El país que tenemos

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Ya he dicho en alguna ocasión que el hecho de que la izquierda no haya nunca asumido verdaderamente el poder en España -salvo brevísimos lapsos en tiempo de guerra- supone un trauma nacional histórico, a ratos confesado y a ratos no. Por su resolución, antes o después, pasa la estabilidad política del cuerpo social español y la reconstrucción del sentimiento nacional perdido. Los españoles tenemos derecho a ser gobernados normalmente por la izquierda política: y a entender que ello no supone una amenaza para la convivencia y las libertades públicas, ni por la actividad de la propia izquierda, ni por la contestación violenta de la derecha reaccionaria. Un eventual acceso del socialismo -aun si se definía marxista- a las responsabilidades de gobierno significaba así, en la teoría, un cambio cualitativo, no destructor, en el modelo de sociedad. Ese era uno de los puntos de referencia básicos del entendimiento popular y una de las razones objetivas que existieron antes de las primeras elecciones constitucionales para reclamar un Gobierno de coalición. Ahora la breve experiencia de poder municipal y la crisis interna del PSOE están poniendo de relieve las dificultades y la falta de madurez del primer partido de la izquierda española para asumir ese desafío.

Pero el tránsito de la dictadura a un sistema democrático parlamentario significaba, en cualquier caso, la oportunidad de ejercitar esa transformación cualitativa de la sociedad española. Coincidía con un cambio generacional profundo, en unas circunstancias de crisis económica de todo el Occidente y de definición de la nueva sociedad en un mundo cada vez más cercano entre sí gracias al desarrollo de la técnica. No hace falta referirse a milenarios taumatúrgicos para suponer que el siglo XXI puede marcar una transformación de fondo en las relaciones de la Humanidad. El concepto inmutable de la familia como célula básica de la sociedad, la propiedad privada como origen del Estado y la configuración geopolítica de las nacionalidades están siendo puestas en entredicho. La realidad es que el mundo, en todas sus -formas de protesta y represión, es hoy una continua y permanente lucha entre los que defienden la libertad -objetiva y subjetiva- como elemento básico de la dignificación y desarrollo humano y los que consideran prioritario el orden social.

La transición española se inscribe precisamente en un momento histórico del país en el que la pugna entre los deseos sociales de libertad y cambio contra la presión del aparato tecnoburocrático del poder fue recogida por los partidos de oposición a la dictadura. Popularmente se identificó con un sentimiento de vaga fidelidad a la izquierda política moderada como catalizadora de dichos deseos de cambio. El análisis que hoy podemos hacer es el de la decepción de un pueblo ilusionado primero por la transformación de su convivencia y condenado luego por su clase política a la obediencia de la estructura tradicional del aparato del Estado. Hemos vivido la metamorfosis de una aventura social colectiva con amplios horizontes, como era la construcción de la nueva democracia, en el abandono en manos de una élite dirigente que amenaza con encerrar en su exclusivo círculo de iniciados todas las expectativas posibles de desarrollo. Asistimos así a un nuevo despotismo ilustrado en nombre a un tiempo de la libertad y de la ciencia. Ello ha sido posible, entre otras cosas, por la no asunción, por parte de la izquierda, de sus responsabilidades históricas como motor esencial de los cambios sociales. Las transformaciones que el poder ha experimentado en los últimos años han sido precisamente fruto de la voluntad de adaptación de la derecha y no de una presión inteligente de la oposición, aprisionada como está entre sus banderas utópicas y el posibilismo oportunista de alguno de sus líderes. La tecnoestructura franquista ha sido capaz de asimilar y hasta de orientar el cambio sociológico operado durante la última década de la dictadura, mientras la oposición socialista no ha podido capitalizarlo. Todo ello, pese a la crisis económica y la amenaza terrorista, configura ahora un panorama de larga estabilidad de la derecha en el poder. La instalación perdurable en él de Unión de Centro Democrático supone la consolidación de las estructuras socioeconómicas del desarrollismo de la dictadura y la perpetuación de un tradicional sistema de valores en los que el peso de la doctrina católica y del aparato eclesial sigue siendo muy fuerte a la hora de tomar decisiones, lo mismo que los intereses de la alta finanza. UCD es subsidiaria tanto de esas hipotecas, como de la que se deriva del hecho de que la mayoría de sus líderes son altos funcionarios de la Administración o han vivido tradicionalmente del presupuesto del Estado. Su afición a la tecnoestructura y su veneración por «el aparato» han contribuido a su distanciamiento progresivo de las bases populares, y con ello, al restablecimiento de la clásica división entre la España real y la oficial. Es el triunfo de la tecnocracia sobre la imaginación, la concentración profesional del poder frente a la difusión social del mismo. El esclerótico Estado español sólo podrá democratizarse con el ingreso en su seno de elementos extraños, voluntariosamente decididos a romper el poderío no disputado de los burócratas. La izquierda, que no mantiene todavía compromisos pragmáticos con esta estructura, podría quizá ser capaz de lograrlo. Pero para ello resultarían necesarias, al menos, dos condiciones: el abandono de su tradicional postura de principios respecto a la intervención del Estado en la vida pública, que alimenta paradójicamente las posiciones tecnocráticas de sus adversarios; y la oferta de un cambio radical que configure una sociedad democrática basada en la distribución del poder y no en la mitificación de éste. Ninguna de las dos cosas, sin embargo, parece dispuesto a hacerlas el partido socialista. Del comunista, para qué hablar.

Estos son, pienso yo, los motivos esenciales del desánimo reinante desde hace meses en la vida social española. La sensación inevitable -de que estamos contribuyendo al fortalecimiento de aquello que queríamos cambiar ha alimentado las actitudes escépticas o abandonistas. El peso del poder, encarnado ahora en su versión parlamentaria por los más antiguos insignes predicadores de la contestación, comienza a agobiar de nuevo las esperanzas de nuestros ciudadanos. Quizá inevitablemente sea así. Quizá resulte imposible buscar una respuesta intelectual y moral a un mundo preestablecido de antemano y en el que hasta los conceptos de soberanía, independencia o libertad se hallan limitados por la propia convicción de las gentes que los pronuncian.

Pero yo todavía soy de los optimistas. Soy de los que creen que existen gentes capaces de romper la red y adentrarse en un proceso creativo y regenerador de la sociedad española. Y en la medida que dicho optimismo pueda hacerse patente en las páginas de este periódico, pienso que habremos contribuido un poco, todos y cada uno de cuantos trabajamos en él, a ahuyentar la tentación cósmica de los intelectuales de nuestro tiempo: la de arrojar la toalla.