios personales y materiales que garanticen la rápida y eficaz administración de la justicia.