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Cuatro anarquistas se declaran autores de un hecho por el que se acusa a los GRAPO

Tres años y tres meses de prisión solicitó el fiscal para cada uno de los acusados Aurora Cayetano Navarro, Andrés Mencía Bartolomé y Jesús Muiños Formoso, que se declararon miembros de los GRAPO y están acusados de ametrallar un cuartel de la Policía Armada en Cornellá de Llobregat. La vista se celebró ayer sin incidentes en la Audiencia Nacional. Los abogados defensores piden la libre absolución por falta de pruebas y el juicio quedó visto para sentencia.Aurora Cayetano -informa Europa Press- se negó a contestar a las preguntas del fiscal por considerarlo miembro de la clase contra la que ella lucha. A preguntas de su defensor, manifestó que pertenece a los GRAPO desde hace dos años y que conoció la noticia del ametrallamiento del cuartel por la prensa. Dijo también que habla nacido en Tarifa y que es hija de un guardia civil, que firmó su declaración bajo coacciones y que no se le ocupó una metralleta cuando fue detenida.

Juan José Muiño Formoso negó su participación en los hechos y afirmó que la policía pretendió que firmase una declaración en la que se acusaba a varios abogados -entre ellos, Juan Manuel González Berzosa- de ser los responsables de varias acciones llevadas a cabo por los GRAPO. Reconoció que lleva normalmente armas «porque es corriente que un ejército del pueblo las lleve».

Andrés Mencía Bartolomé negó su participación en los hechos y se declaró miembro de los GRAPO.

En el turno de testigos, un sargento de la Policía Nacional, citado por el ministerio fiscal, afirmó que el día del suceso escuchó dos ráfagas de metralleta, pero que no pudo ver a los autores de los disparos.

A petición de la defensa testificaron cinco inspectores de policía, que manifestaron cómo José Luis Gómez, Francisco Rodríguez Merono, Ana María Alvarez y Antonio Navarra, que formaban parte de un grupo de militantes de la CNT, detenidos, se habían declarado autores del mismo ametrallamiento.

La vista se suspendió durante diez minutos, tras la incomparencia del testigo Manuel Bahamonde Francisco, que, en el sumario, había declarado contra los acusados. El fiscal posteriormente modificó la calificación de delito de terrorismo por la de estragos y tenencia ilícita de armas y mantuvo la misma solicitud de pena. Señaló que la metralleta empleada en el asalto fue encontrada en poder de la organización a la que pertenecen los procesados y que los consideraba autores del mismo, ya que así lo habían confesado en las declaraciones en comisaría.

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La defensa pidió la libre absolución de los procesados, por falta de pruebas firmes y de testigos, y destacó que también habían sido detenidos cuatro miembros de CNT que «explicaron con todo lujo de detalles la realización del atentado». Otro de los defensores afirmó que, si no se hubiese detenido a los procesados, se estaría juzgando a cuatro anarquistas por idéntico delito.

El acusado Andrés Mencía pidió un minuto de silencio por la muerte de Delgado de Codes, que no se mantuvo, ya que el presidente del tribunal levantó la sesión y declaró el juicio visto para sentencia.

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