Elecciones en el Colegio de Abogados

LAS ELECCIONES para la Junta del Colegio de Abogados de Madrid, que se celebrarán mañana, reabren impensablemente, pero ahora con las posiciones cambiadas, el clima de politización con que solían plantearse y resolverse durante el anterior régimen. Durante aquel periodo, el pluralismo político, expulsados de las instituciones del Estado, buscaba los menores resquicios para penetrar de alguna forma en la sociedad civil. Los colegios profesionales fueron así un verdadero campo de batalla para las diversas opciones políticas e ideológicas, que no tenían otra forma de manifestarse legalmente y que utilizaban ese terreno para medir sus fuerzas entre sí y para constituir, en ocasiones, un frente común contra el mundo oficial. El régimen se defendía de esas ofensivas mediante órdenes políticas.Todavía esta vivo en la memoria de todos el recuerdo de las movilizaciones de los empleados a sueldo del sindicalismo vertical, que sólo hacían acto de presencia en el Colegio de Abogados para votar en contra de candidaturas en las que se agrupaban demócratas del más diverso signo.A partir de las elecciones generales de junio de 1971, y todavía con mayor razón, después del refrendo popular de la Constitución, la actividad política se ha desplazada al campo abierto de la competición entre los partidos. Por esa razón, el compromiso alcanzado en el Colegio de Abogados de Madrid para formar una candidatura, encabezada por el señor PedroI, en el que están representadas las principales corrientes deológicas y políticas de signo democrático, es un elogiable esfuerzo para reducir al mínimo las pugnas interpartidistas, garantizar que la voz de todos pueda ser escuchada en la Junta, y consagrar la mayor parte del trabajo a objetivos propiamente profesionales.

La limitación del acuerdo a Ios grupos que se hallan inequivocamente dentro del arco constitucional es absolutamente inevitable, puesto que la actitud de aceptación o de rechazo, a la Constitución condiciona decisivamente a la manera de entender una profesión íntimamente ligada a los principios sobre los que descansa la legalidad. Después de aprobada la nueva Norma Fundamental, quienes la acatan de forma clara y sin dobIes intenciones difícilmente podrían ponerse de acuerdo para su defensa y desarrollo, con quienes añoran la legislación del pasado. Un Estado de derecho que descansa en la soberanía popular, en las instituciones representativas y en las libertades es algo sustancialmente distinto del viejo aparato de poder que utilizaba la técnica jurídica, vaciada de sentido de la justicia y de respeto por los derechos individuales, para sus incontrolados propósitos. Y, paralelamente, los hombres de leyes que respetan y aceptan la Constitución se apoyan en principios éticos y jurídicos diametralmente diferentes de los que sustentaban las Leyes Fundamentales del pasado.

Ahora bien, los adversarios del régimen democrático han aprendido muy rápidamente las reglas de juego del nuevo sistema han asimilado la experiencia, de sus derrotas en otros terrenos electorales, y están dispuestos a recurrir a planteamientos quizá menos nítidos pero tal vez más eficaces. Así, para las elecciones de mañana han sacado de los arcones la bandera del profesionalismo como procedimiento idóneo para tratar de conseguir votos que nunca lograrían si acudieran a las urnas con su ideología y su programa al descubierto. Estos representantes de la derecha autoritaria, que se amparan para mayor confusión, bajo el ilustre apellido liberal que encabeza su candidatura, acusan, al tiempo, a sus oponentes, de hacer política, cuando de lo que se trata en realidad es de una lucha electoral entre dos formas distintas y opuestas de enjuiciar y valorar la Constitución. La candidatura de Pedrol congrega, a letrados de ideas democráticas que se proponen minimizar las pugnas partidistas para dar apoyo y respaldo, como colegio profesional, al desarrollo de la Constitución. La candidatura, que se le enfrenta, aunque invoque la pureza del profesionalismo, a juzgar, por el historial político, y personal de la mayoría de sus componentes, no representa otra cosa que los objetivos políticos y partidistas de signo más conservador. Los abogados madrileños no deben ser insensibles a este reto. Acudir a votar es la mejor garantía de que la respuesta de las urnas, gane quien gane, será verdaderamente democrática.