El Gobierno conservador trata de restringir el poder sindical en el Reino Unido

La confrontación Gobierno-sindicatos comienza a perfilarse con claridad en el horizonte socio-político británico y la tormenta puede desencadenarse antes de lo previsto.

La chispa puede ser muy bien un documento de trabajo preparado por el Ministerio de Empleo con la clara finalidad de reducir el poder sindical y que ha provocado una airada reacción por parte de los sindicatos.El documento está en línea con las promesas contenidas en el manifiesto electoral del partido conservador y pretende servir de punto de partida de una negociación global Gobierno-sindicatos.

Las propuestas principales se centran en los siguientes puntos: limitación de la inmunidad legal de que gozaban hasta ahora los piquetes, restricción del derecho a utilizar piquetes exclusivamente a la industria afectada por la huelga y en el recinto donde esa huelga tenga lugar; protección a los obreros que sean despedidos por negarse a formar parte de un closed shop o afiliación sindical obligatoria y financiación por parte del Estado de las votaciones postales secretas para la elección de líderes sindicales, así como para la decisión de iniciar o terminar una huelga.

Las propuestas serán discutidas en el otoño entre representantes del Gobierno, de la patronal y de los sindicatos, pero la reacción inicial por parte de estos últimos no deja lugar a dudas sobre el resultado final. El secretario general de las Trade Unions, Len Murray, ha calificado las propuestas gubernamentales de «ataque importante a los derechos actuales de los trabajadores y de los sindicatos», y todos los líderes sindicales han prometido luchar con uñas y dientes para que el Gobierno no lleve adelante sus propuestas.

La reacción sindical es muy natural porque de ser aceptadas por el Parlamento las propuestas del Gobierno, el hasta ahora omnímodo poder de los sindicatos en este país quedaría seriamente quebrantado. Sin embargo, resulta evidente para muchos sectores de la sociedad inglesa que las cosas no pueden seguir como hasta ahora y que el ciudadano medio no está dispuesto a soportar otra oleada de huelgas salvajes como las padecidas el pasado invierno y cuyo resultado directo fue la elección del actual Gobierno conservador.

El Gobierno desea restringir el derecho al establecimiento de «piquetes secundarios», lo que quiere decir que los piquetes sólo se permitirán en la fábrica cuyo personal se haya declarado en huelga, pero no en otra industria que no tenga nada que ver con la misma. La causa es muy sencilla. El pasado invierno, por ejemplo, los camioneros provocaron casi el colapso de todo el país con sus acciones violentas al impedir la descarga de barcos a los estibadores.

Otro punto igualmente controvertido es la votación postal secreta entre los afiliados a un sindicato sobre si debe iniciarse o no una huelga. Hasta ahora las acciones industriales las decidían exclusivamente los comités de huelga y las ejecutivas de los sindicatos sobre la base de que los sindicatos no tenían dinero suficiente para hacer frente a los gastos de una votación entre todos sus afiliados. Pues bien, el Gobierno ofrece en sus propuestas financiar esas votaciones con cargo a fondos estatales, lo que equivale en román paladino a terminar con el sistema de votación a mano alzada.

Por lo que se ve, las negociaciones van a ser duras, largas y difíciles y de su resultado dependerá mucho la permanencia en el poder del actual Gobierno conservador.