Suspendido un juicio contra diez presuntos "grapos"

El juicio señalado para la mañana de ayer ante la Audiencia Nacional contra diez presuntos miembros de los GRAPO, acusados de asaltar el 18 de junio del año pasado la emisora de Radio Madrid para emitir un comunicado de dicha organización terrorista, fue suspendido pocos minutos después de iniciada la vista.El motivo de la suspensión fue la renuncia de los procesados a la defensa, por celebrarse el juicio sin una procesada, y de los abogados defensores a ejercer dicha defensa, después de que los procesados hubieran renunciado a la misma. Los encartados, además del asalto a la emisora de Radio Madrid, están acusados de un atraco a la empresa Ataio Ingenieros, SA, de Fuenlabrada, de donde se llevaron un millón y medio de pesetas en material.

El total, el fiscal solicita por ambos delitos 156 años de cárcel. Para Luis Alvarez Fernández, diecinueve años y cinco meses; para Eugenio Fernández Monteo, 38 años y once meses; para Elvira Dieguez Silveira, diecinueve años y cinco meses; para Juan Jesús Muiños Formoso, dieciocho años y cinco meses; para Francisca Pérez Pérez, diecisiete años y dos meses; para Justo Cavanas Morán, dieciséis años y cinco meses; para Juan Delgado Moreno, doce años y tres meses; para Fernando Hierro Chomón, nueve años y siete meses; para José Luis Bermejo Villegas, dos años, y para Rosario Viar Polo, tres años de prisión.

Nada más iniciarse el juicio, el defensor de Francisca Pérez solicitó la suspensión, por no encontrarse dicha procesada en la sala por acusas ajenas a ella. El fiscal y el tribunal se opusieron, por lo que los procesados renunciaron a la defensa y los abogados defensores se negaron a actuar en esas condiciones. El juicio, sin embargo, se celebró en lo que se refiere a la procesada Rosario Viar, en situación de libertad provisional. Esta negó su participación en los hechos, así como pertenecer a los GRAPO. Dijo que estaba en el piso donde fue detenida porque allí habitaba uno de los procesados con el que mantenía relaciones intimas. El fiscal mantuvo su petición de tres años respecto a esta procesada, mientras que su abogado solicitó la absolución.

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