La junta de accionistas de Olarra, SA, aprueba la suspensión de pagos
El «ejemplar comportamiento de los acreedores» y, sobre todo, «el apoyo de la banca privada, que está actuando hasta el límite de sus posibilidades», permitirán la normalización de la producción de Olarra, SA. A partir del primero de septiembre, según la esperanzada opinión expresada ayer por su presidente, Luis Olarra Ugartemendía, ante la junta extraordinaria de accionistas convocada para ratificar la medida de suspensión de pagos decidida por el consejo de administración el pasado día 4.
El ex senador real, que comenzó por rechazar toda acusación de «catastrofismo», aprovechó la ocasión brindada por la junta de reiterar sus conocidas posiciones sobre la situación económica actual, de la que culpó abiertamente al Gobierno. «Ha faltado valentía para definir los problemas y decisión para hacerlos frente», aseguró Olarra, por lo que, «de no abordarse de una vez, sin gambeteos ni ambigüedades, un plan coherente, sectores enteros, como el de la exportación, están abocados a la bancarrota no más tarde del próximo otoño».«Al menos», añadió, «parece que ahora hay síntomas de una toma de conciencia sobre la gravedad de la situación, incluso en sectores laborales. » Sin embargo «la clave sigue siendo la línea de actuación que decida el Gobierno». «Nosotros», comentó más tarde, en respuesta a la interpelación de un accionista, «aceptamos los avatares del mercado pero no podemos admitir que, en razón del juego político, con desprecio de la situación económica, se nos conduzca frívolamente a situaciones sin salida, como la planteada a los exportadores con la revaluación de la peseta. » Dicha revaluación, «al no haber ido acompañada de un incremento correlativo de la productividad, ha ocasionado una pérdida de competitividad del 40%, respecto al mercado de EEUU, y de un 30%, respeto a Europa», precisó en otro momento de su intervención Luis Olarra.
Por todo ello, «la devaluación es inexorable, bien mediante un goteo paulatino a la baja, bien mediante el decreto correspondiente. A no ser», concluyó, «que lo que pretenda el Gobierno sea, acabar definitivamente con todos los exportadores españoles».
Respecto a la situación de su empresa, Olarra repitió su conocida argumentación sobre la inevitabilidad de la suspensión de pagos, «una vez que el requerimiento judicial de una deuda de cincuenta millones por parte de la Caja de Ahorros Municipal provocó el inicio de una serie de ejecutivos de los acreedores en cadena». Esa «actuación anormal», en opinión de Olarra, ha tenido, sin embargo, su contrapunto en la «excelente disposición mostrada por la banca en general, incluida la otra caja de ahorros local». Con su apoyo, y tras haber llegado a un acuerdo con los proveedores de materias primas, «la situación productiva será normal tras las vacaciones de agosto».
Aunque ha habido contactos con algunos acreedores, la negociación oficial no se iniciará hasta dentro de algunos meses, «una vez clarificada la situación no sólo de Olarra, SA, sino de las expectativas en general del sector exportador, que dependen, en definitiva, de las decisiones del Gobierno». En todo caso, puede adelantarse que el acuerdo con los acreedores no implicará «quitas», ya que «no existen cargas a las que no podamos hacer frente». Por otra parte, tampoco está prevista ninguna reducción de plantilla ni expediente de crisis, «pues en julio, incluso después de conocida la suspensión de pagos, la cartera de pedidos ha sido mayor que nunca». De todas formas, las dificultades, de cara a la exportación, se habían traducido en una utilización de «apenas el 60% de su capacidad, en secciones como la de aceros inoxidables», por lo que «la confirmación de que no habrá que ir a una reducción de plantilla depende, en definitiva, de las medidas que decida la Administración respecto a la paridad de la peseta y otras cuestiones urgentes».
