El paro, de limitada repercusión, no trascendió al usuario de RTVE
La primera huelga legal que registra Radiotelevisión Española, iniciada ayer y prevista para tres días, obtuvo en su primera jornada una limitada repercusión entre los trabajadores y en absoluto trascendieron sus consecuencias al usuario del servicio que ambos medios prestan al país, calificado de interés nacional por el Gobierno y, por tanto, de inexcusable cobertura.
La presencia en sus puestos de trabajo de empleados poco habituales en la casa, junto con la obligada asistencia, de los trabajadores requeridos por la Dirección General mediante telegrama, en aplicación del decreto publicado ayer en el BOE, por el que se garantiza el servicio público que presta RTVE, cubrieron toda posible eventualidad de que el paro hubiera trascendido a los usuarios del medio.A primera hora de la mañana, más de mil trabajadores (el censo total del organismo RTVE es de unos, 8.500 trabajadores) se reunieron en asamblea permanente en la sede provincial de la AISS, donde en sucesivas votaciones a lo largo del día se decidió persistir en la huelga, así como continuar con las negociaciones a partir de la última propuesta obrera antes de la ruptura de éstas y pedir a los trabajadores obligados a trabajar por el aludido decreto que se limiten a ejercer las funciones que les marca la antigua ordenanza de 1971, ya que no aplica la ordenanza aprobada el pasado año.
Que se aplique la ordenanza laboral
La principal causa de la huelga, cuyo alcance y justificación trata de ser minimizada por la Dirección General del medio, estriba en la exigencia de los trabajadores para que, de manera inmediata, se aplique la ordenanza laboral que entró en vigor en enero último y que los trabajadores entienden incumplida total o parcialmente en, al menos, veintiséis artículos y varias disposiciones transitorias o finales.
La aplicación de dicha ordenanza supone la inmediata reclasificación de gran parte del personal con que cuenta RTVE, tarea emprendida por el aparato burocrático de la casa en abril pasado y culminada, en su primera etapa, en el presente mes. Los trabajadores, sin embargo, consideran que ha habido tiempo suficiente para ultimar la reclasificación, y tras repetidas negociaciones con la Dirección General para conseguir una aceleración de los trámites se llegó a la situación límite que comporta la convocatoria de huelga ante la oposición de la citada dirección a acceder a los plazos exigidos por los trabajadores para la citada reclasificación.
Diferencias en los plazos
Concretamente, la ruptura de negociaciones, ocurrida en la noche del pasado domingo, gira en torno a una diferencia de quince días, referidos al plazo total que ambas partes se establecían para concluir la reclasificación y consiguiente homologación de las nuevas categorías. La Dirección General considera imposible concluir el proceso en marcha antes del 15 de febrero -fecha que como tope habría aceptado-, mientras los trabajadores no acceden a que concluya el mes de enero próximo sin que el tema esté resuelto.
Esta diferencia de quince días es señalada por la Dirección General como auténtica causa del conflicto y, en consecuencia, la califica de desproporcionada en relación con el efecto que supone el paro.
Por otra parte, la Dirección General justifica el plazo que se impone para concluir la reclasificación en la necesidad de asegurarse que cuenta con la correspondiente partida presupuestaria para hacer frente a los casi mil millones de pesetas que supondrá el incremento salarial que comporta la reclasificación.
La opinión de los trabajadores
Los trabajadores, por su parte, difieren sustancialmente de tales al argumentaciones, y aunque de manera implícita aluden a un posible interés de la Dirección General de RTVE para retrasar la definitiva reclasificación hasta después de la aprobación por las Cortes del estatuto jurídico del medio, el cual podría fragmentar en tres entidades el actual ente autónomo que representa al organismo de RTVE.
Esta circunstancia sitúa en su auténtica dimensión el dilema en torno a unas fechas, aspecto en el que la Dirección General trata de centrar el conflicto, reduciéndolo a una situación injustificada, «ya que está clara nuestra intención de proceder a dar satisfacción a las justas peticiones de los trabajadores, aunque con el debido tiempo para asegurarnos que lo que esta Dirección General firme puede ser cumplido, pues es notorio que el reconocimiento de los derechos retroactivos en materia económica deben estar respaldados por la consiguiente partida presupuestaria para hacerlo frente».
En este sentido, los trabajadores rebaten al director general y aseguran que el propio delegado de Trabajo, que actuó de mediador en las fallidas negociaciones del sábado y del domingo, dejó claro que no era problema el aspecto económico, ya que RTVE podría pedir un crédito extraordinario para hacer frente a sus obligaciones laborales incumplidas. En este sentido, el delegado de Trabajo aportó a los responsables de RTVE documentación similar a la del presente conflicto y que hace referencia a trabajadores de Agricultura y Obras Públicas.
