Los temas económicos dominan totalmente la campaña electoral británica

«Unos, laboristas, ofrecen la continuación de la política de los últimos cinco años. Otros, conservadores, volver a la política de hace cuarenta años». La frase de David Steel, líder liberal británico, pretende resumir la falta de alternativas reales que ofrecen las elecciones del jueves. Irónicamente, el punto de vista de Steel es compartido por la izquierda más crítica del laborismo, obviamente desde posiciones diferentes.

Líderes políticos, candidatos y la mayoría de los medios informativos que opinan se encargan de subrayar que por primera vez en muchos años los ingleses van a tener ocasión de pronunciarse por dos modelos de sociedad sustancialmente diferentes. La versión más simplista opone el «socialismo sangriento» del laborismo a la libertad individual y prosperidad económica que traerán los tories. Apelaciones más refinadas sitúan la alternativa entre un partido socialdemócrata que hace política de centro derecha y un partido derechista dominado por su facción más radical.Con una matización de fechas, nueve años donde dice cuarenta, el comentario de David Steel podría ser suscrito por muchos desapasionados observadores de la escena británica.

En su manifiesto y su campaña electoral, el Partido Laborista ha dejado claro que el señor Callaghan no considera necesario, ni siquiera por motivos de seguridad, alterar el rumbo reciente de su navegación política. Los conservadores, por su parte, de cuyo lado se supone que está la fuerza innovadora, llegan a las urnas con idéntico programa y promesas que dieron el triunfo en 1970 a Edward Heath y que acabó en desastre cuatro años después.

La larga campaña, virtualmente acabada, ha conseguido poner de acuerdo sobre su vaciedad y aburrimiento al diario derechista de gran circulación The Daily Telegraph, y a la revista minoritaria de izquierdas Nes Statesman. Temas en ebullición, como el Ulster o el desempleo, han sido ignorados o aludidos de pasada. Rodesia, el más serio interrogante británico en materia exterior, ha sido utilizada por los conservadores como arma arrojadiza in extremis.

Nada sobre Suráfrica. Nada sobre las relaciones raciales en Gran Bretaña. Nada sobre la discriminación laboral y salarial femenina.

Las promesas económicas han dominado enteramente el terreno electoral. Impuestos, precios y relaciones laborales son los temas sobre los que los británicos votan el jueves.

El tema fiscal

James Callaghan se ha comprometido a reducir al 5 % la inflación para 1982, a rebajar marginalmente la contribución fiscal y a mantener un clima de entendimiento con los sindicatos que haga posible la estabilidad de los precios. Margaret Thatcher va más allá. Eliminando los controles socialistas sobre el mundo empresarial, reduciendo el gasto público y a la vez cortando drásticamente los impuestos se producirá una revitalización económica en la que los trabajadores encontrarán mayores incentivos y todos los Ingleses más libertad de acción.Edward Heath llegó en 1970 al poder con un programa idéntico. Dos años más tarde había introducido una política de restricción salarial y se había embarcado en un programa de grandes subvenciones a la industria. El 1974 perdió el poder en medio de una gran crisis económica.

El fisco retiene actualmente en Gran Bretaña el 33% de los Ingresos de la mayoría de sus ciudadanos. Es la llamada tarifa básica, que se aplica, una vez deducidas desgravaciones, a los ingresos anuales de hasta 6.000 libras, unas 850.000 pesetas. Una familia típica con dos hijos pequeños, en la que sólo el padre trabaja, tiene exentas de pago alrededor de 1.700 libras. El 33 % se aplica, pues, a las 4.000 restantes. El techo impositivo está fijado en el 83% para los pocos que ingresan por encima de 22.000 libras al año, alrededor de los 3.000.000 de pesetas.

Con este sistema fiscal, draconiano en comparación con el de la mayoría de los países europeos, no es dificil suponer el entusiasmo despertado por las promesas de la señora Thatcher. El problema es que a tres días de la votación los conservadores no han explicado satisfactoriamente de dónde va a salir el dinero que permita unos recortes en la órbita del 29% para la tarifa básica y del 60% en la más alta, topes ambos sugeridos por la jefa conservadora.

El programa tory promete reducir el gasto público, pero aumentarlo en los terrenos militar y policial y mantenerlo en sus niveles actuales en la seguridad social y las pensiones. También anuncia la venta a inversores privados de parte: de las acciones ahora en manos del Estado en astilleros, líneas aéreas y quizá British Petroleum. Pero a pesar de todo ello, las estimaciones menos partidista cifran en 5.000 millones de libras, tres cuartos de billón de pesetas, el dinero que el ministro de Hacienda tory tendría que sacar de alguna parte para hacer efectivas las promesas electorales.

Este dinero saldría en buena lógica del incremento en los impuestos Indirectos previsto por el Partido Conservador, que podría hacer subir el coste de la vida en un 5% a corto plazo, además de repercutir frontalmente en las economías de los más débiles. El cerebro gris de la señora Thatcher, Sir Keith Joseph, cree que la solución vendrá del lado de un aumento de las inversiones generado por la nueva política. Pero es difícil prever que en una economía en que los niveles de beneficios están todavía muy por debajo de los alcanzados a mediados de los años sesenta se vaya a producir un boom que no sea de carácter puramente especulativo, como el que tuvo lugar en 1972 y 1973.

El poder sindical

Las huelgas y el poder de los sindicatos es el otro campo de batalla Callaghan-Thatcher. En agosto del año pasado sólo el 25% de los británicos lo consideraban un tenla mayor. En febrero de este año a 73 de cada cien les parecía el más importante.La semana pasada ocupaba el segundo lugar, con el 59% y después del binomio precios-inflación, entre las preocupaciones de los entrevistados.

El primer ministro Callaghan ha sido víctima políticamente de su rigidez en la aplicación de unos topes salariales rotundamente rechazados por los trabajadores. Para ser un partido socialdemócrata, el laborismo llega a las urnas con un récord poco envidiable. Cuando Harold Wilson puso en marcha en 1975 la primera fase del llamado «contrato social», un mecanismo destinado a que los sindicatos restringieran voluntariamente sus demandas económicas a cambio de mayor participación en la determinación de las prioridades sociales y en la asignación a ellas de los recursos públicos, había en Gran Bretaña 800.000 parados. Menos de cuatro años después la cifra casi se ha duplicado. A pesar de ello, el Gobierno laborista ha negociado y teóricamente obtenido la cooperación sindical en su futura lucha antinflacionaria.

¿Qué ofrecen los conservadores? A los sindicalistas, Margaret Thatcher les ha prometido menos interferencias en la negociación salarial y un revival económico que permitirá incentivos y aumentará el nivel de vida. A los británicos en su conjunto, aplicar además el bisturí sobre la actual organización sindical y reducir sustancialmente sus poderes, mediante nueva legislación sobre convocatoria de huelgas, piquetes, votaciones secretas y pertenencia a las Trade Unions. Está por verse en qué medida una vez primer ministra, Margaret Thatcher optaría por la confrontación en lugar de por el compromiso.