Renuncias de los partidos para alcanzar una Constitución de consenso

El largo proceso parlamentario para obtener una Constitución de consenso ha producido un texto común, que sintetiza el equilibrio entre las distintas posiciones políticas y materializa las transacciones que han sido precisas durante los casi catorce meses que ha durado la elaboración del proyecto que mañana se somete a la aprobación de los españoles. Ofrecemos en esta página un cuadro-resumen sobre las posiciones de partida de los principales partidos parlamentarios en relación con una serie de temas especialmente conflictivos o polémicos. La comparación de tales puntos de partida con el contenido final del texto constitucional expresa las renuncias que ha tenido que hacer cada partido en pro del consenso. Asimismo, se complementa esta información con una explicación del proceso seguido para obtener el definitivo pacto constitucional.

Para elaborar una Constitución de consenso, los partidos políticos parlamentarios se han visto obligados a renunciar a muchos de sus planteamientos ideológicos, reflejados, en parte, en las enmiendas presentadas al anteproyecto constitucional el pasado mes de enero. El consenso hizo posible reducir al máximo las enmiendas y votos particulares y limar las asperezas en los temas más candentes que dividen a la derecha y a la izquierda como son, entre otros, la forma política del Estado, la cuestión religiosa, la enseñanza, la organización de la economía y la estructuración de las autonomías.Desde la postura simbólica adoptada por el Partido Socialista Obrero Español de negarse a aplaudir a la figura del Rey, en la inauguración de la primera legislatura de las Cortes democráticas, el Grupo Socialista mantuvo su actitud de partido republicano «por fidelidad a sus ideas», lo que le llevó a la presentación de un voto particular contra la Monarquía, pero que en ningún momento defendió a ultranza. El Pleno del Congreso aprobó, en su día, la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado con la abstención de los socialistas.

El tema de las competencias atribuibles al Rey fue objeto de diferentes posiciones políticas: desde los que querían reducirle a constituir la más alta representación del Estado, pero sin facultades de intervención en la políticia, como el PSOE y el PCE, hasta los que propugnaban el mantenimiento de ciertas competencias que entran directamente de lleno en la gobernación del Reino, tales como su intervención en la designación de candidato a presidente del Gobierno o la posibilidad de que presida los Consejos de Ministros, como UCD, AP, Minoría Catalana y PNV. En este caso triunfaron las tesis de los partidos de la derecha parlamentaria.

La enseñanza y el término "terrorista"

El tema de la enseñanza fue objeto de continuas rupturas y restablecimientos del consenso.. En un tira y afloja, en ocasiones tenso, la derecha ha conseguido incluir el reconocimiento a las personas físicas y jurídicas de la libertad de creación de centros docentes, así como la ayuda económica por parte de los poderes públicos a estos centros, a cambio de la intervención, por parte de profesores, padres y alumnos, en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, postura mantenida por los partidos de la izquierda parlamentaria.El artículo 55, de la suspensión de los derechos y libertades, en el que se constitucionaliza el término «terrorista», fue aprobado, en la Comisión Constitucional del Congreso, gracias a la política de consenso en un bloque de veinticinco artículos en los que se incluían, entre otros, temas tan polémicos como la enseñanza y su financiación, la disolución del matrimonio, el derecho de sindicación, la objeción de conciencia y el derecho a la huelga. El acuerdo que afectó a estos veinticinco artículos se encuadraba en una política que, más que de consenso, se podría calificar de Estado. Los partidos de izquierda, en este caso, se dejaron meter el gol del término «terrorista» a cambio de la aprobación por consenso del bloque del articulado, incluido el tantas veces discutido tema de la educación.

Las autonomías, tema más conflictivo

La regulación constitucional de las comunidades autónomas ha supuesto una renuncia general de los partidos en sus planteamientos iniciales. Ha habido una total cesión, principalmente en los dos partidos mayoritarios, en la configuración del Senado como cámara de las comunidades autónomas, menos el PCE y las minorías Vasca y Catalana, que insistieron hasta el final sin lograr ningún resultado.UCD pretendía reconocer el derecho a las autonomías, pero no regularlo y remitirlo a una ley orgánica que fuera, en un futuro, el marco de las comunidades autónomas. Los socialistas, como partido, propugnaban el Estado federal, a lo que renunciaron desde el primer momento y, asimismo, pretendían en el conflictivo tema de las competencias clasificarlas en tres bloques: las del Estado que no se pudieran ceder, las de las comunidades autónomas, y unas terceras, también del Estado, que se pudieran ceder según a quién y en qué momento.

Alianza Popular ha cedido, principalmente, en su concepción global de las autonomías, ya que propugnaba un Estado regional con una autonomía más de tipo administrativo que política. La mayor pretensión de la Minoría Catalana, no admitida expresar mente en la Constitución, se centró en la petición de posibles federaciones entre comunidades autónomas, para posibilitar la concreción política del concepto «Paisos Catalans». Lo único que se aceptó fue una propuesta de Josep Benet, en la Comisión del Senado, por la que se podrán ver los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán establecer entre sí convenios de tipo cultural.

El Partido Nacionalista Vasco tenía como primordial interés la inclusión de una disposición adicional por la que se reconocieran los derechos forales y las instituciones propiamente vascas (diputaciones y juntas generales). Tanto la UCD como el PSOE aceptaban el reconocimiento del régimen foral y siempre y cuando fuera en el marco de la Constitución y a través del marco del Estatuto de Autonomía. ELPNV pretendía que fuera, al margen del Estatuto, en una negociación directa entre Gobierno e instituciones vascas. En julio, una semana antes de que finalizara la discusión constitucional en el Pleno del Congreso, comenzaron las negociaciones Gobierno-PNV en torno a la disposición adicional, conversaciones que quedaron rotas formalmente el día anterior a su aprobación, cuando el Grupo Vasco había expresado ya su conformidad a la propuesta presentada por UCD días antes y él Gobierno retiró esta propuesta y ofreció otra que fue considerada inaceptable por el PNV. La disposición adicional fue aprobada en la Comisión Constitucional del Senado y, tras un nuevo período de intensas negociaciones, la disposición defendida por los vascos fue rechazada en la sesión plenaria del Senado.